Hoy, hace un año

Hoy, hace un año, muy pocos habrían advertido del riesgo de una pandemia mundial y atisbado sus nefastas consecuencias sociales y económicas. Entre ellos, Estados Unidos, que ya en 2005 analizaban, a petición del Senado, el impacto que tendría en su economía una pandemia de gripe aviar. Aun así, el riesgo parecía tan remoto y su impacto tan difícil de calibrar que, si algo ha demostrado la COVID-19 es que, aunque estábamos avisados, no estábamos preparados. En su discurso sobre el estado de la Unión el pasado 16 de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso lo que, tras este semestre de dura lucha contra el virus, parece casi obvio: nuevas competencias para la UE en materia de salud, asegurar la disponibilidad de vacunas, incrementar las reservas nacionales de material médico y farmacológico, la creación de la Agencia para Investigación y Desarrollo en Biomedicina (BARDA) y el fortalecimiento del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, entre otras iniciativas. Medidas, en fin, que buscan remediar los magros recursos dedicados previamente y que, si los intentos por desarrollar una vacuna fiable fructifican pronto, probablemente queden postergadas por nuevas emergencias. La complejidad del problema y la difícil preparación para contingencias de esta magnitud evoca, por similitud, otro asunto alarmante: los impactos del cambio climático.

Hoy, hace un año, pocos recordarán que España se enfrentaba a una situación de sequía meteorológica en la mayor parte del país tras tres años consecutivos con los registros de pluviosidad más bajos del último siglo. El contraste con la borrasca Álex de principios de octubre no puede ser mayor. Y, sin embargo, estábamos avisados: según el último informe PESETA IV –que analiza las principales categorías de impactos climáticos, desde mortalidad por olas de frío o calor a tormentas, incendios, colapso de ecosistemas o inundaciones–, los países del sur de la UE nos enfrentamos a una progresiva desertificación y a un descenso del 40% en los recursos hídricos de aquí al 2100. Parece poco. Parece lejos. Pero es una media que recoge ya los estragos en regiones que sufren situaciones de escasez.

«Los países del sur de la UE nos enfrentamos a un descenso del 40% en los recursos hídricos»

En el reciente informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI), El clima y la sostenibilidad en las políticas de recuperación frente a la pandemia, se constata la crudeza con la que la COVID-19 ha puesto de manifiesto el coste de no estar preparados ante eventos catastróficos. Un coste que se ha reflejado en un vertiginoso incremento de la deuda pública desde un 96% del PIB hace un año a 123,8% estimado para el 2020 por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Como señala el informe, el coste de la inacción es mucho más elevado que el de actuar: en palabras de la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, cada dólar invertido en medidas de prevención y resiliencia al cambio climático, supone entre 4 y 7 dólares de gasto futuro evitado.

El fundamento económico para tomar medidas es claro. La dificultad, sin embargo, está en incorporar estos riesgos en la planificación a medio y largo plazo y dotar de los recursos para acometer las medidas necesarias. La regulación es posiblemente el mecanismo más efectivo para impulsar, en cualquier planificación de obra, un estudio de vulnerabilidad frente a los distintos impactos futuros esperados en esa localidad y las correspondientes medidas de mitigación o de aprovechamiento. Este es un paso necesario tanto para obra nueva como para renovaciones de infraestructura existente. Un estudio reciente en Reino Unido señala, por ejemplo, que un 10% de las viviendas construidas desde 2015 están en zona de alto riesgo de inundación. Un análisis de vulnerabilidad permitirá adaptar los códigos de construcción a las condiciones climáticas futuras y a los fenómenos meteorológicos extremos, la construcción de defensas contra inundaciones, utilizar de manera más eficiente los recursos hídricos, desarrollar cultivos resistentes a la sequía o ejecutar prácticas forestales menos vulnerables a tormentas e incendios.

«Cada dólar invertido en resiliencia al cambio climático, supone entre 4 y 7 dólares de gasto futuro evitado»

El problema de la financiación es más complejo. En primer lugar, por la mencionada dificultad de calibrar el riesgo a corto plazo y la feroz competencia en los usos de los escasos recursos públicos. Salvo que los beneficios de las mejoras de adaptación al cambio climático se puedan convertir en ingresos reales, es muy difícil crear modelos de negocio rentables que atraigan financiación privada basados exclusivamente en medidas de resiliencia. Normalmente, se necesita incorporar fuentes de ingresos colaterales a esas mejoras. Por ejemplo, proyectos que invierten en el área de conservación, restauración y adaptación basada en la naturaleza, como el ecoturismo, la agricultura sostenible y la silvicultura o infraestructuras verdes en ciudades. Esto permite generar recursos a la vez que proteger estos espacios frente a posibles impactos futuros. Parte de la posible solución sería la creación de un fondo nacional para la resiliencia climática que, más que cubrir gastos de reparación de infraestructuras físicas o naturales, acometiera obras de prevención identificadas en la fase de planificación. Seguro que será este un buen uso de las ayudas europeas de las que tanto se habla estos días.

Frente al cambio climático se conocen los riesgos y se sufren ya los impactos. Es injustificable la inacción. Este es uno de los principales mensajes de la semana de reuniones del FMI y el Banco Mundial: que la recuperación se centre en reforzar la resiliencia de las comunidades para evitar desigualdades, la transición ecológica, la digitalización y la justicia social.

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Esther Badiola es especialista en cambio climático del Banco Europeo de Inversiones y Ricardo Pedraz es consultor senior de Analistas Financieros Internacionales.