Claves para entender el Mecanismo para la Transición Justa

Descarbonizar la economía. Tres palabras para resumir el ambicioso objetivo que se ha marcado a fuego la Unión Europea de cara a los próximos y decisivos años. Una carrera contra el tiempo con el año 2050 como punto de no retorno, el límite último más allá del cual las consecuencias de la crisis medioambiental serán irreversibles para el planeta. Europa ha dado un paso al frente para liderar esta cruzada medioambiental, una vez que los otros grandes jugadores cualificados para hacerlo –como Estados Unidos, China o Rusia–, no parecen demasiado interesados en asumir ese reto. Sin embargo, a diferencia de estas grandes potencias de identidades muy definidas y uniformes, el Viejo Continente propone un liderazgo de red coral y diverso. Aunque a veces, como hemos visto con el brexit o el más reciente encontronazo entre países «ahorradores» y «despilfarradores» a cuenta de los fondos de rescate para la crisis de la pandemia, haya sido quizá demasiado coral y diverso.

En el conglomerado de identidades territoriales, idiomáticas, históricas o económicas al que llamamos Europa, ni todas las voces tiene el mismo peso relativo, ni acostumbran a sonar al unísono. En ese contexto, el fantasma de la desigualdad deambula también en lo concerniente a su postura climática. En plena década de la acción, todos parecen de acuerdo en que una causa justa y necesaria para el bien común como la lucha climática no puede ser un punto de discordia que arrastre a las economías más vulnerables porque no son capaces de seguir el ritmo impuesto por los cabezas de cartel. Para evitarlo, la Comisión Europea ha puesto en marcha el Mecanismo para la Transición Justa, una herramienta creada para garantizar que el camino hacia economías climáticamente neutras se realiza de una forma justa. El instrumento contempla movilizar al menos 100.000 millones de euros durante el periodo comprendido entre 2021 y 2027 en las regiones más afectadas por el cambio climático para aliviar el impacto socio-económico de esta transición. Su objetivo: garantizar que nadie se queda atrás.

Tres pilares sostienen este plan. El primero de ellos es la creación de un Fondo de Transición Justa dotado de 40.000 millones de euros. Este importe estará destinado a apoyar a los países de la UE en su travesía hacia las cero emisiones durante el período comprendido entre 2021 y 2024. De esta cantidad, 10.000 millones saldrán del presupuesto de la UE, y el resto del Instrumento Europeo de Recuperación. Para acceder a estos fondos, los países deberán complementar cada euro del aporte comunitario con desembolsos propios a nivel nacional, un esfuerzo conjunto que podría generar una capacidad de financiación global de hasta 107.000 millones de euros. El destino de estos fondos es contribuir a la reconversión y diversificación de las economías en las zonas afectadas, a través de medidas como el apoyo a la innovación o el emprendimiento, el reciclaje de los trabajadores o la transformación de instalaciones actuales con altas emisiones de carbono.

Todos los estados miembros de la UE, sus regiones, sus empresas y sus ciudadanos pueden beneficiarse de estas ayudas

Un segundo elemento consiste en la creación de un régimen específico en el marco del programa InvestEU, el paraguas que reúne los diferentes instrumentos financieros de los que dispone la UE para apoyar la inversión en sus países miembros. Este régimen especial habilita una línea de inversión de 1.800 millones de euros centrada en los objetivos de transición justa. Energía y transporte, descarbonización o infraestructuras sociales son algunos de los proyectos soportados por este programa.

Finalmente, el tercer vector del Mecanismo para la Transición Justa es un programa de préstamos para el sector público a cargo del Banco de Inversión Europeo. El programa, que contará con una contribución de 1.500 millones de euros procedentes del presupuesto europeo, habilitará préstamos por un montante global de 10.000 millones de euros. Una cantidad que servirá para movilizar entre 25.000 y 30.000 millones de euros de inversión publica destinada a implementar los objetivos de transición justa.

Todos los estados miembros de la UE, sus regiones, sus empresas y sus ciudadanos pueden beneficiarse de estas ayudas, con especial foco en aquellos países más carbono dependientes o con mayor número de nacionales trabajando en las industrias relacionadas con los combustibles fósiles. El Acuerdo Verde Europeo, la hoja de ruta hacia una Europa libre de emisiones en 2050 que presentó en sociedad la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la cumbre climática COP25 del pasado mes de diciembre en Madrid, es un proyecto tan ambicioso como ilusionante. Pero no puede ser un plan ejecutado a dos velocidades en el que los países dotados de buenas intenciones y recursos acaben haciendo descarrilar a los que solo poseen los primeros. El engranaje para conseguir que la maquinaria climática funcione para todos está ya en marcha.