Cambio Climático

Transición justa: y ahora, ¿qué?

La necesidad de avanzar hacia una economía baja en carbono conlleva una transformación drástica de la industria. Una carrera a contrarreloj que exige la misma dosis de compromiso que de racionalidad: ¿cómo descarbonizar la economía en tiempo y forma evitando los impactos negativos en los trabajadores y sus comunidades?

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Carla Lucena
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25
May
2020
transición justa

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Carla Lucena

Al valle de Laciana, en León, aún le escuecen las heridas. Sus laderas están sembradas de explotaciones carboníferas que, durante décadas, arrancaron de las entrañas de la tierra aquel mineral sagrado que hizo posible la revolución industrial y que hoy lleva colgado el cartel de proscrito. La decadencia de un pasado demasiado reciente. Unos antiguos vagones de carga invadidos por la naturaleza son el último cadáver que dejamos atrás antes de llegar a nuestro destino. En el sin número de la Carretera de Lumajo nos espera Abel, un vecino de la comarca que decidió comprar hace poco menos de un año, junto a su socio, una mina abandonada para convertirla en una fábrica de cerveza artesana a la que bautizarían DoceSetenta. Con su iniciativa pretenden, además de hacer un homenaje a todos los mineros –no hay más que reparar en las etiquetas estampadas en sus botellines–, impulsar el espíritu emprendedor en Laciana y demostrar que hay alternativas. «Debe educarse industrialmente a la comarca, sin obviar que la minería era nuestro sustento; nueve de cada diez familias vivían de ella», cuenta Abel mientras señala una veta, negra y brillantísima, incrustada en la pared: «¿Veis? ¡Tenemos carbón por todas las esquinas!».

Nuestro anfitrión nos informa de que un grupo de vecinos se reunirán ese mismo fin de semana en el pueblo colindante de Villablino, en una jornada que toma por nombre «Y ahora, ¿qué?», para poner en común posibles soluciones que contribuyan a reactivar la región. «Hay que tener paciencia con las zonas mineras», reclama Abel.

Y ahora, ¿qué? Es la gran pregunta que se hacen los más de 3.700 trabajadores de la minería que perdieron su empleo en la última década solo en la provincia de León. Pablo Ménguez es uno de ellos: «El cierre de minas ha sido un lastre. No contábamos con este golpe tan grande ni con que la actividad se acabara tan pronto», lamenta este prejubilado, que trabajó veintidós años en el oficio. «Yo soy uno de los afortunados. Los que no tuvieron la misma suerte se acogieron a una baja incentivada o están agotando los dos años de paro que tenían, esperando a unas supuestas recolocaciones para rehabilitar los cielos abiertos y acondicionar las minas. No pueden cerrarse de un día para otro y abandonarse sin más. Es peligroso, ya se ha producido algún accidente por eso…».

La lenta agonía del carbón

Con todo, la del carbón ha sido una muerte anunciada desde hacía décadas. La entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1985 quebró definitivamente el ascenso de un sector que ya durante el franquismo había percibido cuantiosas ayudas de dinero público. Integrarse en aquel organismo, precursor de la actual Unión Europea, implicaba adoptar progresivamente las directrices comunitarias en materia energética y ambiental. La última bofetada al sector fue en 2010, cuando se fijó el 31 de diciembre de 2018 como fecha límite para clausurar las minas no competitivas.

La minería española llegó exhausta a aquel Día D. Desde 1990, un total de 130 yacimientos habían cerrado sus puertas; de los 50.000 trabajadores que llegó a emplear el sector, quedaban poco más de 2.000 –un millar a día de hoy–; y se había pasado de extraer 30 millones de toneladas anuales de carbón a cosechar menos de tres millones por ejercicio, según datos ofrecidos por el Instituto Geológico y Minero de España. Las pocas explotaciones que quedaban debían cerrar o devolver las subvenciones que habían recibido para el fin de su actividad.

Manuel Arias Maldonado: «Al final, se persigue compensar a aquellos sectores que pueden generar más ruido social y bloquear la agenda descarbonizadora»

El incremento del carbón importado –que hoy representa el 90%– frente al nacional favoreció sin duda el cataclismo. Pero también la pésima gestión de esas subvenciones: según un reciente informe del Tribunal de Cuentas, entre 2006 y 2017, un total de 1.786 millones de euros se movieron de forma «ineficiente» o «irregular». Un pozo sin fondo que explica en buena parte la parálisis que habita algunas comarcas como la de Laciana. «Vemos un futuro cada vez más más oscuro para nuestra región», lamenta Pablo Ménguez.

Mario Rivas, presidente de Acom (Asociación de Comarcas Mineras) y alcalde de Villablino, critica la falta de planificación estratégica y cuenta que la asociación ya colabora con el Ministerio para la Transición Ecológica para redirigir la gestión de los fondos hacia una verdadera reactivación de la economía. «El desarrollo de nuevas tecnologías, la ganadería y el turismo –en una zona catalogada como reserva de la biosfera– son las tres líneas principales que debemos impulsar en nuestro territorio para obtener una economía sostenible, circular y que nos permita tener un aliento a corto plazo», apunta.

España, un paso adelante

La creación de oportunidades de empleo y el acceso a la formación profesional adecuada «son la piedra de toque que permite a los ciudadanos de zonas en transición ecológica elegir con verdadera libertad si quieren quedarse a vivir allí», afirma Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ese es «el fin último» de la Estrategia de Transición Justa, un instrumento que «permite identificar esos territorios sometidos a cierres de minas, de centrales térmicas –de combustibles fósiles o nucleares– o de ambas cosas a la vez y diseñar las medidas que se estimen más adecuadas para crear nuevas oportunidades de actividad que sienten las bases de un nuevo futuro para esa zona».

España fue el primer país de Europa en diseñar un plan de esta naturaleza, pensado para atender y paliar las vulnerabilidades derivadas de la transición energética, en línea con el nuevo Fondo para la Transición Justa europeo (JTF). «De las 276 regiones de la Unión Europea, 108 albergan infraestructura de carbón y alrededor de 237.000 personas están empleadas en actividades relacionadas con esta fuente», explica Elisa Ferreira, comisaria de la UE de Cohesión y Reformas y portavoz del JTF. «Muchos trabajos adicionales dependen indirectamente de la cadena de valor de los combustibles fósiles y del proceso industrial intensivo en carbono. No podemos dejar atrás a estas personas y regiones».

Cabe decir que España se ha quedado sin apenas acceso a ese Fondo: nuestro país solo podrá optar al 4% de los 7.500 millones de euros de los que está dotado. Paradójicamente, uno de los motivos que nos penaliza es ser uno de los miembros de la UE más avanzados en la introducción de renovables, cuya evolución en el mercado energético nacional se ha duplicado desde el 8,3% que suponían en 2004. Los países más beneficiados son, por el contrario, los más retrasados en esta carrera, con Polonia y Alemania al frente. Podríamos pensar que se ha dado el premio a los alumnos menos aplicados si no supiéramos que, frente a la amenaza del calentamiento global, no hay ganadores.

Green Deal, la gran apuesta europea

A través de su Green Deal (también conocido como Pacto Verde Europeo), el Viejo Continente parece dispuesto a liderar la agenda descarbonizadora con su compromiso de alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. «El Green Deal viene a repensar todas las bases económicas europeas», vaticina Cristina Monge, politóloga y asesora ejecutiva de Ecodes. «Nuestro modelo económico no puede centrarse en un crecimiento ilimitado gracias a escalar recursos, tiene que empezar a pensarse desde un parámetro que implique una convivencia con la biosfera. El día que la biosfera esté dañada, no hay economía posible».

Cristina Monge: «El Green Deal está repensando todas las bases económicas europeas. El día que la biosfera esté dañada, no hay economía posible»

Para alcanzar el objetivo marcado no será suficiente la inversión pública, sino que se requiere una masiva inversión privada. Como asegura la propia Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, esta estrategia hará crecer a la UE solo si es completamente creíble para que los inversores privados asuman riesgos. «La inversión pública es una convicción que tiene que tener un efecto palanca, y hay muchos fondos de inversión que pueden verse atraídos», sostiene Joaquín Nieto, director de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) en España. El Green Deal aspira movilizar nada menos que 100.000 millones de euros. «Hay que analizar muy bien las nuevas inversiones en energías fósiles, especialmente aquellas que puedan estar apoyadas con dinero público, para evitar que se queden obsoletas. Esto ya ha sucedido en Europa, como un aviso a navegantes, con el carbón», repasa Mikel González Eguino, investigador del Basque Centre for Climate Change (BC3).

Lo cierto es que las plantas de carbón están acelerando su extinción en España. «Los elevados precios del CO2 han sumido a las centrales térmicas en un entorno competitivo muy complejo, en el que la producción eléctrica a partir de la combustión de materiales fósiles no resulta rentable», afirma Teresa Ribera. «Las centrales han llegado al final de su ciclo productivo de forma económicamente natural. Cualquier intervención en este sentido hubiera supuesto el pago de indemnizaciones o la necesidad de establecer mecanismos de compensación». La mayor parte de las que quedan en activo podrían cerrar en junio de 2020 si el Gobierno agiliza los permisos, lo que también ha desembocado en protestas sindicales. «Lo que ha sucedido con las centrales puede suceder en otros sectores si no se anticipan a tiempo y si no hay una planificación», advierte Mikel González.

¿Un retrato robot?

Nadie duda en reconocer que la minería es la actividad más castigada por el cambio de modelo energético, pero ni mucho menos la única. El sismo alcanza a casi todos los sectores que hoy por hoy sostienen nuestra economía, desde la agricultura a la edificación, pasando por el transporte, el urbanismo, la gestión de residuos o el turismo. «Estamos trabajando en la estrategia a largo plazo, que marcará la senda para alcanzar la neutralidad climática en 2050, interpelando a todos los sectores emisores. Nos encontramos ante un proceso de transformación que ocurre a nivel global y en el que también influyen factores tecnológicos y cambios en el tipo de demanda», argumenta Teresa Ribera.

¿Es posible, entonces, crear un retrato robot de los «perdedores» de la descarbonización? La respuesta es no. Podemos llegar a aproximaciones más o menos válidas, pero el cambio es demasiado profundo y está atravesado por otras transiciones sistémicas, como la propia digitalización o la automatización del trabajo, que impiden cualquier tipo de reduccionismo.

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Manuel Arias Maldonado, investigador y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Málaga, aborda esta cuestión con la requerida amplitud de miras. «Una primera pregunta que habría que hacerse es si a estos colectivos se les atiende porque es justo hacerlo o para evitar que pongan palos en las ruedas de la transición climática. Hay otras personas que se sienten perjudicadas que no protestan y a las que no se atiende. Al señor que tiene que cerrar su tienda de hielo o al quiosquero que se queda sin vender periódicos, ¿se le compensa? No. Hay problemas que se derivan de la digitalización y que no está abordando nadie. Valorar quién merece más atención en función de qué recursos no es sencillo», analiza el politólogo, autor de Antropoceno: la política en la era humana. «La cuestión de la justicia hay que ponerla en minúsculas: es un ideal moral, que sobre el papel lo admite todo, pero que en la práctica estará muy condicionado por quién vaya a protestar y por qué motivos. Al final, se persigue compensar a aquellos sectores que pueden generar más ruido social y bloquear la agenda descarbonizadora».

Siguiendo el principio de destrucción creativa de Schumpeter, ese retrato robot se perfila con base en los empleos que se van a perder, pero también en los que se van a crear para sustituirlos.

El filón de las renovables

El sector de las renovables es uno de esos campos de batalla. «Son ya una fuente de generación de empleo muy importante. En el año 2007, en España había ya 28.000 empleos que vivían del sector fotovoltaico, tanto directos como indirectos, muchos más de los que vivían de la minería y del carbón», especifica José Donoso, director general de Unef (Unión Española Fotovoltaica) y miembro del Comité Gestor del Foro para la Electrificación. Según el experto, esta cifra ha comenzado a multiplicarse desde el año pasado y va a seguir esta tendencia en los próximos años. «Esta previsto que se inviertan solo en nuestro sector en torno a 25 millones de euros en los próximos 10 años, entre otras cosas, en la construcción y desarrollo de plantas, para lo que además se necesitarán materiales que se podrán fabricar en España, con lo que se generará una cantidad importante de empleos», explica.

Joaquín Nieto: «Desde los chalecos amarillos en Francia hasta los indígenas del Amazonas, el elemento que hace que explote la protesta social es la desigualdad»

Comunidades históricamente mineras como Asturias serán las más beneficiadas. «En los últimos años, gran parte de la producción de la industria metalmecánica asturiana iba para plantas fotovoltaicas en el Reino Unido y otros países. Ahora, va a poder aprovechar este boom español para generar empleo. Calculamos que, solo en Asturias, se van a generar más puestos de trabajo relacionados con el suministro para el sector fotovoltaico que mineros existen en toda España, prácticamente el doble, en torno a los 3.000 empleos», estiman desde Unef.

Un esbozo de una realidad que ya está aquí con el que coincide Cristina Rivero, jefa del Área Industria, Energía y Medio Ambiente de CEOE: «En el sistema eléctrico, la hoja de ruta de la descarbonización es clara en la generación de electricidad actuando no solo en los combustibles fósiles, sino preparando el sistema para acoger una penetración muy importante de energías renovables, desde las redes hasta la gestión de la demanda y la apuesta por las tecnologías de almacenamiento. Pero el objetivo de neutralidad climática es para toda la economía, esto es, para todos los sectores y tanto por el lado de la oferta como de la demanda». Parte de los sectores industriales podrán descarbonizarse mediante la electrificación, pero, señala Rivero, «otra parte necesita otro tipo de vectores, y es ahí donde se deben centrar los esfuerzos tanto de la Comisión Europea como de nuestra administración. El objetivo de descarbonización a 2050 implica importantes transformaciones tecnológicas, sociales y económicas que tenemos que ser capaces de enfocar desde la óptica de la prudencia y la oportunidad».

Tensar las cuerdas de la democracia

Lo que nos viene a decir la necesidad de una transición justa es, en definitiva, que los empleos que se crean no lo hacen ni en el mismo momento ni en el mismo lugar que los que se destruyen. «Por eso se precisa de una acción política para evitar los efectos sociales adversos y optimizar los efectos sociales positivos», insiste Joaquín Nieto. «Hay muchos conflictos que acaban desembocando, por ejemplo, en las subidas de precios de los combustibles, pero cuya base de fondo son las desigualdades sociales. Desde los chalecos amarillos en Francia hasta los indígenas del Amazonas, el elemento que hace que explote el descontento social es la desigualdad».

Si esas desigualdades sociales y territoriales que se entrecruzan con la transición energética –y que no siempre tienen que ver con el desmantelamiento de las industrias contaminantes– no se atienden, revueltas como las de los famosos gilets jaunes serán solo una pequeña muestra de lo que nos espera, más aún con las complicaciones extra que traerá consigo la gestión de la crisis provocada por el coronavirus. «Cuando las desigualdades se estiran, la democracia sufre, porque las democracias necesitan siempre un mínimo de cohesión social, y esta pasa siempre por la igualdad. En un contexto de emergencia climática, de revolución tecnológica, de desafección democrática, si se plantean políticas de transición hacia la sostenibilidad que no incorporen criterios de justicia y equidad, todas las brechas que ya tenemos abiertas se van a extremar muchísimo. Lo estamos viendo ya», advierte Cristina Monge.

Una transición, recuerda oportunamente la politóloga, supone irte de un lado para llegar a otro. «De donde te vas, generas perjuicio, pero donde llegas, puedes generar mucha riqueza. Es tan importante no perder de vista el cómo –la transición justa– como el qué: ser punteros en tecnología renovable, en nuevas formas de movilidad, en ciudades sostenibles…». El simple hecho de que se articulen estrategias de transición justa que se desarrollen a todas las escalas regionales diferencia esta revolución de todas las anteriores. «Los cambios sociales, tecnológicos y económicos han sido constantes en la historia de la humanidad, especialmente desde el XIX. Pero la singularidad de la descarbonización es que se quiere que sea un proceso guiado, intencionalmente impulsado por los Gobiernos y los actores económicos e incluso los individuos», reflexiona Arias Maldonado.

«Es vano que nuestras manos quieran detener la rueda de la vida (…). Desde que comenzó la explotación de minas comprendí que nuestras costumbres sencillas iban a fenecer», relataba uno de los protagonistas de La aldea perdida, de Armando Palacio Valdés. Hoy, la rueda de la vida vuelve a reinventarse. De la capacidad para compatibilizar la transformación energética y la justicia social dependerá el éxito o el fracaso de esa transición que llaman «justa».

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