El Algarrobico

Hacia mediados de febrero, y a pie de playa, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que se iba a empezar el proceso para demoler el hotel Azata del Sol. El edificio es más conocido por el nombre del lugar en el que se encuentra, El Algarrobico, a pie de costa en Carboneras (Almería) y en pleno parque natural de la Sierra de Gata. Es, desde hace ya décadas, un habitual protagonista de las noticias y uno de esos espacios que ya han adquirido condición de iconos. Las organizaciones ecologistas lo consideran un «símbolo de la destrucción de la costa».

«Es el símbolo de la depredación inmobiliaria, que tanto ha dañado nuestro litoral», incidía también la ministra. «Vamos a poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural», decía Montero ante los medios convocados. Al día siguiente, en el Consejo de Ministros, se aprobó el arranque del proceso y la inversión de 7 millones de euros para su demolición y la restauración de la zona. Era «un acto de justicia».

«Vamos a poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido este paraje natural», decía Montero ante los medios

Sin embargo, y aunque el anuncio de Montero da un importante titular, ni es fin completo de esta larga historia ni tampoco el principio de la propia demolición. Ahora empezará el proceso para hacerla. Aunque el objetivo final de la administración del Estado es la demolición, este primer paso pasa por la expropiación previa del edificio. Aun así, se enfrentan a un problema importante, y es el de que el Estado solo tiene capacidad para expropiar lo que está construido en los 100 metros inmediatos a la línea de costa. Más allá, debe intervenir la administración autonómica. En este caso concreto, la Junta de Andalucía.

Según cálculos de Greenpeace, el gobierno solo podrá expropiar el 40% de la construcción del hotel. El 60% restante está potencialmente en manos de la Junta. «Nos encontramos ante una oportunidad histórica; ahora es el momento para que la Junta ratifique su decisión de derribar de una vez por todas esta ruina ilegal», insistía después del anuncio del gobierno central Luis Berraquero, coordinador territorial de Greenpeace en Andalucía. El gobierno andaluz ha señalado, como recoge El País, que cree que esta «no es la mejor fórmula, porque eternizaría el proceso en caso de recurso judicial».

La historia del Algarrobico es muy larga y tanto la Junta como el Gobierno estatal llevan anunciando el potencial derribo del hotel desde hace años, aunque nunca se ha llegado a efectuar. Casi más que preguntarse si hay que tirarlo o no, más bien la pregunta parece la de por qué no se ha tirado aún. La respuesta está en el culebrón judicial en el que se han visto implicadas varias administraciones públicas desde hace ya 20 años.

La historia de El Algarrobico es un culebrón judicial que dura veinte años

El proceso arranca en 2003, cuando empiezan las obras de construcción de un complejo hotelero de lujo. Estaba llamado a tener 411 apartamentos en un edificio de 21 plantas y a estar ubicado en una de esas zonas soñadas. Los turistas iban a acceder a un paraje y a una playa excepcionales. Y ahí está el quid de la cuestión porque, además de estar construido demasiado cerca del límite marino, el espacio de ensueño es un parque natural.

Los promotores del hotel, Azata del Sol, contaban con una licencia de obra expedida por el ayuntamiento de Carboneras, y el suelo era considerado urbanizable. Ahí ya estaba uno de los primeros flecos de este culebrón, puesto que, como pronto recordaron las organizaciones ecologistas, las normas del parque natural de la Sierra de Gata impedían que esa zona lo fuese. Al mismo tiempo, y en paralelo, la Ley de Costas bloquea la construcción a pie de línea de costa, como ha hecho el hotel.

En 2005, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar denunciaron las irregularidades detrás de la construcción del hotel. Arrancaron entonces las protestas y una larga cronología de idas y venidas judiciales. Las obras ya fueron paralizadas por los tribunales de forma cautelar en 2006, una paralización ratificada en 2008. Desde entonces, se han ido sucediendo las sentencias, las alegaciones, los dictámenes y los nuevos procesos (por ejemplo, en 2009 se abrió uno paralelo por presunta prevaricación).  Las sentencias han sido en ocasiones contradictorias y han escalado ya hasta la justicia europea.

Después de una decisión del Tribunal Supremo, Greenpeace pidió en 2024 amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. «El Tribunal Supremo, de forma incomprensible, dictaminó que, si el Ayuntamiento de Carboneras no cumplía la sentencia, los terrenos pasaban a ser urbanizables hasta que el propio consistorio decidiera cumplir la sentencia y modificar sus normas urbanísticas», explicaba entonces explica José Ignacio Domínguez, abogado de la ONG. «Se trata de un giro más en esta historia repleta de sentencias incumplidas y retrasos injustificables por parte de las administraciones», añadía.

La idea de la demolición apareció ya de forma temprana. En 2005, ya se hablaba de ella, al incumplir el hotel la normativa de deslinde de costa. Un año después, el entonces presidente de la Junta, Manuel Chávez, habla del derribamiento del edificio y de la restauración de la playa. Las menciones se han ido sucediendo, pero el hotel se ha mantenido ahí. Quizás, hasta ahora.