Salud mental en el trabajo

Un 7% de las bajas profesionales en España tienen que ver con trastornos psicológicos, según el informe de febrero de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). El sindicato UGT, por su lado, expone en su último análisis que las bajas por motivos psiquiátricos aumentaron un 112 % entre 2016 y 2023 y alcanzaron los 603.521 casos (de un total de siete millones). Estas cifras en aumento muestran que la incidencia negativa de la salud mental en el trabajo es un problema en auge en nuestro país.

Además, y según una investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la pandemia agravó los casos de ansiedad y estrés crónico. Y aunque sucesos como la declaración de un suicidio como accidente laboral constituyen un avance judicial hacia la protección legal de la salud mental, lo cierto es que las normativas laborales siguen sin abordar de manera integral los riegos psicosociales de estas enfermedades.

«La pandemia de la COVID-19 supuso un punto de inflexión en la percepción de la salud mental en el entorno laboral. Durante el confinamiento y el teletrabajo, aumentaron los casos de ansiedad y estrés debidos a la incertidumbre económica, la sobrecarga laboral y las dificultades de conciliación. Sectores como la sanidad y el comercio fueron especialmente afectados por esta situación», explica Rubén Rodríguez Elizalde, director del máster universitario de Prevención de Riesgos Laborales de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.

Aunque algunas empresas han implementado servicios de asistencia psicológica entre sus empleados, Rodríguez Elizalde advierte de que aún hay carencias en estos recursos, como la falta de regulación y acceso universal.

Barreras legales y estigma

«Las leyes laborales actuales se redactaron para riesgos físicos. Un trabajador con burnout debe recorrer un laberinto para demostrar que es un accidente laboral», afirma Mònica Ricou Casal, profesora de derecho del trabajo y Seguridad Social de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC. Los trastornos psicológicos carecen del mismo respaldo jurídico que las enfermedades físicas, porque las leyes se redactaron durante la Revolución Industrial, cuando predominaban los daños corporales. Tanto la Ley General de la Seguridad Social como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales excluyen patologías como el agotamiento emocional o el hostigamiento laboral, lo que obliga a las personas afectadas a demostrar su conexión con el trabajo, un trámite engorroso y poco eficaz, según Ricou.

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales excluye patologías como el agotamiento emocional o el hostigamiento laboral

Probar la relación entre el entorno laboral y el deterioro psicológico es otro de los grandes desafíos a los que se enfrentan las personas que padecen estas dolencias, ya que estos cuadros pueden deberse a múltiples factores, como el historial clínico o las circunstancias personales.

El estigma social también entorpece el reconocimiento de estos problemas. «Se mira con recelo al que sufre estrés, pero no al que se rompe una clavícula», indica el experto. En España, un 83,1 % de las personas con diagnósticos psiquiátricos se encuentra en situación de desempleo.

El papel de las mutuas laborales

Las mutuas colaboradoras y los servicios de prevención carecen de mecanismos para reconocer y evaluar los riesgos de la salud mental, lo que perpetúa su invisibilidad, indica Ricou Casal. Por ejemplo, si un empleado desarrolla un trastorno de ansiedad por hostigamiento en el trabajo, la mutua suele atribuirlo a causas personales, ya que no ocurre en un momento puntual, como un accidente.

¿Y qué pasa con la legislación? Las leyes laborales siguen centradas en riesgos físicos, a pesar de que la OMS reconoció el síndrome de desgaste profesional (burnout) como enfermedad profesional en 2022.

La legislación que rige el funcionamiento de las mutuas y las bajas profesionales también es obsoleta. La Ley General de la Seguridad Social data de 2015, pero se basa en la ley de 1994. Los procesos burocráticos que exige son largos y retrasan la recuperación y la reincorporación laboral. Además, la dependencia financiera de las mutuas respecto a las empresas puede influir en su predisposición a reconocer enfermedades mentales como laborales.

Propuestas de mejora y casos de éxito

Para revertir esta situación, se requieren medidas legales, empresariales y culturales, según plantean los expertos de la UOC. Reformar la legislación laboral para que incluya explícitamente los riesgos psicosociales en el ámbito profesional es un primer paso fundamental. Esto implicaría modificar tanto la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como la Ley General de la Seguridad Social, y actualizar unos textos que hoy están obsoletos y que no responden a la realidad del mercado laboral actual.

Las empresas pueden tomar medidas como protocolos contra el acoso laboral o garantizar el derecho a la desconexión digital

Por otro lado, y con respecto al papel que las empresas pueden tener en la prevención de estos trastornos, las evaluaciones psicosociales periódicas dentro del ámbito profesional permiten identificar factores de riesgo como las cargas excesivas, la falta de autonomía, los conflictos interpersonales y las presiones jerárquicas. Protocolos contra el acoso laboral o garantizar el derecho a la desconexión digital son otras de las medidas que se pueden tomar en las empresas para proteger al empleado y mejorar la productividad.

Pero, quizá, el mayor gesto para transformar esta situación sería un cambio cultural profundo que normalice el diálogo sobre salud mental en los entornos laborales, a través de campañas de sensibilización, políticas y formación.

Para España, como señala Ricou, el reto consiste en impulsar una reforma legal integral acompañada de esta transformación cultural, siguiendo el modelo de los avances logrados en materia de igualdad de género. Solo así podrá superarse la actual situación de desprotección y construir un mercado laboral que no deje atrás la salud mental de los trabajadores.