Cambio Climático

¿Qué implica la declaración de emergencia climática en España?

El Ejecutivo anuncia cinco medidas prioritarias en el camino hacia la transición justa que se abordarán en los próximos cien días, entre las que destaca la remisión al parlamento de la Ley de Cambio Climático para su puesta en marcha definitiva.

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Sofía Torres
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21
Ene
2020
huelga mundial clima

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Sofía Torres

En el mes de mayo, Reino Unido se convertía en el primer gran país del mundo en declarar la emergencia climática. Pocos días después, Irlanda seguía su ejemplo y, más tarde, al otro lado del charco, lo hacía Argentina. También lo hicieron los ayuntamientos de ciudades como Ottawa, Sidney o Nueva York –o Madrid y Barcelona hace escasas semanas–. En noviembre, era un continente entero: entonces, el Parlamento Europeo daba luz verde a esa declaración, con 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones poco antes de que empezase una más que tibia COP25 que se cerró sin acuerdos reseñables. Hoy, apenas estrenada la década clave en la lucha contra el calentamiento del planeta, el Consejo de Ministros aprobaba la declaración de emergencia climática en España.

«La emergencia climática debe ser abordada ubicando a las personas en el centro, promoviendo respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el fin de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás», se explicita en el documento oficial de la declaración. Más que de una medida práctica como tal –en nuestro país no existe una figura jurídica en la que englobarla–, se trata de una declaración de intenciones con la que el nuevo ejecutivo busca reforzar la imagen de su compromiso en la batalla contra el calentamiento global. Ya en septiembre, el pleno del Congreso aprobó por aplastante mayoría –a propuesta de Unidas Podemos y con los únicos votos en contra de Vox– una declaración de emergencia climática que, aunque no llevaba aparejada ninguna acción concreta, ya ponía de relieve un consenso mayoritario en la búsqueda de caminos para llevar a cabo la transición ecológica.

«La declaración de emergencia climática permitirá sumar esfuerzos para ser más rápidos y ambiciosos», decía Ribera

Eso sí, la vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha dejado claro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta medida no se va a quedar en cosmética verde y que va a responder a la voluntad mayoritaria de lo refrendado por el parlamento el año pasado. La ministra ha valorado la declaración de la emergencia climática en España como algo que recoge el trabajo realizado en el último año y medio pero que permitirá, a partir de ahora, «sumar los esfuerzos de todos para ser más rápidos y ambiciosos».

Citando al informe de riesgos para la economía publicado por el Foro Económico Mundial que se celebra estos días en Davos, destacó que los efectos del cambio climático son ya visibles para todos, aunque para unos sean más graves que para otros. «Es fundamental que el Gobierno oriente su actuación para generar confianza sin dejar a las personas de lado y abordando las dificultades de los colectivos vulnerables», explicaba Ribera en referencia a la transición justa y a las políticas para la integración profesional de los trabajadores que se dedican a sectores que desaparecerán en los próximos años.

Cien días, cinco medidas

Así, en medio de ese mantra por una transición inclusiva, Ribera esbozó algunas de las treinta medidas de carácter urgente para abordar la crisis ambiental y anunció el compromiso del Ejecutivo de desarrollar las cinco primeras durante los cien primeros días de la presidencia de Sánchez.

La primera de todas será remitir al parlamento el enquistado proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, con la que se garantizará la obligación de reducir las emisiones para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. Para ello, se establecerá un sistema eléctrico completamente renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con cero emisiones y un sistema agrario neutro, además «de un sistema fiscal y presupuestario y un sistema financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad». Además de acuerdos con la industria y los fabricantes de cara a la modernización del transporte, Ribera también anunciaba que se instará a las ciudades de más de 50.000 habitantes a trazar zonas de bajas emisiones –al estilo de Madrid Central–.

Teresa Ribera Emergencia climática

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros || Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

En el siguiente apartado del documento se llama a «definir la senda de descarbonización a largo plazo» para alcanzar esas emisiones cero a mediados de siglo y, antes, alinearlos con las metas marcadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de cara a 2030, cuando también vence la fecha de cumplimiento del Acuerdo de París. En el tercero de los puntos, el ejecutivo se compromete a presentar el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para «invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos». La ministra lo ejemplificaba, poco después, con los efectos del temporal en el litoral mediterráneo, «algo que merece no solo la solidaridad sino la capacidad de anticipación, ya que no es descartable que pueda ocurrir con mayor frecuencia».

Además, entre estas medidas prioritarias se encuentra el establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, compuesta de manera paritaria y en la que estarán incluidos los jóvenes –haciendo así referencia a los movimientos estudiantiles que han llenado las calles el último año, a los que Ribera ha hecho varios guiños durante su intervención, que reclamaban la declaración de emergencia climática entre sus medidas prioritarias–, como una manera de «reforzar los mecanismos de participación ya existentes y garantizar de forma estructurada la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático».

Las ciudades de más de 50.000 habitantes deberán establecer zonas de bajas emisiones

Finalmente, el quinto eje de esta declaración destaca la necesidad de no dejar a nadie atrás en el proceso de transformación económica y social, para lo que se establecerán Convenios de Transición Justa y medidas para acompañar a las industrias. En alusión a las implicaciones económicas para los sectores en desaparición, se reclama la necesidad de «impulsar, apoyar y acompañar la transformación de nuestro modelo industrial y agrario, así como del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad, y que integren adecuadamente las externalidades ambientales, favorezcan la eficiencia y la innovación y la compatibilidad de sus estrategias de negocio con los límites ambientales», especifica.

Más allá de estas medidas prioritarias que se tomarán en los próximos cien días se encuentran otras que ya se recogían en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos y que ahora forman también parte de la declaración de emergencia climática, como nuevas medidas fiscales y financieras, bonos sociales y verdes o la elaboración de un plan de educación ambiental y de una estrategia para proteger las costas. «Es una oportunidad para la innovación, la generación de empleo y la reducción de las brechas territoriales o entre grupos de personas. Esta es una declaración debe inspirar a todas las políticas publicas», concluía.

Un proceso largo… y en marcha

Aunque la declaración de emergencia climática puede verse como el principio de un largo camino hacia la descarbonización de la economía española, también puede considerarse el fin de una primera etapa de concienciación social y, sobre todo, de búsqueda de consenso en la lucha contra el calentamiento global. La propia Ribera había anunciado en septiembre –cuando aún era únicamente ministra y no vicepresidenta– que la declaración sería abordada en la primera reunión del nuevo gobierno y, aunque finalmente ha sido en la tercera, la medida supone un paso adelante en el compromiso medioambiental de ambos partidos. También en la posición estratégica de España, que busca convertirse en un referente en la lucha contra la emergencia climática, sobre todo dentro de Europa: el borrador del PNIEC fue el único que obtuvo el aprobado de Bruselas –raspado, eso sí– y se ganó el elogio de la comunidad internacional tras acoger a última hora la Cumbre del Clima que debía celebrarse en Chile.

Pese a que es cierto que, en materia de medidas concretas, este nuevo hito no trae, per se, nada especialmente novedoso, sí que refuerza o traduce lo ya firmado en el acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos para formar su coalición de gobierno. En el extenso tercer punto –solo por detrás de las materias de crecimiento y empleo y los derechos sociales, regeneración democrática, ciencia e innovación–, ambos partidos acordaron, entre otras cosas, aprobar precisamente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y establecieron una fecha límite para la descarbonización: en 2050, la electricidad generada en España deberá ser 100% renovable –entre el 85 y el 95% diez años antes–. La aprobación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, las estrategias de transición justa y de economía circular, la regulación del autoconsumo, la reforma del mercado eléctrico, la creación del Fondo de Compensación de Daños Medioambientales o la elaboración de un Plan Nacional de Salud y Medio ambiente y otro de movilidad sostenible son algunos de los puntos clave del acuerdo. Así, la hoja de ruta para abordar la titánica tarea de frenar el calentamiento global se verá materializada –esperemos– en los próximos meses, bajo el paraguas de la declaración de emergencia climática.

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