Ley de Cambio Climático: las comunidades toman la delantera

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Luis Meyer

Cuando el actual Gobierno en funciones creó el Ministerio de Transición Ecológica, gran parte de la sociedad concienciada con el medio ambiente –o simplemente con su entorno–, vio (por fin) una puerta entreabierta. Cuando, el pasado febrero, el Consejo de Ministros aprobó (de nuevo, por fin) un anteproyecto de Ley de Cambio Climático, esa puerta simbólica hacia los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero se abrió un poquito más. Concretamente, un 20% para 2030, como recoge el compromiso del Plan Integrado de Energía y Clima adoptado por el propio Ministerio, el único que logró el aprobado de la Fundación Europea para el Clima el pasado mes de mayo.

Pero esa leve sensación de alivio ante un posible cambio se va tornando en lo que sentía Bill Murray en su famosa escena de la película El día de la marmota. Al igual que sucedía con otras medidas climáticas propuestas por Gobiernos anteriores, parece que no es tan sencillo pasar de las buenas intenciones a los hechos. De los programas electorales a la pura acción. Bien es cierto que el convulso escenario político de los últimos meses, múltiples elecciones mediante, deja poco margen para hacer precisamente eso: políticas. Pero más cierto es que el calentamiento global no va a sentarse a esperar a que decidamos quién queremos que nos gobierne para que le dé el empujón necesario a una Ley de Cambio Climático que parece que nunca llega.

El año pasado, cinco comunidades autónomas establecieron sus hojas de ruta en materia climática con compromisos para 2030

Tampoco se han sentado a esperar algunas comunidades autónomas, que ya están tomando la delantera al Ejecutivo central. El año pasado, cinco de ellas  establecieron sus respectivas hojas de ruta con el foco puesto en 2030, si bien cada una a su ritmo y con sus especificidades, lo que resta la eficacia que tendría una acción unificada, sinérgica y coordinada. En el caso de Aragón y Comunidad Valenciana, aunque no se marcan unos objetivos de reducción de emisiones, sí se han comprometido a aumentar la cuota de renovables de su mix energético en más de un 30%. El caso de Navarra es el más ambicioso, incluso más que el previsto en el compromiso adoptado por el Gobierno central: una reducción de emisiones de un 45% para 2030, que alcanzará el 80% en 2050. Por su parte, Castilla-La Mancha y Cantabria, mucho más escuetas, se limitan a garantizar su apoyo con los compromisos adoptados por España, sin especificar ni cuándo ni de qué manera.

El caso de Andalucía, Cataluña y Baleares es aún más desesperanzador que el de un Gobierno central que todavía está en el aire: estas tres Comunidades sí han pasado a la siguiente pantalla, o lo que es lo mismo, hace tiempo que tienen sus propias leyes de cambio climático, pero en ninguno de los tres casos han alcanzado los objetivos marcados. Castilla y León, la Comunidad de Madrid y la de Extremadura, en cambio, tienen programas y estrategias desfasados, que no han variado desde hace al menos cinco años, que no se han adaptado a los nuevos compromisos reclamados por Europa y la comunidad científica. Y en La Rioja, Murcia, Asturias y Galicia ni siquiera se han sentado todavía a esbozar programa alguno. El caso de esta dos últimas Comunidades es más ominoso aún, si tenemos en cuenta que Galicia disparó sus gases de efecto invernadero el año pasado (según el Observatorio de la Sostenibilidad) con un incremento de casi el 40%, y que Asturias es la región con mayor nivel de emisiones por habitante.

Esta brecha entre las acciones y las preocupaciones de la ciudadanía es cuando menos llamativa, sobre todo si tenemos en cuenta que más de un 70% de los españoles considera ya que el cambio climático es «una amenaza para la humanidad», según refleja una encuesta del Banco Europeo de Inversiones. Por desgracia, las prioridades de electores y elegidos parecen ir, de momento, por derroteros bien distintos.