Daniel Fernández

Artículo

Pedro Silverio

@7silverio

Daniel Fernández no es un economista que busque el consenso fácil. Director del centro Ruth Richardson y profesor de la Universidad de las Hespérides, Fernández ha publicado junto a Santiago Calvo ‘El elefante en la habitación’, (Ed. Jarana, 2026), donde aborda lo que él considera el problema principal de la economía española: el sostenimiento del sistema de pensiones. Según sus cálculos, el actual modelo presenta un agujero de 70.000 millones de euros algo insostenible y un problema que nadie quiere abordar.

Utiliza la metáfora del «elefante en la habitación» para hablar de la insostenibilidad de las pensiones en España. ¿Cómo es posible que un problema de tal magnitud sea ignorado sistemáticamente?

Es difícil no darse cuenta de un elefante cuando estás encerrado con él. Cualquiera que rasque la superficie de los datos económicos durante medio segundo percibe la gravedad del asunto. El problema no es la falta de información, sino que el coste político de afrontarlo es, sencillamente, gigantesco. Estamos hablando de decirle a la generación de los baby boomers –un grupo demográfico masivo que decide elecciones– que su jubilación, tal y como se la prometieron, no está asegurada. Han sido engañados durante décadas con la idea de que su hucha estaba a salvo, y decirles la verdad ahora que están a las puertas del retiro o ya jubilados es una medicina que ningún partido político se atreve a recetar. En democracia, ganar unas elecciones diciendo la verdad sobre las pensiones parece hoy una misión imposible.

«El coste de decirle a los ‘baby boomers’ que su jubilación no está asegurada es políticamente inasumible»

¿Cuál debería ser la primera medida de urgencia para evitar el colapso del sistema?

Todo depende de cuánto estemos dispuestos a cambiar. Si la intención es mantener el actual sistema de reparto, lo más urgente es transitar hacia un modelo de cuentas nocionales, siguiendo el ejemplo de Suecia. Es una reforma técnica que da transparencia al sistema: cada trabajador sabe exactamente qué ha aportado y qué puede esperar. Sin embargo, si buscamos una solución de calado que sea positiva a treinta años vista, la respuesta es el sistema de capitalización. Deberíamos movernos hacia un modelo donde cada individuo ahorre en su propia cuenta, complementado con un pilar redistributivo mínimo para quienes no hayan podido ahorrar lo suficiente durante su vida. Podríamos elegir entre el modelo sueco, con un pilar de reparto sostenible y otro de capitalización creciente, o el modelo chileno con una red de seguridad básica. Es una cuestión de madurez política para abordar los problemas de forma adulta.

Usted ha llegado a calificar como «el gran robo» la reciente ofensiva del Gobierno contra las mutualidades profesionales. ¿Por qué es tan contundente?

Porque es un ataque a la libertad y una maniobra de «trilero» fiscal. Las mutualidades eran el último reducto donde profesionales como abogados o ingenieros podían escapar del monopolio de la Seguridad Social. Funcionaban como un sistema de capitalización sano y sostenible que no suponía ninguna carga para el Estado. El Gobierno ha aprovechado que un pequeño porcentaje de mutualistas –estimado entre un 5% y un 10%– no hizo aportaciones suficientes y ahora pide auxilio, para destruir todo el sistema y obligar a todos a entrar en la Seguridad Social. Es la excusa perfecta para confiscar esos flujos de ingresos y tapar agujeros inmediatos, matando de paso un modelo exitoso que demuestra que la gestión privada de la previsión social es superior. Lo lógico sería que quienes no aportaron acudieran a pensiones no contributivas, como el resto de ciudadanos, en lugar de usar su situación para desmantelar un sistema que satisface al 90% restante.

«Deberíamos movernos hacia un modelo donde cada individuo ahorre en su propia cuenta»

En este contexto de pesimismo sobre lo público, ¿por qué cree que propuestas como la «mochila austriaca» no han cuajado en el debate español?

Por la extrema pobreza del debate público y la polarización interesada. En España, cualquier propuesta técnica que hable de flexibilizar o reformar el mercado laboral se etiqueta inmediatamente como un «retroceso en derechos», cuando muchos de esos supuestos derechos son herencias de estructuras rígidas, incluso de la época franquista. Existe una compra de voluntades mediáticas para que solo se escuchen mensajes que convengan al poder político. Mientras tanto, en países como Alemania o Suecia, los planes de empresa y sistemas similares a la mochila austriaca tienen coberturas que alcanzan hasta el 90% de los trabajadores porque existen incentivos fiscales reales. Aquí, apenas llegamos al 10% de cobertura en planes de empresa porque el sistema está diseñado para que no funcionen.

¿Cree que los datos que ofrece la Seguridad Social reflejan la realidad financiera del sistema?

Se cocinan las cifras de forma escandalosa. Nos dicen que el déficit del sistema es de unos 8.000 millones de euros, una cifra que parece manejable para una economía como la nuestra. Pero lo que no dicen es que, para llegar a ese número, el Estado hace una transferencia anual desde los presupuestos generales de unos 60.000 millones de euros. El déficit real, la diferencia entre lo que entra por cotizaciones y lo que sale por prestaciones, es de casi 70.000 millones de euros. Te cuentan una verdad parcial para venderte un mensaje falso; es una forma de mentir sin que se note el engaño a simple vista.

La inflación ha vuelto con fuerza. ¿Cómo afecta esto a un pensionista que ve su prestación revalorizada por ley según el IPC?

A la economía no le importan tus derechos legales, le importa lo que produces. Existe la idea peregrina de que podemos mantener el poder adquisitivo por decreto, pero si la economía no genera esa riqueza real, el sistema colapsará. Si la capacidad productiva de la nación es X y tú quieres pagar 1,5X para cumplir con la revalorización, lo que estás provocando es una distorsión que acaba pagando el resto de la sociedad. La inflación es, en el fondo, un reflejo de que estamos intentando consumir más de lo que aportamos, y en el caso de las pensiones, esto es especialmente peligroso porque genera una falsa sensación de seguridad mientras los cimientos se agrietan.

«A la economía no le importan tus derechos legales, le importa lo que produces»

Respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sus tesis sobre la destrucción de empleo chocan con las cifras récord de afiliación que vemos cada mes. ¿Cómo defiende su postura ante la evidencia de la EPA?

Hay que mirar debajo del capó de esas cifras. Primero, la inflación ha sido tan alta que la subida real del SMI es mucho menor de lo que parece; 1 euro de hoy vale un 25% menos que hace una década. Segundo, una economía en crecimiento enmascara los efectos perversos. El Banco de España realizó un estudio riguroso estimando que, de no haberse producido las subidas discrecionales del SMI, se podrían haber creado 100.000 empleos adicionales. No es que el empleo no crezca, es que crece mucho menos de lo que debería y deja fuera a los más vulnerables, a los de menor productividad, que son los que realmente sufren la barrera del salario mínimo. El éxito de las cifras de afiliación es a pesar del SMI, no gracias a él.