El elefante en la habitación

El respeto a los mayores es uno de los pocos principios morales universales que existen en toda cultura con independencia de su nivel de desarrollo o de su localización geográfica. Ahora bien, los principios morales universales son principios abstractos generales, y, por ello, deben ser «aterrizados» a instituciones concretas que les den forma. Una de estas instituciones, aunque ni mucho menos la única, es el sistema de pensiones.

Todo sistema de pensiones refleja una decisión colectiva sobre cómo organizar la solidaridad entre generaciones. Antes de analizar los problemas financieros y demográficos que acechan al modelo español, conviene entender cómo se construyó: de dónde viene, sobre qué principios se asienta y qué reglas determinan quién cobra una pensión, de qué cuantía y durante cuánto tiempo. Solo desde ese entendimiento es posible evaluar con rigor las reformas que se han sucedido durante cuatro décadas y calibrar la magnitud del desafío que tenemos por delante.

Los orígenes: del retiro obrero a la Seguridad Social

Todo sistema de pensiones es, en el fondo, una respuesta institucional a una problemática muy antigua: ¿cómo garantizar que las personas puedan vivir dignamente cuando ya no pueden trabajar? Durante siglos, esa responsabilidad recayó en la familia, en la caridad religiosa o, simplemente, en la suerte de cada cual. La industrialización elevó de forma extraordinaria el nivel de vida de la población europea, pero también transformó la naturaleza de los riesgos asociados a la vejez.

En las economías agrarias, la familia extensa y la propiedad de la tierra proporcionaban, con todas sus limitaciones, una red de seguridad informal frente al envejecimiento. La transición hacia una economía industrial y urbana en la que prima el trabajo asalariado y la movilidad geográfica debilitó esas redes tradicionales de apoyo sin que existiera todavía una alternativa institucional. No es que la industrialización creara pobreza donde antes no la había, sino que el nuevo modelo productivo exigía mecanismos de protección distintos. Los Estados europeos fueron dando respuesta a esa necesidad a lo largo del último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del XX. España no fue una excepción, aunque sí llegó tarde al proceso.

El primer intento serio de protección social frente a la vejez en España se remonta a 1919, cuando el gobierno de Antonio Maura creó el Retiro Obrero Obligatorio. Se trataba de un sistema de capitalización individual gestionado por el Instituto Nacional de Previsión, institución fundada en el año 1908, al que empresarios y Estado realizaban aportaciones destinadas a constituir un pequeño fondo para cada trabajador. La cobertura era limitada, las prestaciones modestas y la gestión más bien precaria, pero representaba un hito: por primera vez, el Estado español asumió formalmente la responsabilidad de proteger a los trabajadores frente al riesgo de la vejez.

El primer intento serio de protección social frente a la vejez en España se remonta a 1919

El Retiro Obrero fue sustituido en 1939 por el Subsidio de Vejez, que mantenía el principio de capitalización, pero ampliaba ligeramente la cobertura. En 1947, el régimen franquista transformó este subsidio en el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, conocido como el SOVI, que ya incorporaba elementos de reparto y cubría a los trabajadores por cuenta ajena. El SOVI representó un avance significativo en cobertura, aunque las prestaciones seguían siendo muy reducidas y el sistema carecía de la arquitectura institucional necesaria para hacer frente al crecimiento económico y demográfico que se avecinaba.

El verdadero punto de inflexión llegó con la Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963, que entró en vigor en 1967. Esta ley supuso la creación del sistema de Seguridad Social tal como lo conocemos hoy: un modelo universal, obligatorio y basado en el principio de reparto, que aspiraba a proteger al conjunto de la población trabajadora frente a los riesgos de vejez, invalidez, muerte, enfermedad y desempleo. El cambio de paradigma fue radical. Se abandonó definitivamente la capitalización individual y se adoptó el modelo de reparto, en el que las cotizaciones de los trabajadores en activo financiaban directamente a las pensiones de los jubilados. El sistema logró cubrir en sus primeros años a más del 80% de la fuerza laboral, frente a menos de la mitad que alcanzaba el SOVI.

La implantación de la Seguridad Social tuvo un efecto colateral importante que merece ser señalado desde el principio: la edad de jubilación efectiva se redujo de forma significativa. En 1960, la edad media de salida de la vida activa rondaba los 72 años; en 1970, apenas una década después de la puesta en marcha del nuevo sistema, había caído hasta los 66 años. Es decir, la existencia de un sistema público de pensiones relativamente generoso incentivó a los españoles a jubilarse antes, un patrón que se ha mantenido y acentuado con el paso de las décadas y que, como veremos más adelante, constituye uno de los factores que explican la presión financiera sobre el sistema.

Este texto es un extracto de ‘El elefante en la habitación. La (in)sostenibilidad del sistema de pensiones’ (Jarana Editores), de Daniel Fernández Méndez y Santiago Calvo.