Ley de amnistía

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Víctor Lapuente

@VictorLapuente

Tras la sentencia del Constitucional, llegó el veredicto popular: han ganado los independentistas. Han dado la vuelta a la tortilla de la sentencia del mismo tribunal contra el Estatut en 2010. Han cometido delitos que no solo se han perdonado, sino que se han volatilizado. El Estado ha hincado la rodilla frente a Puigdemont. Y no solo el resultado es deprimente –la rendición del Estado frente a quienes quieren romperlo– sino que el proceso ha sido vergonzante –el intercambio de amnistía por votos para la investidura–.

Pero ¿han ganado realmente los independentistas? Si hacemos una evaluación global, vemos que el reto secesionista ha sido un fiasco político para una generación de nacionalistas, un infierno judicial para sus promotores directos, y un fracaso sociológico para el conjunto del movimiento independentista.

¿Quién querría estar en la piel de alguno de los líderes del procés? Los costes personales, familiares y políticos de años huidos de la justicia o entre rejas, precedidos de meses de juicios y esperas de juicios, son obvios (y quizá por eso no se les presta atención). Años sin saber qué les deparará el día siguiente. Flotando en un limbo jurídico que, aunque ellos ayudaran a crear, no deja de ser inquietante. Tampoco los políticos de segunda línea han tenido unos años dorados. Cientos de ellos han perdido sus cargos electos, o a dedo, en administraciones locales y, sobre todo, en la Generalitat. El apoyo a la independencia está en mínimos, con apenas uno de cada tres catalanes a favor. Por el contrario, la voluntad de permanencia en el Estado español es robusta, en particular entre el grupo social que el independentismo quería movilizar más y que ha acabado dándole la espalda: los jóvenes. No solo los y las catalanas ven la independencia como poco deseable, sino también como poco factible. Apenas una de cada 20 personas cree que es posible. Qué contraste con el ambiente que se vivía en los años previos al referéndum, cuando los amigos independentistas te decían, en la inauguración de unos Juegos Olímpicos o un Mundial (2014 o 2016, en concreto): estos son los últimos sin Cataluña.

La voluntad de permanencia en el Estado español es robusta, en particular entre el grupo social que el independentismo quería movilizar más

Nuestras derechas se equivocan al pensar que el resultado de todo el proceso desde el inicio del desafío independentista hasta el aval de la ley de amnistía por parte del Constitucional es el triunfo del independentismo. Ha sido todo lo contrario: una amarga derrota y una ácida advertencia de futuro.

Pero nuestras izquierdas se equivocan también: la «pacificación» de Cataluña no es el resultado de la acción de nuestro Gobierno. Y mucho menos de los pactos con las fuerzas independentistas –definidos hasta por prudentes juristas europeos como una especie de «autoamnistía»–.

Cataluña se pacificó antes de la amnistía. El apoyo al independentismo se había desplomado hacía ya tiempo. Y si la amnistía y otras fórmulas legislativas (como mínimo, sinuosas) utilizadas por el Gobierno han ayudado, no lo podemos asegurar porque no existe una España B idéntica a la nuestra en la que no se aprobó la amnistía. A primera vista, no hay elementos para concluir que en esa hipotética España el independentismo habría resucitado. Más bien lo contrario.

Ni la amnistía ha sido tan buena como argumenta la izquierda ni tan mala como sostiene la derecha. Los organismos internacionales no parecen andar muy preocupados con el daño que la amnistía ha causado a nuestra democracia. Seguimos siendo un país donde impera el Estado de Derecho.

La amnistía tiene un coste. Erosiona la confianza en las instituciones porque, lejos de seguirse las recomendaciones de la Comisión de Venecia, que solicitaba un apoyo de las principales fuerzas políticas del país, fue elaborada por solo una parte. Una mayoría raspada, inestable y que, posiblemente, hoy no podría erigirse de nuevo. Pero, frente a una legislación aprobada por la mínima, existen mecanismos de control, del poder judicial (una de cuyas instancias, el Tribunal Supremo, ha puesto serias objeciones) y de la justicia europea.

El independentismo ha ganado la batalla del relato de la amnistía, pero ha perdido la guerra legal, política y sociológica.