Ética política: mal menor, Estado de derecho y amnistía

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Ana Morilla

«El hombre está condenado a ser libre», sentenció Jean-Paul Sartre. Tanto que el psiquiatra Viktor Frankl constató que, incluso en los campos de concentración y en las circunstancias más hostiles, podemos optar por la libertad de elección moral. Sin embargo, las elecciones morales ocurren habitualmente en un marco de tensión entre múltiples factores y condicionantes, aún más las decisiones políticas, sujetas a la exigencia de interacciones para lograr y expandir el poder, en teoría para la búsqueda del bien común. Dado que la política ha estado marcada desde siempre por su relación con la ética, ¿cómo encaja una posible amnistía a los líderes del «Procés» desde una perspectiva de ética política según las distintas corrientes filosóficas?

Napoleón anotó como resumen al final de un ejemplar de El Príncipe de Maquiavelo la cita «triunfad siempre, no importa cómo, y siempre tendréis razón». Las ideas de Maquiavelo fueron expandidas y practicadas por el Cardenal Richelieu en su «razón de Estado» durante la Guerra de los Treinta Años. Junto a Tucídides y el teórico militar chino Sun Tzu, los tres son citados como precursores de la Realpolitik, al postular que los mandatos éticos y religiosos de sus respectivas culturas eran inútiles para explicar o asegurar el éxito político.

Ese concepto renacentista de razón de Estado se emplea en Ciencia Política como justificación que eximiría de respetar los límites de la ética frente a una grave amenaza: se estima lícito un mal menor si con ello se evita un mal mayor; ello opera en el siglo XX con la Doctrina Brézhnev en la Unión Soviética, o con el dilema de la bomba atómica con Truman que justificó la utilización de las bombas atómicas sobre Japón en un cálculo de vidas, según el cual salvaron más vidas de las que costaron, aunque ello está hoy en entredicho. Así, Martin J. Sherwin, autor del libro en el que se basa la reciente y exitosa película Oppenheimer, de Christopher Nolan, afirmó: «No, Japón se hubiese rendido de todos modos. Al tirar la bomba atómica, EE.UU. lanzó al mundo el mensaje de que las armas nucleares eran legítimas en una guerra».

La razón de Estado comparte una raíz práctica con las teorías utilitaristas y de mal menor que se han impuesto hoy día, incluso en las democracias liberales, y cristalizaron previamente en Bentham y Stuart Mill en los siglos XVIII y XIX. El utilitarismo es una versión del consecuencialismo por el que la bondad o maldad de un acto dependerá de los resultados para el mayor número de personas. Difiere por tanto de la ética clásica que defiende el valor ético per se de cada acción y de la dignidad del ser humano, siendo por ello menos proclive al sesgo de conveniencia.

Baltasar Gracián: «Nunca abras la puerta a un mal menor porque otros males mayores invariablemente se infiltran tras él»

Una buena refutación de estas teorías del mal menor podemos encontrarla en Baltasar Gracián: «Nunca abras la puerta a un mal menor porque otros males mayores invariablemente se infiltran tras él». Pero es Hannah Arendt quien más nos interpela sobre esas desviaciones de la justicia: «El exterminio de los judíos fue precedido de una serie muy gradual de medidas cada una de las cuales fue aceptada como mal menor». También, en el caso Eichmann, artífice de la «solución final», el mejor funcionario de la historia si no fuera porque olvidó añadir a sus eficientes resultados  integridad y ética.

Para quien opine que estos postulados antiutilitaristas son maximalistas o pecan de candidez o rigorismo moral, Max Weber trazó su famosa distinción entre la «ética de la convicción» y la «ética de la responsabilidad». Weber lo resuelve citando: «La política en un cierto sentido es el arte de lo posible, pero no ha sido esa ‘ética del éxito y resultados’ la que ha conformado la cultura pública que apreciamos». Esta conclusión ha sido traído a nuestra España por Nicolás Redondo, poco antes de su expulsión del PSOE, inspirado sin duda por Marañón y Huxley: «En política los medios son los fines».

Frente a todo lo anterior, utilitarismo, razón de Estado, mal menor, oportunismo o tacticismo (de Tácito, equilibrio entre la estrategia y la moral), la ética prevalece en la concepción del Estado de derecho que nace de la filosofía kantiana, en la que desembocan las teorías jurídicas de Rousseau, Locke y Thomas Hobbes. La relación Estado-política adquiere una connotación «moral». El componente moderno esencial del Estado de derecho es la política sometida al derecho, que da como consecuencia la protección de los derechos individuales y la actuación del gobierno limitada por los derechos ciudadanos, a través del acuerdo fundacional y contrato social originario que es la Constitución, que puede reformarse con las debidas mayorías.

Dado que una amnistía era repudiada hasta ahora por el propio PSOE por inconstitucional (se rechazó en el 78 en las enmiendas y atentaría contra la igualdad ante la Ley, separación de poderes, y el Título preliminar), la aprobación de una posible Ley, con cualquier nombre de «concordia» o «alivio penal» que se utilice, respondería obviamente a justificación de medios para el fin de continuación de un «gobierno progresista». La trampa ética de este dilema es que existen otras opciones como la repetición electoral para no gobernar por siete votos contra medio Parlamento, o bien, el consenso entre partidos mayoritarios, cuyo enfrentamiento parece alentado para evitar posibilidad de alternancia. Los resultados, además de supuesta «pacificación de Cataluña», podrían no producirse, dando alas de nuevo a las formaciones que verían borrado el reproche penal por imponer un régimen antidemocrático sin mayorías cualificadas. El mal menor, es, por tanto, una flagrante conculcación del Estado de derecho, de modo que el principio de proporcionalidad del daño tampoco se cumpliría.

Hoy día, España ocupa la posición 23 en el índice de Estado de derecho de World Justice Project, penalizada por el indicador de «Restricciones a los poderes del Gobierno». El imperio de la Ley no permite un trato preferente a independentistas para lograr la pírrica investidura. Estos fueron condenados en una sentencia ejemplar retransmitida al mundo en streaming con las máximas garantías procesales. Por desgracia, en España la actuación del Gobierno cada vez cuenta con menor número de contrapoderes e instituciones independientes, siendo extremamente preocupante la situación de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional y la politización de muchas instituciones, como el CIS.

Con todo ello cabe recordar, que el artículo 67 de la CE ampara la libertad de voto de los diputados. Así pues, señoras y señores diputados, no secunden a Maquiavelo, la política sin ética solo es un sistema para perpetuarse en el poder.

Ana Morilla Carabantes es experta en gobernanza e integridad pública.