La cocaína, ¿legalizada?

La cocaína, una de las sustancias ilegales más consumidas por la población mundial, se extrae a partir de la planta de la coca, y al igual que otras conocidas drogas duras, fue aislada en el siglo XIX –más concretamente en 1859– por el químico alemán Albert Niemann. Al principio, la cocaína fue comercializada como medicamento en Estados Unidos a partir de 1882, siendo empleada, ante todo, como anestésico para el dolor odontológico en niños y para el tratamiento de la gota. Su uso recreativo –es decir, su actual uso ilegal– se extendió en realidad a partir de la siguiente centuria, siendo prohibida en la mayor parte de países a partir de la segunda mitad del siglo XX.

Su prohibición, no obstante, no ha acabado con ella. Tal como señala el último informe del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, España es el país europeo en el que más cocaína se consume. Según el documento, un 11,2% de la población de nuestro país –entre los 15 y los 64 años– ha sido consumidora a lo largo de su vida, porcentaje se traduce en unos tres millones de personas. En el ranking europeo nos sigue Irlanda, con un 8,3%, y Dinamarca, con un 8,1%.

Los datos relativos a la población española han empeorado en los últimos años: de 2013 a 2021, la cocaína ha pasado de ser la adicción prioritaria del 27% de los ingresados en el Proyecto Hombre a acaparar el consumo compulsivo del 39%, lo que implica un fuerte aumento en un lapso de tiempo muy reducido. La tendencia, además, se aceleró en 2020: durante el año de la pandemia, los adictos a la cocaína subieron en un 11%. (lo que es lo mismo: en un año se dio el incremento que previamente había tenido lugar en siete).

¿Un veneno legal?

Aun así, hay quien aboga por legalizar la cocaína, como el prestigioso periódico británico The Economist. Tal como mantiene la cabecera, legalizar la cocaína serviría para evitar los enormes gastos legales y de mantenimiento que supone juzgar y encarcelar a personas cuya manutención hay que proveer durante el tiempo que permanecen en prisión.

España es el país europeo donde más cocaína se consume: un 11,2% de la población ha sido consumidora a lo largo de su vida

En el caso concreto de Estados Unidos, además, se podría paliar la problemática asociada a la existencia de cárceles privadas, cuya proliferación contribuye, naturalmente, a una propensión al encarcelamiento –se trata de uno de los países del mundo con un porcentaje más elevado de ciudadanos encarcelados– de parte no exigua de la población. A su vez, esta medida serviría para generar ingresos al Estado, no solo logrando ahorrar dinero del contribuyente, sino consiguiendo recaudar nuevos fondos para el bien común gracias a las contribuciones de las empresas y los consumidores vinculados al sector de la cocaína legal. Algo que, además, haría aumentar de modo radical la calidad del producto, evitando las intoxicaciones de consumidores (las cuales se han incrementado en los últimos años por el corte empleado –por ejemplo, con fentanilo, un opioide sintético– por los traficantes ilegales para incrementar sus ganancias).

Con la legalización, según sostienen sus defensores, muchas de las mafias y la criminalidad asociada al consumo ilegal de cocaína serían erradicadas, al tiempo que se impedirían los secuestros, asesinatos y «vuelcos» de la droga, delitos por los cuales ciertos delincuentes raptan y torturan a los traficantes de droga para robarles la mercancía, cometiendo delitos que los referidos narcos, al operar ilegalmente, no pueden denunciar a la policía. Pero la razón más importante esgrimida por sus defensores puede que sea la más sencilla: la prohibición no funciona. Hoy, a pesar de todas las medidas, sigue consumiéndose cocaína, llegando incluso a incrementarse su toma en ciertos momentos.

De hecho, los cárteles de la droga siguen enriqueciéndose a pesar de la prohibición: a pesar del paso del tiempo, un gramo de cocaína cuesta hoy aproximadamente lo mismo que en 1980 (es decir, aproximadamente 60 euros). Esto se debe al hecho de que los carteles son monopsonistas: más que producir compran, procesan y envasan el producto que los agricultores independientes de Colombia y otras zonas de Latinoamérica les venden a precio barato. Si los costes se incrementan para esos campesinos a causa de conflictos bélicos, matanzas o erradicaciones, son ellos los que padecen y asumen las consecuencias, no los cárteles.