El subarrendamiento: una vivienda sin seguridad ni dignidad

En un rincón invisible del mercado inmobiliario, miles de personas en Cataluña están atrapadas en una realidad precarizada: el subarrendamiento de habitaciones. Este fenómeno, en constante crecimiento, se ha convertido en una alternativa desesperada para quienes no pueden acceder a una vivienda digna. Más allá de ser una simple solución habitacional, esta práctica expone las profundas carencias del sistema de vivienda y los desafíos de la exclusión social.

El reciente informe titulado Exclusión compartida. Vivir en una habitación en un contexto de exclusión residencial y social, elaborado por el Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Barcelona junto con la colaboración del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Catalunya y el Observatorio de Vivienda Digna del Instituto de Innovación Social de Esade, ofrece una radiografía detallada de esta problemática. Con 63 entrevistas en profundidad y cuatro grupos de discusión, el informe desvela la crudeza de esta realidad y aporta una base sólida para entender su impacto.

La crisis de acceso a la vivienda en Cataluña ha empujado a los sectores más vulnerables hacia esquemas informales y desprotegidos. Personas jóvenes, familias monoparentales y migrantes, a menudo en situación administrativa irregular representan la mayoría de quienes optan por subarrendar habitaciones. En muchos casos, esta es la única opción ante alquileres inalcanzables, salarios precarios y la insuficiencia del parque público de vivienda.

Personas jóvenes, familias monoparentales y migrantes representan la mayoría de quienes optan por subarrendar habitaciones

Para quienes no tienen un contrato formal, las consecuencias son devastadoras: la imposibilidad de empadronarse restringe el acceso a servicios esenciales como educación, sanidad y prestaciones sociales. Esto agrava la exclusión y perpetúa un círculo vicioso de pobreza y vulnerabilidad.

Vivir en una habitación subarrendada significa enfrentarse a múltiples retos. El informe destaca cómo la falta de privacidad, los conflictos por el uso de espacios comunes y las relaciones de poder con los propietarios afectan gravemente la calidad de vida. Los testimonios de los entrevistados revelan un día a día marcado por la incertidumbre: «No puedo estar tranquila porque en cualquier momento pueden decirme que me vaya», cuenta una de las personas entrevistadas en situación de subarrendamiento.

La convivencia forzada, con reglas impuestas y restricciones en espacios como el salón o la cocina, convierte el hogar en un lugar de tensión constante. Además, la sobrepoblación y las condiciones insalubres son habituales, afectando tanto a la salud física como emocional de quienes viven en estas circunstancias.

En el caso de las familias con hijos, la falta de un entorno estable afecta al desarrollo emocional y cognitivo de los niños

En el caso de las familias con hijos, las consecuencias son particularmente alarmantes. La falta de un entorno seguro y estable afecta el desarrollo emocional y cognitivo de los niños, quienes a menudo enfrentan cambios constantes de residencia, interrupciones escolares y un ambiente de estrés continuo. «Mi hijo me pregunta por qué siempre estamos cambiando de casa», relata una madre entrevistada, reflejando la inestabilidad que afecta la dinámica familiar.

La salud mental de los adultos también se resiente. El estrés de no saber si podrán quedarse en su vivienda, combinado con la precariedad laboral y el aislamiento social, genera ansiedad y depresión. «Ser migrante es siempre buscar la solución, pero a veces parece que todas las puertas están cerradas», explica un participante del estudio.

El informe no solo expone los datos, sino que humaniza la problemática a través de las historias de quienes la viven. Estas narrativas ponen rostro a una crisis habitacional que trasciende lo material, afectando derechos básicos como la intimidad, la seguridad y la dignidad. A pesar de las adversidades, muchos de los entrevistados muestran una resiliencia admirable, manteniendo la esperanza de acceder algún día a una vivienda digna.

El subarrendamiento sin contrato (o solo con contrato verbal) es una práctica ilegal

Es necesario exigir el cumplimiento de la ley, ya que el subarrendamiento sin contrato (o solo con contrato verbal) es una práctica ilegal que debe ser supervisada. Sin embargo, limitarse a la mera aplicación de sanciones no es suficiente. Esta práctica a menudo surge como un último recurso para muchas personas que no pueden acceder a una vivienda en condiciones legales debido a sus circunstancias económicas o administrativas. El vertiginoso aumento del precio de la vivienda en los últimos años ha dejado a amplios sectores de la población sin alternativas accesibles, empujándolos al mercado informal. En este contexto, una política centrada exclusivamente en control del subarrendamiento podría agravar aún más la crisis habitacional, dejando a miles de personas sin un lugar donde vivir. Por tanto, cualquier esfuerzo por controlar estas prácticas debe ir acompañado de medidas integrales que garanticen soluciones habitacionales dignas para quienes se ven obligados a recurrir a este tipo de acuerdos informales. Esto implica fortalecer el acceso a viviendas asequibles, ampliar el parque público de vivienda, y proporcionar un acompañamiento adecuado que permita a estas personas salir de la precariedad sin temor a perder su hogar.

El derecho a la vivienda no debe ser una utopía, sino una realidad garantizada

La solución no es sencilla, pero es imprescindible. El derecho a la vivienda no debe ser una utopía, sino una realidad garantizada. El subarrendamiento es el síntoma de un sistema que excluye y margina a los más vulnerables. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de alzar la voz y exigir políticas que pongan a las personas en el centro.

Este informe, fruto de un profundo trabajo de investigación, nos recuerda que la vivienda no es solo un techo; es el fundamento de la dignidad, la seguridad y la oportunidad. Garantizarla es el primer paso hacia una sociedad más justa y solidaria.

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Raluca Budian es directora asociada del Observatorio de Vivienda Digna del Instituto de Innovación Social de Esade