Historia reciente de la vivienda

Arrancaba el siglo XX y la agricultura constituía el medio de vida de una buena parte de la población. España era un país eminentemente rural, con una economía precaria y con unas viviendas de poca calidad que, en muchos casos, no contaban con saneamiento, agua corriente ni electricidad. La situación en las ciudades no difería mucho en cuanto a las condiciones de habitabilidad, aunque al menos las opciones de empleo se mostraban más esperanzadoras.

El éxodo rural se convirtió, por tanto, en un camino a inaugurar en el nuevo siglo. La industrialización creciente y la perspectiva de una mayor calidad de vida llevaba a cientos de personas a buscar un lugar propicio en las zonas con más posibilidades laborales. Madrid, Cataluña o Euskadi eran algunas de las regiones más cotizadas. No obstante, aunque tras 1900 comenzó a rugir ese impulso migratorio, no fue hasta después de la Guerra Civil que el movimiento poblacional entre comunidades autónomas, fundamentalmente de clase trabajadora, se convirtió en una constante. Pero además, se había producido otro fenómeno de importancia: el crecimiento demográfico. Si a mediados del siglo XIX España contaba con 13 millones de habitantes, en 1950 esa cifra se había doblado, superando los 28 millones.

En este contexto, se volvió acuciante la necesidad de habilitar viviendas asequibles. En 1911 se aprobó la Ley de Casas Baratas para Personas de Clase Baja, dando inicio a la intervención estatal de acceso a un hogar. Los promotores podían acogerse a ayudas oficiales y los préstamos se otorgaban a un interés bajo. En 1925 se amplió por Real Decreto a la clase media. Algunos arquitectos se especializaron en este tipo de construcciones, como Fernando de Escondrillas, quien estuvo tras las colonias Pico de Pañuelo o La Regalada en Madrid. Las condiciones de las viviendas acogidas a esta ley tuvieron resultados desiguales y una calidad cuestionable.

En 1911 se aprobó la Ley de Casas Baratas para Personas de Clase Baja

La Guerra Civil supuso un parón de estas políticas y un retroceso, pues un buen número de edificios fueron dañados y, con ellos, las condiciones de vida. Poco después, comenzó un proceso de amplias transformaciones territoriales. La incesante migración del campo a la ciudad y el desarrollo industrial continuaba exigiendo nuevas infraestructuras y viviendas. En este momento ya se tenía constancia de una especulación sobre los precios de los suelos que vertió sus consecuencias en el precio de la vivienda, principalmente en los archipiélagos (Baleares y Canarias) y, en menor medida, en la Costa Brava y la costa mediterránea. En 1956 se aprobó una Ley del Suelo que no fue capaz de frenar los problemas de accesibilidad inmobiliaria. Entre 1960 y 1975 se aprobó un planeamiento urbanístico que favoreció la construcción de viviendas en masa, sobre todo en las grandes ciudades, aunque seguía produciéndose especulación y edificación irregular con consecuencias directas en los precios de los inmuebles. Además, el acceso no cubría la demanda existente, y las condiciones de las infraestructuras seguían siendo precarias, sobre todo en los barrios periféricos, donde proliferaban las chabolas.

Con la llegada de la democracia, a partir de 1975, se produjo un cambio importante en la política de vivienda. Las competencias en este ámbito pasaron a las comunidades autónomas, lo que permitió una mayor adaptación en base a las características de los territorios. Se creó un gran parque de viviendas, que se extendería hasta 2001. El Real Decreto-ley 2/1985, de 30 de abril incentivaba la inversión en viviendas y estipulaba la liberación de los precios de los alquileres, lo que derivó en un aumento de su cuantía. Además, el crecimiento económico de esta época propició el boom inmobiliario de los 90 y de 2000. La Vivienda Protegida (VPO) supuso durante estas décadas la oportunidad de acceder a un hogar para muchas personas, en modalidad de alquiler o compra, aunque su construcción también fue decreciendo a lo largo de los años.

La Vivienda Protegida (VPO) supuso durante estas décadas la oportunidad de acceder a un hogar para muchas personas

En lo relativo a los precios, el año 2007 alcanzó el máximo histórico, con una media en España de 2.085€ por metro cuadrado. Diez años antes, apenas superaba los 1.000. La crisis de 2008 demostró una burbuja inmobiliaria que se había gestado a lo largo de los años, apoyada por el sector de la construcción, y propició una bajada de los precios. Sin embargo, en 2018 el precio volvió a alzarse, suponiendo un problema de acceso para los colectivos más desfavorecidos y jóvenes. Desde entonces, ha experimentado subidas paulatinas, pero constantes, constituyendo una de las principales preocupaciones sociales actuales en nuestro país.