Los sectores que más contratan personas con discapacidad

Artículo

Gudrun Palomino

@gudrunpalominot

Durante los últimos años, en España ha aumentado la contratación a personas con discapacidad. Según la Estadística de Discapacidad en el Mercado Laboral de 2025 del Instituto Nacional de Estadística, se situó en el 35,4% la tasa de actividad laboral de las personas con discapacidad (16-64 años) y la tasa de empleo aumentó hasta 0,4 puntos, hasta el 28,9 %.

Los datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 apuntan que en el año 2023 había 1.946.800 personas con discapacidad en edad de trabajar, lo que supone el 6,2% de la población total en edad laboral. En cuanto a sexo y edad de las personas discapacitadas, el 56% son varones y un 44% mujeres. El 73% del total se encuentra en el grupo de edad de 45 a 64 años.

Según datos del SEPE, en 2025 el sector servicios alcanzó la cifra de 223.965 contratos a personas con discapacidad

Según el Informe Estatal del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con datos de 2025, el líder indiscutible entre los sectores que contratan a personas con discapacidad fue el sector servicios, donde se concentró la mayor parte de la contratación a personas con discapacidad con 223.965 contratos y situándose en el 82,41% del total de contrataciones. En el extremo opuesto, la construcción alcanzó 9.499 (3,50 %) contratos, mostrando el menor registro de entre todos los sectores.

La industria y la agricultura son los siguientes sectores con mayor número de contratación, con 25.593 y 12.708 contratos respectivamente; obteniendo el 12,91 % restante.

Por tanto, en cuanto a secciones de actividad económica, el mayor número de contratos se encontraban dentro del sector servicios. La principal actividad fue en 2025 las actividades administrativas y servicios auxiliares (76.337 contratos y el 28,09 %); en segundo lugar, las actividades sanitarias y de servicios sociales (29.607 contratos y el 10,89 %); y, en tercer lugar, se encuentra la hostelería (25.459 contratos, correspondiendo a un 9,37 %).

El tipo de contratos en estos sectores también afecta: los contratos de duración indefinida (85.807) representaron el 31,57 % de la contratación de personas con discapacidad, mientras que los contratos temporales (185.958) fueron el 68,43 %. Además, existe una brecha de género que limita aún más a las mujeres con discapacidad: se observa que entre los contratos para hombres los temporales llegaron al 66,46 % frente al 33,54 % de indefinidos, mientras que entre las mujeres los temporales fueron el 71,21 % y el 28,73 % indefinidos.

La participación laboral de las personas con discapacidad es especialmente baja entre los jóvenes, con una tasa de actividad del 21,6%

Sin embargo, el mercado laboral de los jóvenes con discapacidad se ve afectado por la falta de oportunidades que ofrecen. Tal y como presenta la Fundación Adecco en el informe Jóvenes con discapacidad, la participación laboral de las personas con discapacidad es especialmente baja entre los jóvenes, con una tasa de actividad del 21,6%, frente al 35,5 % de promedio para todas las edades. Muchos jóvenes con discapacidad se ven abocados a trayectorias profesionales inestables o al desempleo y a la exclusión social.

Además, un 85% de las personas jóvenes del informe ha afirmado tener definidas sus aspiraciones laborales, y casi 7 de cada 10 encuestados considera que no podrá alcanzar sus objetivos profesionales. Es posible que esté relacionado, a su vez, con los datos presentados sobre el sector servicios y la limitación generalizada hacia ese sector. Las vocaciones que han afirmado tener son la inteligencia artificial (17,1%), la psicología (14,3%), la informática y la atención al cliente (ambas con un 11,4%).

Si bien algunas de los porcentajes han mejorado con los años, para solucionarlo se deben promover políticas activas de empleo desde edades tempranas y mantenerlas hacia otros grupos generacionales, reforzar los apoyos educativos y laborales, potenciar las competencias profesionales de cada persona y que se cumplan desde las empresas los recursos de inserción laboral, puesto que no hay que olvidar que la integración social de las personas con discapacidad es un derecho constitucional.