Ceuta

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Sergio del Molino

@sergiodelmolino

Ya nos advirtió Susan Sontag sobre el poder maléfico de las metáforas, pero, pese a sus advertencias, caemos una y otra vez en ellas. Qué remedio. La metáfora es la figura literaria más útil. Bien usada, en manos de un escritor certero, amplifica los significados y agranda la comprensión de lo que, a plena luz y en la prosa más prosista, no hay manera de entender. Pero es fácil abusar. La metáfora es tan agradecida que se vuelve una droga: cuando queremos darnos cuenta, la tomamos por la cosa misma, ni siquiera la reconocemos como metáfora, y hablamos de ella con la misma naturalidad con la que pedimos la comanda a un camarero. Es entonces cuando, anquilosada en un cliché que se replica sin pensar, la metáfora se vuelve peligrosa. En vez de iluminar, ciega, impidiendo toda posibilidad de pensamiento genuino.

En el caso de la migración muchos abusan de la metáfora del país como una casa. Todos hemos recurrido a ella, y hoy me arrepiento de las veces en que he caído en tal tópico. Es muy fácil comparar una casa con un país. Tan fácil, que mucha gente ni siquiera entiende que es una metáfora y cree que un país es una versión ampliada de una casa. En la imaginación de algunos, un país se compondría de muchas casas juntas, no siendo más que una especie de asociación de vecinos muy grande.

Como las casas, los países tienen límites y un título de propiedad (que en los países se llama soberanía). Ambos, la casa y el país, sirven para vivir y convivir, y también necesitan reglas y acuerdos para regular la convivencia. Por eso, en los debates y griteríos tras la crisis de Ceuta, muchos han recurrido a esta metáfora para justificar medidas represivas o una política migratoria más estricta, como la que finalmente ha adoptado el gobierno, alineándose con las posiciones ultras casi hegemónicas en Europa.

La doctrina se resume en términos casi groseros: a mi casa puede entrar gente siempre que yo los invite. Si se cuelan por la ventana, tengo derecho a que la policía los eche. ¿Cómo es posible que un país, que es la casa de todos sus ciudadanos, no pueda decidir a quién invita y no pueda repeler a quienes intentan colarse? El razonamiento es impecable.

La metáfora implica aceptar que hay dueños y moradores legítimos, con capacidad para decidir quién entra y quién no

La perversión de esta metáfora es que sólo funciona con un concepto muy enano y patrimonialista de la nación y del Estado. Implica aceptar que hay dueños y moradores legítimos, con capacidad para decidir quién entra y quién no. Puede parecer evidente que los españoles (o el pueblo español, o el Estado que representa a dicho pueblo) son los dueños de España, pero desde una perspectiva democrática y compleja que comprenda bien en qué consiste el espacio público, esto es más que discutible.

Para que un país fuera una casa, todo su espacio tendría que ser privado. Pero la esfera pública de una nación entendida como comunidad política es lo contrario a un domicilio. Un país democrático y liberal vive en la tensión entre dos esferas, la privada y la pública, en las que funcionan reglas opuestas. La plaza pública —tanto la plaza real como el uso de plaza como metáfora de foro de debate— no es el equivalente urbano del salón de una casa, sino el espacio donde es posible la abstracción. Ni una ciudad es un conjunto de casas ni un país es un conjunto de ciudades y regiones. Ambos, la ciudad y el país, son ideas, convenciones filosóficas muy complejas que preexisten y trascienden a las personas y, al mismo tiempo, les son útiles y serviciales. El Estado es una abstracción gestionada por personas a las que se inviste de poder. A su vez, esas personas están sometidas a unas normas generales que mantienen el equilibrio entre la esfera pública y la privada, garantizando tanto la libertad de los individuos en su privacidad, como su capacidad de influencia y representación en la parte pública.

En este dibujo, fácilmente reconocible por cualquier ciudadano que viva en un país democrático, el Estado no tiene dueños. Nadie puede esgrimir un título de propiedad para decidir quiénes caben y quiénes sobran, pues esta condición la establecen abstracciones y acuerdos muy por encima de quienes —accidental y temporalmente— ejercen el poder: están el Derecho internacional, las relaciones entre países, los derechos y libertades universales, las obligaciones de prestar asilo, etcétera. Una maraña de condiciones que limitan la soberanía y que también definen el lugar que ese país ocupa en el mundo, del cual no puede aislarse sin poner en peligro su propia existencia como democracia.

¿Puede llamarse democrático un país donde el 15% o el 20% de su población no puede votar ni ser votada?

El espacio público no es de todos, sino del Estado. Decimos que es de todos de manera metafórica, pero la esfera pública no es una mancomunidad de propietarios, sino el lugar donde se ejerce la ciudadanía, y sus propietarios (municipios, ministerios, diputaciones, etcétera) son abstracciones inventadas para gestionar la vida pública de acuerdo con unos principios superiores. Democráticamente, no nos asiste ningún derecho para decidir caprichosamente a quién invitamos y a quién rechazamos.

Nada hay más diferente a una casa que un país, pero hay mucha gente empeñada en mantener la metáfora porque así puede defender políticas antimigratorias que atentan contra principios fundamentales de la democracia, como la aspiración a la libertad de tránsito y de residencia (vigentes en España y en los países europeos cuyos destinos comparte) o la protección a los desplazados por el hambre, la guerra o la persecución política. Un país no es una casa con una cancela que se abre y cierra a voluntad del portero, y si aspira a convertirse en eso —como quieren los últimos pactos europeos y la reforma migratoria que promueve el gobierno español— pronto dejará de ser un país democrático. Gestionar las fronteras como si fueran un portal con telefonillo es el camino más rápido hacia una sociedad de castas. Y ya vamos camino de ella.

La hipocresía de muchos gobernantes que explotan el miedo racista de unos ciudadanos que se asustan por cualquier cosa nos está llevando a una democracia a la ateniense: cada vez hay más inmigrantes sin derechos o sólo con derechos laborales y sociales, pero no políticos. Esto es, que pueden trabajar y vivir con todas las garantías, pero no pueden votar. ¿Cuántos excluidos puede tolerar una democracia y seguir llamándose tal? ¿Puede llamarse democrático un país donde el 15% o el 20% de su población no puede votar ni ser votada? ¿Y si el porcentaje sube al 30%? ¿Y al 40%? No es justo ni sostenible que una parte cada vez mayor y más relevante de la población no tenga voz ni voto sobre los asuntos públicos. Precisamente porque un país no es una casa que pueda permitirse tener invitados o acoplados perennes en el sofá.