De la regulación a la ejecución: la responsabilidad del Estado en la era de la IA

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Josep Aracil

En mis últimas intervenciones he defendido dos ideas que ahora conviene unir. Primero, que la IA dejó de ser un asunto operativo para convertirse en una decisión de gobierno corporativo. Después, que ninguna empresa resuelve sola la ecuación: hace falta un contrato público-privado con obligaciones recíprocas. Pero un contrato tiene dos firmas, y hasta aquí he hablado sobre todo de una. La otra le corresponde al Estado, no como financiador generoso ni como árbitro distante, sino como actor con las palancas que deciden si la transformación es ordenada o queda a la merced de la incertidumbre.

Conviene decirlo sin rodeos: el papel de la Administración en la IA no es, en primer lugar, repartir subvenciones ni publicar estrategias. Es ejercer con rigor cuatro funciones que ya tiene y puede ejercer mejor. El Estado es el mayor comprador de tecnología del país, el que escribe las reglas, el único capaz de convertir a escala en infraestructura estratégica y el que forma el talento. Cada una es una palanca de transformación; usadas sin método, son cuatro oportunidades perdidas. El debate no es cuánto debe intervenir el Estado, sino cómo debe ejercer las competencias que ya tiene.

El Estado comprador: usar el presupuesto como política industrial

La compra pública es el instrumento de política industrial más potente. España gasta cada año decenas de miles de millones en tecnología, y la inmensa mayoría se adjudica al precio más bajo sobre soluciones ya maduras, casi siempre de fuera: es comprar para consumir. La alternativa —comprar para construir— exige algo que la Administración rara vez hace: asumir riesgo como primer cliente de capacidades que todavía no están maduras. 

Ordenar esto no es gastar más, sino comprar distinto, aceptando que parte de esa compra fallará. Una Administración que no tolera ningún fracaso en sus pilotos no compra innovación: simula que lo hace. El reto es doble: capacidad técnica para escribir pliegos que premien resultados y cobertura política para que un piloto fallido no acabe en titular.

El Estado debe activar un objetivo verificable —del orden del 15%— de compra pública de tecnología orientada a capacidades emergentes con propiedad intelectual europea, o al menos Made in Europe; una unidad de compra especializada con perfil técnico real; y un marco que distinga el fracaso de un piloto, que es aprendizaje, de la mala gestión, que es responsabilidad.

El Estado regulador: dar certidumbre sin frenar la construcción

Europa ha legislado antes y construido después, y a menudo se ha quedado en lo primero. El AI Act y el RGPD son arquitecturas razonables, pero la regulación solo se vuelve ventaja competitiva cuando llega acompañada de industria capaz de cumplirla y de venderla; sin ella, la norma protege un mercado que otros abastecen. La función reguladora, bien ejercida, no multiplica requisitos: produce certidumbre, que una empresa sepa, antes de invertir, qué le van a exigir y en qué plazo.

Es además un margen de mejora que no cuesta presupuesto, solo decisión. La incertidumbre regulatoria es, para una pyme tecnológica, un impuesto invisible: cada mes de duda sobre cómo se interpretará una norma es capital que no se invierte. Una empresa que no sabe si su modelo será clasificado de alto riesgo bajo el AI Act no contrata hoy al equipo que lo construiría mañana. Y el regulador puede premiar el buen comportamiento en vez de limitarse a sancionar el malo: quien acredita trazabilidad del dato o auditabilidad de sus modelos debería encontrar un camino más rápido, no el mismo trámite que quien no acredita nada.

El Estado debe activar guías de interpretación claras y estables del AI Act con plazos comprometidos; sandboxes regulatorios sectoriales que permitan probar bajo supervisión antes de exigir cumplimiento pleno; y un fast-track real para quien demuestre linaje del dato y auditoría algorítmica, elevando esa auditoría al nivel de la financiera, con estándar público y ejecución privada.

El Estado inversor: coinvertir en lo estratégico, no en todo

La IA tiene coste: depende de centros de datos, energía, semiconductores y cómputo intensivo, los cuales ya consumen en torno al 1,5% de la electricidad mundial, una demanda que la Agencia Internacional de la Energía proyecta que se duplique hacia 2030. Ninguna empresa construye sola la infraestructura que la IA exige; a menudo esa escala supera incluso lo que un solo país puede afrontar. Es coinversión y le corresponde al Estado decidir dónde la pone. El error simétrico sería producirlo todo en casa: la soberanía mal entendida deriva en autarquía, y la autarquía en infraestructura cara y peor.

La disciplina que falta es la de cartera, tratar las capas tecnológicas como un inversor trataría sus activos, decidiendo cuáles son críticas, dónde una dependencia es asumible y dónde no, y concentrando ahí el capital público. España parte además con una ventaja, que su planificación energética todavía tiene recorrido por su liderazgo en renovables. Si la demanda eléctrica de los centros de datos se planifica como partida estructural y no como una externalidad que aparece por sorpresa, esa energía limpia se vuelve argumento de inversión y no cuello de botella.

El Estado debe activar un mapa público de dependencias críticas en cómputo, energía y semiconductores que ordene la coinversión hacia las capas estratégicas; el tratamiento de la demanda eléctrica de los centros de datos como variable estructural de la planificación energética; y un posicionamiento deliberado de España como hub de cómputo sostenible, con tarifas estables ligadas a la generación limpia local.

El Estado formador: formar para que se quede

El sistema público español educa bien y fideliza mal. Producimos doctores en aprendizaje automático, ingenieros de chips, físicos cuánticos y biólogos computacionales, y demasiados acaban su formación pagada con fondos públicos para desplegarla en otros países. No es solo culpa del sector privado, que no paga a precio de mercado global, es también de diseño público: el Estado financia la formación sin condicionarla a nada y sin construir el ecosistema que daría al talento una razón para quedarse.

Josep Aracil es Head of Strategy de Inetum