María José Roca

Artículo

Pedro Silverio

@7silverio

La salud de nuestras democracias y en concreto del Estado de Derecho en España parece cada vez más en entredicho. Ese es el parecer de María José Roca, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, quien ha coordinado junto a Luis Míguez la obra colectiva ‘Erosiones del Estado de Derecho’ (Dikynson, 2026). En un ambicioso volumen en el que se analizan distintos aspectos, desde la política de nombramientos hasta el funcionamiento de las instituciones, un grupo de juristas nos advierte de los ataques que está sufriendo el estado de derecho en España.

En el libro evitan hablar de una crisis terminal y prefieren el término «erosiones». ¿Creen que estamos ante una dinámica concreta o es un movimiento sostenido en el tiempo por varios actores políticos?

El término erosión es muy preciso para lo que queremos describir. No estamos ante un movimiento sísmico repentino o un terremoto institucional que destruya el sistema de la noche a la mañana. Se trata de un proceso paulatino, un «poco a poco» que va desgastando, sobre todo, los sistemas de control de las instituciones. Debemos recordar que la democracia no consiste exclusivamente en votar; es la participación del demos, del pueblo, en su propio gobierno, pero el Estado de Derecho exige, además, el control del ejercicio del poder.

Lo que nos preocupa a este grupo de académicos y profesionales –desde magistrados a letrados de cortes y fiscales– es precisamente que ese control se está debilitando en determinadas instituciones. No lo vemos como un fin de ciclo irreversible o la «destrucción de Troya», sino como una anomalía que debe ser corregida para volver a un equilibrio real en el ejercicio del poder público. Respecto a si es algo nuevo, mi diagnóstico es mixto: depende de la institución. El uso y abuso del decreto-ley, por ejemplo, es una práctica que lleva décadas instalada en nuestro sistema y que, lamentablemente, el Tribunal Constitucional ha ido validando con el tiempo. No es exclusivo de esta legislatura, aunque es innegable que en la última década se ha acentuado de forma ostentosa.

Uno de los puntos más críticos de su análisis es el abuso de las proposiciones de ley y las llamadas «leyes ómnibus», cuyo uso se está generalizando. ¿Por qué esta práctica es tan dañina para la salud de nuestra democracia?

Es dañina porque ataca la esencia misma del Estado de Derecho: la separación de poderes. El Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, pero la potestad de legislar reside en las Cortes Generales. La Constitución reserva el decreto-ley para casos de «extraordinaria y urgente necesidad», pero hoy vemos decretos autonómicos y estatales de 300 artículos que tratan temas tan inconexos como las pensiones y los desahucios. Es imposible justificar esa urgencia en todos y cada uno de esos preceptos.

El problema de fondo es que el decreto-ley se acepta o se rechaza en bloque; no admite discusión ni enmiendas. Esto priva a la cámara legislativa de su función primordial de formar una opinión pública y deliberativa. En el caso del Estado español, además, esta práctica supone vaciar de competencias al Senado, ya que se hurtan las fases del procedimiento legislativo ordinario en un sistema que es bicameral. Me preocupa seriamente que empecemos a ver estos fenómenos anómalos como algo normal, como algo tan inocuo como beberse un vaso de agua, cuando en realidad son ataques directos a nuestras garantías.

«Mantener a personas imputadas en cargos públicos erosiona la elegancia institucional»

El libro dedica un capítulo fundamental a la ejemplaridad y cuestiona su carencia en la gestión pública actual. ¿Cuándo se empezó a perder, a su juicio, el respeto por los principios éticos del Estado de Derecho?

Es cierto que la colonización de instituciones mediante nombramientos de personas afines no es algo que haya nacido hoy, viene de lejos. Sin embargo, estamos asistiendo a situaciones que considero de una gravedad inédita. Lo más preocupante para mí es la falta de presentación de los Presupuestos Generales del Estado. La Constitución prevé la prórroga si estos no se aprueban, pero no contempla que ni siquiera se presenten. Eso es un incumplimiento de un precepto constitucional taxativo y una erosión flagrante de la norma fundamental.

Si hablamos de ejemplaridad en los nombramientos, lo más crítico no es solo la afinidad política, sino el mantenimiento en cargos públicos de personas imputadas –o investigadas, según la terminología actual–. Antes, los códigos deontológicos de los principales partidos exigían la dimisión en estos casos. Hoy vemos cómo se defiende explícitamente la permanencia de estos cargos a pesar de estar bajo investigación judicial. Esto supone un cambio de paradigma ético que sorprende y degrada la elegancia institucional que debería regir el país.

A menudo se critica una excesiva «judicialización de la política», sugiriendo que el Tribunal Constitucional (TC) se utiliza como una tercera cámara para torpedear leyes de la mayoría. ¿Ha contribuido este fenómeno a la desafección ciudadana?

Mi percepción difiere de esa narrativa común. El Tribunal Constitucional está saturado, sí, pero no por recursos de inconstitucionalidad de los grupos parlamentarios, sino por recursos de amparo interpuestos por ciudadanos que sienten lesionados sus derechos fundamentales. Que un grupo parlamentario recurra una ley que considera inconstitucional es el ejercicio natural de un control de constitucionalidad concentrado como el nuestro, de corte kelseniano. No creo que ese sea el síntoma principal de las erosiones de nuestro sistema.

Lo que sí puede ser una «judicialización» problemática es el uso de la acción popular frente a cargos públicos con el único fin de desgastar al rival político en la opinión pública. Se generan causas de desgaste que pueden durar una década y que, aunque terminen en absolución –como ocurrió con los famosos trajes de Francisco Camps–, ya han quemado y retirado a la persona de la vida política. Eso sí puede contribuir a una sensación de corrupción generalizada que no siempre se corresponde con la realidad penal. Ahora bien, esto no significa que esté en contra de la acción popular. Su ejercicio (el PSOE interpuso la acusación popular en los casos Gürtel, Púnica y Kitchen y el PP la ejerce ahora en otros procesos) permite indudablemente luchar contra la corrupción, especialmente cuando el Ministerio Público no la persigue de oficio. A pesar de todo, si tengo que confiar en uno de los tres poderes, me quedo sin duda con el judicial. Tenemos grandes profesionales y la mayoría de los jueces actúan de forma independiente, digan lo que digan las encuestas de opinión.

«La mayoría de los jueces actúan de forma independiente, digan lo que digan las encuestas de opinión»

En el libro analizan con preocupación el resurgimiento del concepto de «acto político del gobierno» infiscalizable, especialmente tras las sentencias del TC sobre los ERE. ¿Dónde debe estar el límite jurídico sobre una decisión política?

Ese es el gran caballo de batalla del derecho público. Juristas como Eduardo García de Enterría dedicaron su carrera a luchar contra la idea de que existan actos del poder inmunes al control judicial. Por supuesto que quien gobierna –ya sea en un Ayuntamiento, una Diputación o el Gobierno central– tiene legitimidad para decidir su orientación política y elegir si prioriza la ópera o el jazz en su gestión cultural, por poner un ejemplo.

Pero el límite es la arbitrariedad. El poder no puede ejercerse de forma arbitraria. La democracia no es solo votar un programa; es que ese programa se ejecute respetando los dictámenes técnicos y la justificación legal. El poder judicial tiene la obligación de controlar que las decisiones políticas no se conviertan en ejercicios arbitrarios del mando. Los actos de gobierno deben poder ser justificados y controlados; el ejercicio del poder nunca es cómodo, es una responsabilidad que debe rendir cuentas ante la ley.

Ustedes vinculan la crisis del CGPJ tanto al sistema de elección como a los nombramientos discrecionales. ¿Hasta qué punto la fragmentación de las asociaciones judiciales alimenta la percepción de una justicia politizada?

No creo que pertenecer a una asociación judicial, sea la Francisco de Vitoria o Juezas y Jueces para la Democracia o cualquier otra, anule automáticamente la imparcialidad de un profesional. Sin embargo, para mejorar el funcionamiento de las instituciones, deberíamos seguir las recomendaciones de organismos internacionales como el Grupo GRECO o la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Si atendiéramos a esos informes sobre el Estado de Derecho y la independencia judicial, nos iría mucho mejor. El problema no es que el juez tenga ideas políticas, sino que el sistema de nombramientos no garantice la apariencia de independencia que el Estado de Derecho requiere.

«Atribuir la instrucción penal a los fiscales sin reformar su estatuto de independencia es un riesgo gravísimo»

Sobre la reforma de la instrucción penal, que busca otorgar ese papel a los fiscales: ¿qué cambios harían falta para que el Fiscal General del Estado deje de ser percibido como una extensión del Ejecutivo?

En muchos países de derecho continental la instrucción la hace el fiscal, y técnicamente nuestros fiscales están preparados para ello. Pero hay un requisito previo ineludible: el fiscal debe ser absolutamente independiente del Ejecutivo. En España, el Ministerio Fiscal no goza de esa independencia. Atribuirles la instrucción penal sin reformar profundamente el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el sistema de nombramiento del Fiscal General, que emana directamente del Gobierno, sería un riesgo gravísimo para el Estado de Derecho. No podemos cambiar el modelo de instrucción si no garantizamos primero la autonomía total del órgano.

Hablemos de las grandes plataformas tecnológicas. Se dice que son la gran amenaza para la democracia por su capacidad de manipular la opinión pública. Ante esto, el Gobierno ha presentado el Plan de Acción por la Democracia. ¿Cree que este plan puede acabar debilitando la libertad de expresión?

Este es, sin duda, el mayor peligro para el futuro del Estado de Derecho. Dejar la información y los procesos democráticos enteramente en manos de las grandes tecnológicas, que solo se mueven por intereses económicos, es un riesgo inmenso. Pero que el Gobierno de turno –el que sea– pretenda controlar esas plataformas es igualmente peligroso, o incluso más, porque añade un sesgo ideológico directo.

Si el poder ejecutivo domina la tecnología que filtra la información, la alternancia política, que es la base de la democracia, se vuelve extremadamente difícil. Necesitamos una regulación, por supuesto, pero que sea técnica, que entienda los sesgos algorítmicos y que esté blindada por garantías jurídicas que nos protejan tanto del mercado digital como del control gubernamental. El objetivo debe ser que nadie acabe dominando la información que nos llega para evitar sesgos que destruyan el debate público.

Su libro mira hacia el TJUE y el TEDH como esperanzas finales. ¿Pueden las instituciones europeas ser realmente el «freno de emergencia» ante la erosión nacional?

Yo soy 100% europeísta y estoy convencida de que la integración europea limita la tentación de cualquier gobernante de utilizar arbitrariamente sus potestades. La Unión Europea nos garantiza que no volveremos a las oscuridades de los años 30 del siglo pasado. Pero no debemos caer en la complacencia de pensar que Europa nos sacará las castañas del fuego mientras nosotros descuidamos nuestras instituciones. La responsabilidad de cuidar el Estado de Derecho es nuestra, del Estado español. Europa es un límite y una garantía, como hemos visto en el caso de Hungría, donde las derivas autoritarias han encontrado frenos institucionales reversibles que no existen en otros lugares del mundo. La UE es nuestra red de seguridad, pero nosotros debemos ser los primeros guardianes de nuestra propia libertad.