¿Por qué existen los jurados populares?

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Pablo Cerezal

@pablo_cerezal

Inolvidable Gregory Peck, como el abogado Atticus Finch, en Matar un ruiseñor (1962), esa película erigida en demoledor alegato contra la segregación racial en Estados Unidos. Un alegato que el espectador siente desmoronarse por obra y gracia de un jurado popular que dicta veredicto de culpabilidad contra el reo en cuya defensa Finch ha desplegado un tropel de evidencias sobre su segura inocencia.

La película, basada en la novela homónima de Harper Lee, invita, entre otras cosas, a reflexionar sobre cómo los prejuicios sociales, en este caso sobre la raza del acusado, un afroamericano, pueden manipular a una serie de personas llamadas a formar un juzgado popular en base a defender la participación ciudadana en la administración de justicia.

Si bien la película atañe a un caso lejano a nosotros, a nivel espacio temporal, revela cómo los juicios en que participa un jurado popular suelen convertirse en los más mediáticos. Aquí, en nuestro propio país, y no muy alejados del tiempo actual, podemos referir procesos judiciales que saltaron a los medios propiciando verdaderos juicios paralelos entre gran parte del corpus social.

Ecos más que potentes que el caso expuesto en Matar un ruiseñor pueden encontrarse en el Caso Wanninkof, un juicio donde el jurado popular, llevado por la histeria generalizada que el caso generó en la sociedad española, cometió uno de los errores más graves de la historia de nuestra jurisprudencia.

En 1999 se encontró el cuerpo sin vida de Rocío Wanninkof, una joven de 19 años. De su asesinato se acusó, sin pruebas concluyentes, a Dolores Vázquez, ex pareja de la madre de la chica. La presión mediática y los prejuicios hacia la orientación sexual de la acusada fueron suficientes para que el jurado la declarase culpable. Años después, se descubrió al verdadero asesino de la joven.

Respecto a lo mediático que puede llegar a ser un caso judicial en que interviene un jurado popular, el conocido como Caso Asunta no deja lugar a dudas. A pesar de las numerosas dudas que quedaron tras dictarse sentencia, el jurado consideró probado que los progenitores de Asunta Basterra, una niña de 12 años cuyo cadáver apareció en 2013 en una pista forestal gallega, la habían asesinado tomando la decisión previa de hacerlo de común acuerdo.

Numerosos reportajes periodísticos y pseudoperiodísticos, libros, documentales e incluso una serie televisiva estrenada por Netflix en 2024 dan prueba del impacto mediático de estos casos y cómo afectan a la emocionalidad de la sociedad en su conjunto.

Igualmente mediática fue la condena de Ana Julia Quezada a pena de prisión permanente revisable, la primera mujer sobre la que recae dicha sentencia desde que se incorporase a nuestra legislación en 2015, por el asesinato de Gabriel Cruz, hijo de su pareja sentimental.

Y la de José Bretón, que en 2011 asesinó a sus dos hijos, de dos y seis años de edad, siendo el propio condenado el que iniciase el revuelo mediático y la convulsión social al airear en numerosos medios de comunicación lo que él aseguraba desaparición de sus hijos mientras jugaba con ellos en un parque cordobés.

Sin duda, la gran mayoría de casos que se ponen en manos de un jurado popular tienen un impacto social de gran calibre. Pero, en nuestro país, un jurado popular únicamente puede juzgar delitos de homicidio, amenazas, allanamiento de morada, cohecho, omisión del deber de socorro, infidelidad en la custodia de presos y de documentos, fraudes y exacciones legales, negociaciones prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias o malversación, siendo estos últimos por los que se ha dictaminado que sea un jurado popular quien juzgue a Begoña Gómez, esposa del actual Presidente del Gobierno.

Este último caso, que cuenta con una importante cobertura mediática desde hace tiempo, se vuelve más complejo en base a la polarización social que, en numerosas ocasiones, es provocada por los propios medios de comunicación.

Los jurados populares en España reciben el nombre legal de Tribunal de Jurado

Sería difícil asegurar la absoluta imparcialidad de los miembros de un jurado popular, ya que, de alguna manera, en la mayoría de los mismos ya existe un juicio social paralelo en que unos y otros han dictado su propia sentencia. La emocionalidad de los casos expuestos hace tomar partido a cada uno de los ciudadanos que tienen conocimiento de los mismos, y los medios se encargan de que sean pocos quienes queden a salvo de la presión de verse obligados a elegir.

Los jurados populares en España reciben el nombre legal de Tribunal de Jurado. Están compuestos por 9 miembros y 2 suplentes que no pueden negarse a su elección salvo por causas justificadas. No se les  impone incomunicación salvo durante las deliberaciones y su veredicto no ha de ser obligatoriamente unánime, siendo suficiente contar con una mayoría para que, posteriormente, el juez dicte sentencia en base a dicho veredicto.

Desde que, en 1996, se instauró en España la posibilidad judicial de los Tribunales de Jurado, el porcentaje de sentencias condenatorias supera con creces al de las absolutorias. Numerosos expertos apuntan a que el motivo radica en la actitud punitiva de los ciudadanos, propiciada por la intensificación actual de miedos y preocupaciones sociales como la inseguridad y el hartazgo ante la supuesta ineficacia de la justicia penal para atajar la delincuencia. Todo esto, junto al inevitable componente ideológico de los casos que pueden ser objeto de veredicto por parte de un Tribunal de Jurado, abre la puerta a idénticas dudas que las que se planteaban en Matar un ruiseñor sobre la imparcialidad de esta figura de la justicia penal.