«Las políticas de austeridad no sirven para salir de esta crisis»

Madrid no está tan vacío como suele en esta época del año. Es un verano atípico, enmascarillado, incierto. Yolanda Díaz (Fene, La Coruña, 1971) nos recibe en su despacho. «¿Podréis tomaros unos días de descanso?», preguntamos mientras colocamos trípodes y encendemos grabadoras. «Estáis en el Ministerio de Trabajo. Aquí no tenemos nunca vacaciones», bromea la ministra. Es consciente de que dos de cada tres españoles, según desvelaba recientemente el CIS, tampoco podrán hacerlo. Hablamos con ella de los enormes retos sociales y económicos que ha traído consigo la pandemia, pero también de otros caballos de batalla que ya estaban ahí, como la digitalización, los cuidados, el teletrabajo o la situación de los falsos autónomos.

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El último diagnóstico del Banco de España sobre las consecuencias económicas de la COVID es poco halagüeño: el PIB retrocederá este año entre un 9% y un 15% y remontará solo parcialmente en 2020. La recuperación de los niveles pre-crisis llegará, en el mejor de los casos, a finales de 2022. ¿Cómo amortiguar los efectos de la pandemia sobre el empleo y sobre las cuentas públicas?

Lo primero que tengo que hacer es recordar que estamos viviendo una pandemia, una crisis económica y social mundial como no hemos conocido en un siglo. Yo recuerdo bien aquella reunión del G-20 y cómo se desplomaron millones y millones de empleos en Estados Unidos. El impacto y la conmoción que causó. Por tanto, quiero poner el marco de la gravedad y la incertidumbre de la crisis que estamos transitando. Y digo esto porque no tenemos experiencias. La crisis antecedente tenía una causa localizada, la crisis financiera. Ahora es mucho más complejo. Y todas las economías, en más o menos términos semejantes, se están resintiendo. La nuestra, absolutamente. También el Banco de España dice, sin embargo, que, por primera vez, frente a una caída del PIB que ya se ha producido –no hablo de expectativa–, la caída del empleo en términos de mercado de trabajo no ha sido igual. Esto es un elemento diferencial muy importante derivado de la acción pública que hemos despegado. Ya sabemos por la EPA del segundo trimestre que tres millones de trabajadores y trabajadoras, desde sus hogares, han salvado a cientos y cientos de empresas y cientos y cientos de puestos de trabajo. El despliegue masivo de los expedientes, que están completamente rediseñados y casi son a la carta, ha sido una herramienta clave. Insisto en las cifras, pero es que son muy contundentes: los ERTES han permitido, nada más y nada menos, que 550.000 empresas estén vivas y salvar a 3.400.000 personas que siguen acogidos a ellos. Esto también lo dice el Banco de España. Por tanto, sí, hay desplome del PIB, y es normal: es la primera vez en la historia del mundo que se para la economía. También estamos viviendo momentos históricos en lo que se refiere al acuerdo europeo que se saldó la semana pasada y que señala un antes y un después; un antes que tiene que ver con enmendar las políticas vinculadas a la austeridad como salida a la crisis, que no han servido y han hecho que nuestro país, frente a otros países que salieron de la crisis financiera en 12 meses, en 18 meses, como mucho, haya tardado más de diez años.

«La grandeza del acuerdo europeo es que no habrá injerencias ni vetos»

La profundidad e idiosincrasia de esta crisis es incuestionable. Sin embargo, la economía española está siendo una de las más castigadas, entre otras cosas, por la dependencia del turismo, el peso de las pymes o la elevada temporalidad laboral, realidades que ya existían antes de la pandemia. ¿Qué medidas estructurales, a medio y largo plazo, plantea el Gobierno para corregir estas vulnerabilidades?

Yo he denominado a esto «la anomalía española». Son jóvenes y son contratos patológicos de relaciones laborales absolutamente insostenibles, que es lo que nos ha caracterizado durante todo el bipartidismo y hasta muy recientemente. Somos los campeones de la temporalidad, de la precariedad y de la rotación, y con unos señuelos en la estructura productiva en los que, efectivamente, hay dependencias estructurales en sectores que generan escaso valor añadido. Esto es un obstáculo. ¿Qué hemos de hacer? Seguir la senda que hemos iniciado con la pandemia. En primer lugar, lo que hemos hecho es sortear el marco legislativo español que teníamos. Hablo con claridad: lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo es esquivar el Real Decreto 3/2012, conocido popularmente como reforma laboral. Si no llegamos a hacer esto, se habría aplicado motu proprio y con todo el peso de la ley, lo que habría supuesto despidos masivos, ninguna protección social, descuelgues salariales, modificaciones de todas las condiciones laborales… En fin, dramas humanos tremendos. No se puede salir de esta crisis con las normas que fundamentan la precariedad, la temporalidad y la devaluación salarial. Es lo que ha dicho Europa: no queremos austeridad. Y si hay una norma que ha colocado en la centralidad la austeridad, la precariedad y la devaluación salarial es el Real Decreto 3/2012. Hay que modernizar el marco legislativo español para redefinir las relaciones laborales siglo XXI y para proteger a los trabajadores y trabajadoras. Ya lo estamos haciendo. La reforma laboral incorpora el artículo 13 con una definición pésima del teletrabajo, tan mala que la tuvimos que esquivar y legislar ex novo en el Real Decreto 8. Las normas de la austeridad no sirven para la salida a esta crisis. Y lo creo no dogmáticamente, sino científicamente.

Precisamente uno de los principales caballos de batalla internos, que ha enfrentado a PSOE y Unidas Podemos, ha sido la derogación, íntegra o parcial, de la reforma laboral. ¿Por qué el todo o la nada? ¿Dónde queda en ese caso el diálogo social, precisamente lo que permitió a Gobierno, patronal y sindicatos acordar la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros?

Este ministerio ha hecho del diálogo social con mayúsculas su seña de identidad. En escasamente cinco meses hemos concitado cuatro grandes acuerdos sociales como nunca se habían conocido en la historia de la democracia española. Y va a continuar siendo así. Ahora bien, el diálogo social puede terminar con acuerdo o sin acuerdo. Hemos de permitir y acentuar la posibilidad de que los actores sociales puedan no solo debatir y discutir y crear normas, sino que puedan contrarrestarlas permanentemente. Cualquier cambio que se haga desde nuestro ministerio se va a hacer con diálogo social. A mí me gustaría que todo fuera con acuerdo, pero soy consciente que hay elementos en los que no va a haberlo. Pienso en el afuera. Tenemos una parte muy importante de los trabajadores y trabajadoras que son pobres. Tenemos a la mitad de la población trabajadora en relaciones laborales precarias. La mitad. A veces no somos conscientes de lo que decimos, pero los datos son de una dureza extraordinaria. Me parece que, en términos democráticos, la ciudadanía no entendería que nos alejáramos del cumplimiento del acuerdo de Gobierno. Si alguien piensa que el no cumplimiento del acuerdo perjudica a una de las partes, creo humildemente que se equivoca: perjudica al Gobierno en su conjunto, y muy singularmente al presidente.

«El teletrabajo no puede ser una herramienta para abaratar costes salariales ni para precarizar más las relaciones laborales»

Desde Bruselas se pone en cuestión que se dé marcha atrás a «reformas que han funcionado». Para que los 140.000 millones de euros del Fondo de Recuperación de la UE lleguen a España, se tendrán que presentar planes de reformas a la Comisión Europea. ¿Podría haber injerencias sobre las decisiones del Gobierno si no cumplen con las recomendaciones europeas o, incluso, podría paralizarse la derogación de la reforma laboral?

No. Esta es la grandeza del acuerdo y del Consejo de Europa de mayo: no hay injerencias ni hay vetos, y esto es muy importante. Quiero recordar el nefasto papel de la oposición del Partido Popular: es absolutamente incomprensible presentarse ante Europa con la vocación de ser rescatados, de retornar a los tiempos de la Troika o de imponer su programa ideológico –que es muy respetable; yo sé perfectamente que la reforma laboral es muy buena para una parte de la sociedad, pero no para la mayoría social–. Pero como podéis comprobar, el acuerdo que se ha firmado en Europa, en su apartado a.18 y a.19, dice con claridad cuáles son los niveles de reformas estructurales que hemos de abordar en todos los países. Y creo que aquí la UE da también un salto cualitativo, y dice que los elementos de centralidad son: uno, el crecimiento del empleo; dos, la transformación digital (esto es clave; hablar de transformación digital es hablar del cambio del modelo productivo); y tres, la transformación de la economía verde, junto con la igualdad de género. Ha quedado claro que las políticas de recortes no sirven para afrontar esta crisis. Ahora bien, el reto y la responsabilidad de ejecutar estas cantidades ingentes de dinero en proyectos que nos eleven a la digitalización y a la transformación verde de la economía es enorme.

La bautizada «ley rider», que pretende combatir los falsos autónomos en plataformas digitales como Glovo y Deliveroo, anunciaba su presentación para finales de agosto. ¿En qué estado de desarrollo se encuentra? ¿Podría avanzarnos el alcance y los plazos de esta regulación?

La ley está lista, gracias a un equipo magnífico, y es una ley urgente. Esas personas que, cuando la pandemia nos asolaba, transitaban en bicicletas por nuestras calles se han jugado la vida y nos han demostrado, como señala la propia Unión, que estaban desprotegidos. Hay diez sentencias de tribunales españoles que concluyen que esas personas no son emprendedores ni autónomos. Y dicen más: que son relaciones laborales ordinarias, es decir, son asalariados, y que no se puede disponer sobre la condición de ser trabajador o no; se estaría cometiendo un fraude. Me parece que el escenario ideológico está claro. Es cierto que hay un debate interno en el seno del Gobierno. Yo, desde luego, vuelvo a decirlo: los falsos autónomos están recogidos en el apartado 1.6 de nuestro acuerdo de Gobierno. Me parece que estas personas son la imagen de la vulnerabilidad. Y técnicamente –aquí ejerzo de abogada–, no hay ninguna autonomía en esos chicos y chicas que transitan nuestras calles.

Nada de plazos, entonces.

La ley está lista desde hace bastante tiempo, pero no podemos dar plazos hasta que ese debate salga del Consejo de Ministros… En una parte del Gobierno, que es bien conocida, se empeñan en entender que deben continuar en estas condiciones. Yo, desde luego, voy a trabajar por el respeto de las sentencias de los tribunales en mi país y por el respeto democrático al acuerdo de Gobierno.

Hablemos del futuro del trabajo. Si la revolución tecnológica y la robotización ya venían alterando el mercado laboral, la COVID acelerará esta tendencia. En efecto, las máquinas no se contagian ni se ponen enfermas. ¿Cómo asegurar una transición justa hacia la digitalización, generando, a su vez, empleo de calidad para la era digital? Según datos de la OCDE, en 2020 habrá 900.000 puestos de trabajos digitales sin cubrir, de los que 85.000 lo estarán en España.

Este es uno de los grandes temas en los que pone el foco Europa. En primer lugar, creo que hay que abandonar los ludismos digitales. Digo esto porque existe una pesadumbre, una visión pesimista, de cierto miedo, en una parte de la sociedad hacia la tecnología, como si lo fuera a destruir todo. No es real. Es una enorme oportunidad. Siempre, todos los avances tecnológicos han servido para ayudarnos. La inteligencia artificial, en la medicina, por ejemplo, es clave. Puede ser generadora, como dices, de múltiples puestos de trabajo. Ahora bien, tiene muchos riesgos que hay que cuidar: el respeto a los derechos fundamentales, el respeto máximo a los derechos laborales, el no convertirnos en esclavos de la tecnología y entendernos en el proceso colectivo de diálogo con la robótica, con la tecnologización y con la digitalización. Y hay que desplegar todas las acciones públicas para que nadie quede atrás, descolgado del mercado laboral o empobrecido. La oportunidad de incremento de la productividad es máxima. También de mejora de la calidad de vida, porque debería permitirnos trabajar menos horas. También me gustaría que España jugase un rol en el proceso tecnológico. Es decir, que tuviéramos ciertos elementos de soberanía y que no agudizáramos nuestra dependencia en el cuidado de los datos con Europa, Estados Unidos y China. Tenemos talento sobrado, jóvenes, mujeres y hombres fuera de nuestro país que podrían dar lo mejor de sí mismos en estos procesos. Pero para eso hay que apostar decididamente. Por tanto, frente a esos riesgos que existen, siempre me quedo con las enormes posibilidades que ofrece la tecnología.

«Si no funciona el ascensor social, es que hay enormes bolsas no solo de desigualdad, sino de pobreza»

Has mencionado la limitación del tiempo de trabajo. Precisamente tu partido abogaba en su programa electoral por la reducción de las jornadas laborales a 34 horas semanales, una medida que no se incluyó en el acuerdo de Gobierno. ¿Crees, en cualquier caso, que ese escenario puede darse en un futuro cercano?

Esto no es una posición ideológica. Está estudiado que aumenta la productividad y la calidad de vida, e incluso creo que es una buena herramienta para el reparto de trabajo. Ya tenemos bastantes convenios colectivos que aminoran las horas de trabajo y países que tienen una jornada laboral muy pequeña. Es decir, que nos quedamos muy alejados de otros países europeos. Es cierto que he de cumplir con el programa de Gobierno y esto el Partido Socialista no lo comparte o no lo quiso incluir, pero me parece que es una materia de máximo debate hoy, y no porque sea una herramienta de conciliación. Quiero subrayarlo. De la conciliación, de la corresponsabilidad y de los cuidados hay que hablar aparte. A veces se confunden la reducción de la jornada para los cuidados cuando se trata de reducir la jornada por razones productivas y de calidad de vida. Luego, hay una cultura empresarial que pesa, que es la presencialidad y el estar muchas horas en los centros productivos, que son bastante ineficaces. Esto, claro, no representa a todas las empresas: hay algunas súper modernas que están haciendo cosas chulísimas, y lo quiero poner en valor.

Sin caer en ese ludismo digital, en una entrevista reciente que te hacían en Retina comentabas que, de la misma manera que «los derechos de los trabajadores no se detenían en la puerta de las fábricas, ahora tampoco han de pararse en el teclado del ordenador». ¿Qué desafíos plantea el teletrabajo? ¿Cómo legislar esta nueva realidad sin desincentivar o ralentizar su implantación, como teme la CEOE?

El teletrabajo o el trabajo a distancia tiene enormes riesgos que también están estudiados: riesgos psicosociales, de aislamiento social, digitales, para las mujeres, en materia de salud laboral… Por tanto, debe de hacerse bien. El dispositivo que hemos desplegado en la pandemia no es teletrabajo en condiciones, no es lo adecuado. Hay que cumplir con una serie de normas. ¿Son controlables los riesgos? Sin lugar a dudas. La centralidad de la norma, que la hemos vinculado directamente al acuerdo europeo sobre teletrabajo del año 2002, es que sea voluntaria. Esta es la clave. También hay que analizar el puesto de trabajo, dónde se trabaja y en qué condiciones. Hay que pautar la jornada, el porcentaje de tiempo en el que, dependiendo del convenio colectivo o, en su defecto, de las 8 horas ordinarias, voy a tener que estar conectado, disponible y a disposición del empleador, y el otro porcentaje en que voy a tener flexibilidad. Hay empresas en nuestro país muy grandes que están teletrabajando y que lo están haciendo muy bien. Por tanto, vale la pena asumir este reto. Pero esto no puede ser una herramienta para abaratar costes salariales ni para precarizar más las relaciones laborales. Y no es una herramienta de conciliación en absoluto. Las imágenes que veíamos durante la pandemia, en mis ruedas de prensa telemáticas, por ejemplo, de periodistas con sus hijos e hijas; o yo misma, con mi hija en este despacho… Eso no se puede hacer. Hay que preservar los derechos laborales. Los derechos de descanso (artículo 34) se van a aplicar exactamente igual. Los derechos de conciliación (37 y siguientes) también. Y un plus de protección en la disponibilidad del tiempo, la desconexión digital y la protección de datos.

Según un minucioso análisis de la Fundación Felipe González y Cotec, en España, la renta del hogar de la infancia influye, y mucho, en la renta que se tendrá en el futuro. Otro informe reciente de la ONU afirma que el 26% de la población se encuentra en riesgo de exclusión en nuestro país. ¿Cómo arreglar el averiado ascensor social en España?

Es uno de los problemas que tiene el modelo actual. El ascensor social ya no funciona, ha quebrado, y el contrato social se ha roto. Y la palanca fundamental que era, para una persona como yo, hija de trabajadores, poder acceder a la universidad, hoy es muy complicado. Restringir el acceso a los elementos compensatorios de igualación social, sustancialmente la educación y la universidad, genera una desigualdad profunda. Si no funciona el ascensor social, es que hay enormes bolsas no solo de desigualdad, sino de pobreza. Y no es tolerable. Tenemos que hacer un desempeño inteligente, con inversiones públicas racionales en todos los elementos compensatorios de la educación para que una persona que procede de una familia humilde tenga las mismas oportunidades que una persona con recursos económicos más elevados. Nunca va a ser igual, porque los recursos culturales que te otorga tu posición de clase te dan un punto de partida diferente. Pero el sistema educativo ha de propiciar que una persona que viva en un pueblecito galego tenga las mismas oportunidades que una persona en el centro de Madrid. Hoy no es así, ni siquiera digitalmente, y esto es hablar de democracia. Parte de la cultura hoy está por las redes: si privamos a una parte de la población de acceso a esos recursos, generamos sociedades desiguales, empobrecidas, y cuestionamos la democracia. El esfuerzo ha de ser máximo.

«Hay que abandonar los ludismos digitales: los avances tecnológicos siempre han servido para ayudarnos»

La crisis del coronavirus ha evidenciado aún más las carencias de nuestro modelo de cuidados. ¿Cómo debe transformarse para garantizar la universalidad y calidad de los cuidados y el reconocimiento social y económico de los y, sobre todo, las que cuidan? ¿Qué medidas plantea el Gobierno para luchar contra los empleos informales en cuidados e impulsar la profesionalización del sector? 

Respecto a los cuidados, España tiene un debate pendiente: qué hacemos con ellos y cuántos recursos les dedicamos. Los cuidados deben estar en el centro de cualquier acción pública, y los modelos están diseñados. El plan Me Cuida que hemos hecho es extraordinario. Incluso permite una reducción de la jornada al cien por cien, lo nunca visto en nuestro país. Lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo, en la parte que le competía, era preservar a la trabajadora para que no pudiera ser despedida si decidía reducir la jornada un 20, un 30, un 40% o, sencillamente, decía que no iba a trabajar. Ahora bien, lo normal sería que fuera complementado con un recurso público para que esa persona siga teniendo cotización a la seguridad social y, desde luego, un salario. Es un debate de primera magnitud. Uno de los males de la sociedad española tiene que ver con una cultura política nefasta, representada en aquella demoledora frase que dijo Solchaga de «no hay mejor política industrial que aquella que no existe». Y la segunda es la cultura de la temporalidad y de la precariedad, que impregna todo y en todos los niveles. ¿Qué me decía Fátima Báñez en la oposición? «Señora Díaz, elija usted: o el paro o la precariedad». Cuando una dirigente pública que estuvo aquí, en este ministerio, me dijo esto tantas veces –porque no fue una sola, a la hemeroteca me remito– es que considera que ese valor social es correcto pedagógicamente. Primero hay que desplegar una cultura que destituya todo este proceso paulatino de más de 35 años. No es pequeña cosa: los valores sociales son muy perennes. Y obviamente hay que cambiar el marco legislativo. Con la reforma laboral del PP el empresario puede hacer lo que quiera: cambiar la jornada, el salario, los turnos, las condiciones, desplazar geográficamente… No tiene que negociar nada. Realmente lo que tenemos es una herramienta masiva para precarizar sectores que estructuralmente están trazados por esa cultura de la precariedad.

De hecho, los cuidados abarcan un gran abanico de actividades, más allá de la atención a los niños, mayores y dependientes o al trabajo doméstico. También incluyen a los temporeros que cultivan y recogen la fruta y que han hecho posible que los alimentos llegaran a nuestros platos durante el confinamiento. ¿Cómo dar respuesta a la precariedad y malas condiciones laborales a las que se enfrentan estos sectores?

Me he quedado perpleja en relación a la campaña que está desplegando en estos momentos la propia Inspección de Trabajo en el mundo de la agricultura, agradeciendo a los temporeros su trabajo, que dos patronales agrarias me amenacen sin cortarse. Incluso cuestionan que se practiquen inspecciones de trabajo en esta materia. Me parece gravísimo. Las relaciones laborales tienen que ser justas e igualitarias. Los convenios colectivos han de aplicarse y, desde luego, lo que no se pueda hacer es, como a veces sucede, abusar de personas migrantes que tenemos en nuestro país en situación de necesidad.