Vivir versus sobrevivir: cuando tener casa no significa tener hogar

Artículo

Raluca Budian

Imagen

Rawpixel

Hablar de vivienda suele reducirse a una idea básica: tener un techo bajo el que resguardarse. Sin embargo, esta visión resulta insuficiente para comprender la realidad de millones de personas. Tener una casa no siempre significa vivir dignamente. Para muchas personas, «tener vivienda» se ha convertido en una forma de sobrevivir, más que de vivir plenamente. Pero, ¿cómo se conecta con un tema tan cotidiano como la vivienda? ¿Por qué pensar en casas y hogares cuando hablamos de justicia social? La respuesta está en comprender que tener una casa no siempre significa vivir dignamente.

Cuando pensamos en una casa, lo primero que nos viene a la mente es un espacio físico: paredes, techo, una dirección postal. Sin embargo, un hogar implica mucho más: seguridad emocional, estabilidad, pertenencia y un entorno donde uno puede descansar, crecer y construir su vida. En 2026, muchas personas tienen una estructura donde vivir, pero no tienen las condiciones que permiten realmente vivir. La precariedad habitacional, situaciones como alquileres extremadamente caros, contratos temporales, viviendas en mal estado o ubicaciones periféricas sin servicios básicos, convierten la vivienda en un espacio de constante tensión. Muchas personas viven con miedo a perder su lugar, con estrés por pagar el alquiler o con ansiedad por las condiciones de insalubridad. Esto es especialmente visible en contextos urbanos donde el costo de la vivienda ha aumentado más rápido que los ingresos de la población.

Muchas personas tienen una estructura donde vivir, pero no tienen las condiciones que permiten realmente vivir.

En este contexto, la justicia social nos invita a mirar más allá de la existencia de un techo y a preguntarnos cómo se vive dentro de ese espacio: ¿ofrece la vivienda seguridad?, ¿permite que las personas se sientan libres de proyectar su futuro?, ¿garantiza bienestar o solo cubre necesidades básicas sin dignidad? La precariedad habitacional no afecta a todas las personas de la misma forma. Algunos colectivos enfrentan barreras sistemáticas que agravan su acceso a una vivienda digna y a un verdadero hogar. Como las personas migrantes, que, a menudo tienen menor acceso a contratos formales, enfrentan racismo inmobiliario y se ven forzadas a aceptar condiciones abusivas o alquileres informales. La falta de una red de apoyo también dificulta su acceso a viviendas dignas, lo que perpetúa ciclos de exclusión y vulnerabilidad. O las personas jóvenes que trabajan o estudian y no pueden emanciparse debido a la combinación de salarios bajos, altos precios de la vivienda y empleos con condiciones inestables, lo que transforma el sueño de «tener un lugar propio» en un ideal lejano.

Las familias monoparentales formadas por una madre y sus hijos enfrentan mayores riesgos por la brecha salarial y por la necesidad de equilibrar trabajo y cuidados. Esto las coloca en una situación de precariedad constante, donde cualquier crisis económica o de salud puede significar perder su vivienda. O, las personas mayores, que, aunque tengan una vivienda propia, muchas viven en espacios mal adaptados, con costes elevados de energía o sin acceso a servicios esenciales, lo que transforma lo que debería ser un espacio de descanso en un lugar hostil y poco seguro. Además, existen personas sin hogar que no viven literalmente en la calle, sino que van rotando entre casas de familiares o amigos, o viven en alojamientos temporales e inestables. Aunque no figuren en estadísticas, también sobreviven sin un hogar real.

La falta de una vivienda digna no solo afecta a las condiciones físicas de vida. Tiene impactos profundos en la salud mental, el bienestar emocional y las oportunidades de las personas. Vivir con miedo constante a perder la vivienda o en espacios que no brindan seguridad genera estrés crónico. Para los niños y niñas, la inestabilidad residencial puede repercutir negativamente en su rendimiento escolar, en sus relaciones sociales y en su desarrollo emocional, lo que tiene efectos a largo plazo en su vida adulta. Además, la falta de un hogar estable debilita los vínculos comunitarios. Las personas que deben mudarse con frecuencia pierden oportunidades de construir redes de apoyo, lo que aumenta la sensación de aislamiento y exclusión.

Reflexionar sobre la vivienda desde una perspectiva de justicia social implica reconocer que no basta con garantizar un techo. Es necesario asegurar condiciones que permitan a las personas vivir con dignidad, estabilidad y bienestar. La vivienda no debería ser únicamente un bien de mercado, sino un derecho fundamental que sostiene otros derechos como la educación, la salud y el trabajo.

• ¿Estamos construyendo ciudades donde todas las personas puedan vivir con dignidad?
• ¿Qué políticas públicas se necesitan para garantizar que la vivienda deje de ser un lugar de mera supervivencia?
• ¿Cómo podemos promover condiciones que transformen una casa en un verdadero hogar para todas las personas?

Analizar la vivienda desde esta perspectiva permite comprender que disponer de una casa no siempre equivale a tener un hogar. La justicia social pasa por garantizar espacios seguros, estables y adecuados, donde las personas puedan desarrollarse y sentirse parte de la sociedad. Solo de esta manera será posible avanzar hacia comunidades más justas, en las que la dignidad humana deje de ser una aspiración y se convierta en una experiencia real.

Raluca Budian es directora asociada del Observatorio de Vivienda Digna de Esade