¿Qué está pasando con la Ley de Bienestar Animal?

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Jorge Ratia

@JorgeRatia

Uno de cada tres hogares españoles custodia en su interior, al menos, un animal de compañía. En total, hay más de 30 millones de mascotas repartidas por el país, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía (Anfaac). Sin embargo, se calcula que alrededor de 6 millones no están identificadas legalmente, algo que podría suponer un riesgo para la salud pública. Además, a pesar de que en la mayoría de casos los animales son considerados como miembros plenos de la familia, en 2023 fueron abandonados 285.000 animales, contando únicamente perros y gatos. Con el objetivo de poner fin a esta situación, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la Ley española de Bienestar Animal.

Esta ley entró en vigor el 29 de septiembre de 2023, y establece normas para regular tanto la tenencia como el trato de animales, con el fin de proteger y garantizar su bienestar. No obstante, esta ley ha generado controversia desde su aprobación por diversas disposiciones, como la obligatoriedad de realizar un curso para demostrar la aptitud para tener una mascota, y el llamado «listado positivo» de animales de compañía.

Entre las medidas destacadas, la ley prohíbe dejar a una mascota sola por más de 72 horas, un período que se reduce a 24 horas en el caso de los perros. Además, se prohíbe mantener a los animales de forma habitual en lugares como terrazas, balcones, trasteros o vehículos. Por otro lado, la venta de perros, gatos y hurones queda restringida a criadores autorizados, excluyendo la participación de mediadores y particulares. También se mantiene la clasificación de razas potencialmente peligrosas (PPP), lo que implica que razas como el Rottweiler seguirán sujetas a normativas estrictas de manejo, como la necesidad de licencia, uso de correa corta y bozal, etc. Curiosamente, la Ley de Bienestar Animal esconde excepciones, como que la cabra de la Legión podrá seguir desfilando el 12 de octubre, igual que la mula y el buey en los belenes vivientes. Estos animales de trabajo quedan fuera de la norma, salvo que, al dejar de ser productivos, su dueño decida registrarlos como animales de compañía en el nuevo Registro obligatorio para mascotas.

En 2023 fueron abandonados en España 285.000 perros y gatos

A primera vista, estas medidas pueden no parecer tan problemáticas, al fin y al cabo solamente pretenden proteger un poco más a seres vivos que a menudo han sufrido la irresponsabilidad humana. Ahora bien, podría haber dificultades en la implementación de la ley. Por ejemplo, esta dice que «corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las veinticuatro horas del día». ¿Cuál es el problema? Muchos ayuntamientos no tienen el dinero ni los recursos para cumplirlo. Además, los ayuntamientos también están obligados a controlar y gestionar las colonias felinas, o sea, contar con voluntarios (o trabajadores) formados, capturar a los gatos callejeros, vacunarlos, desparasitarlos, esterilizarlos y devolverlos a sus colonias. Entonces, no es que los costes de estas medidas sean inasequibles, es que en muchos lugares no se pueden ni siquiera cubrir las necesidades básicas de los animales.

Otro gran volumen de críticas surge por la falta de consulta con profesionales del sector. Algunos expertos, como el catedrático Christian Gortázar, argumentan que «la ley fue elaborada sin un criterio científico claro y con fines políticos», y que al tratar a las mascotas de manera más humanizada, podría poner en riesgo la ganadería. El presidente de Fundación Artemisan (organización que trabaja por la conservación de especies de fauna y flora), José Luis López-Schümmer, destaca que «la ley no va en consonancia con la legislación europea, que excluye de sus leyes de bienestar a la fauna silvestre».

La norma no incluye a los animales destinados a la alimentación, ni a los que se crían para experimentos científicos

Dicho lo cual, si bien es cierto que puede ser una ley revisable, hay información que la demoniza sistemática mediante bulos. Circula la idea de que la Ley afectará enormemente a la economía, pero la norma no incluye a los animales de producción, es decir, aquellos destinados a la alimentación, ni a los que se crían para experimentos científicos. Además, animales como toros o caballos que participan en espectáculos taurinos, así como los animales silvestres y los perros de caza, tampoco están protegidos por esta ley. Otra noticia descabellada es la afirmación de que la ley permite, en según qué casos, la zoofilia. Esto no es cierto bajo ningún concepto. De hecho, por primera vez se contemplan sanciones para quienes realicen actos sexuales con animales vertebrados si se les causa daño que requiera atención veterinaria, algo que hasta ahora no estaba penalizado en España.

En conclusión, España tiene una Ley española de Bienestar Animal que, aunque no contiene artículos apocalípticos, fue aprobada con un consenso muy limitado, incluso entre los miembros de los propios partidos políticos que lanzaron la propuesta. Hoy, tras casi un año de su entrada en vigor, aún no funciona plenamente. Esto se debe a la falta de reglamentos necesarios para implementar algunos de sus puntos más controvertidos, como la obligación de un seguro de responsabilidad civil y la realización de un curso de tenencia responsable. Habrá que esperar a nuevos datos para descubrir el impacto, positivo o negativo, de esta ley tan polémica.