La era de la descarbonización

El pasado 21 de febrero sucedieron tres cosas que aparentemente no tenían relación entre sí, pero que estaban estrechamente ligadas al momento que vive la transición ecológica. La calle Alcalá de Madrid amaneció con decenas de tractores rodeados de miles de agricultores que gritaban por megáfonos «No al Acuerdo de París»; las redes sociales se hicieron eco de un prototipo de un Cadillac propulsado por energía nuclear, denominado WTF (World Thorium Fuel), como alternativa a la gasolina; y varios medios publicaron que JPMorgan, BlackRock, State Street y Pimco —las principales firmas financieras estadounidenses que gestionan cientos de miles de millones de dólares en activos— van a abandonar o a reducir su implicación en Climate Action 100+, la mayor iniciativa de grupos inversores que busca que las empresas reduzcan sus emisiones contaminantes.

La descarbonización es ya un propósito político y social global marcado por la comunidad científica: es la única vía eficaz para evitar que, en este siglo, la temperatura media del planeta aumente dos grados (o incluso los supere), con irreversibles consecuencias. La mayor parte de los gases de efecto invernadero proceden del consumo de combustibles fósiles, por eso se inició una carrera hacia otras alternativas en 2015 con la firma del Acuerdo de París, y cada año adquiere un ritmo más acelerado —tal vez demasiado, en opinión de algunos expertos, o más bien, «demasiado inconsistente», como matizan algunos—. Se refieren a una disparidad de velocidades cada vez más acentuada: el sector de las renovables es el que está acometiendo una transformación más profunda en menor tiempo, mientras que otros, como la industria, la movilidad o la agricultura, están claramente rezagados, muy por detrás del calendario acordado en París.

Esa inconsistencia es la espita de hechos como los enunciados al principio. Las firmas automovilísticas han puesto toda la carne en el asador de sus centros de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) para desarrollar coches eléctricos, pero falta una red de carga que permita ir de un punto a otro sin quedarse tirado por el camino. Por eso ya muchos fantasean con alternativas, y de ahí que se celebrara en las redes un disparatado automóvil con una pequeña central nuclear por motor que podría circular durante cien años sin repostar.

Las intervenciones europeas sobre las actividades agrícolas que producen más CO2 asfixian la economía de miles de agricultores

Las intervenciones europeas sobre las actividades agrícolas que generan más CO2 (como la producción de carne, huevos o aceite vegetal) —traducidas en más impuestos y regulaciones cada vez más estrictas— se han sumado recientemente a los acuerdos de libre comercio y la competencia desleal de otros productos externos que desde hace años asfixian la economía de miles de agricultores. Dos ejemplos de que algunas medidas tomadas desde los poderes públicos en aras de la lucha contra el cambio climático alimentan una corriente reaccionaria que puede ser catastrófica para el planeta. Aunque las poderosas financieras estadounidenses han alegado que rebajan las exigencias ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) de sus activos por «un tema regulatorio», la opinión mediática asume que tiene mucho que ver con la influencia del Partido Republicano, que se apoya en el descontento de múltiples sectores de la sociedad para hacer bandera de su negacionismo climático —y muy posiblemente gobierne en la próxima legislatura—.

El reverso de todo esto es que las medidas de descarbonización ni siquiera están cumpliendo sus objetivos a nivel global. Según el último informe de Naciones Unidas, los gases de efecto invernadero aumentaron un 1,2% el año pasado para alcanzar un nuevo récord de 57,4 gigatoneladas de dióxido de carbono, muy lejos del 30% que deberían caer en 2030 para mantener los dos grados máximos de aumento de temperatura. En caso contrario, advierte el estudio, podríamos estar en un incremento de tres grados para finales de siglo, con consecuencias aún más devastadoras de las previstas.

El mundo se dirige, en cualquier caso, a una nueva era en la que los combustibles fósiles pasarán de un protagonismo absoluto a un papel cada vez más secundario. El hecho de que países productores de petróleo como los Emiratos Árabes estén diversificando en tiempo récord sus negocios e incluso apostando fuertemente por el de las renovables es un síntoma taxativo, pero tenemos otros ejemplos más cercanos: el Instituto para la Transición Justa se llamaba, hasta 2020, Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. Y en España ya hemos logrado que más del 50% del mix energético provenga de fuentes renovables.

Las firmas automovilísticas avanzan en el desarrollo de coches eléctricos, pero falta una red de carga

«No es imposible cumplir con los plazos y llegar a las cero emisiones en 2050, pero depende de una planificación más pensada y transversal», opina Ricardo Guerrero Lemus, doctor en Ciencias Físicas y director del Máster en Energías Renovables de la Universidad de La Laguna. Cuando dice que no está «entre los muchos científicos que abogan por abandonar los combustibles fósiles cuanto antes y a toda costa», se refiere a algunas compañías energéticas. «A partir de que se han establecido plazos para la descarbonización, las empresas grandes del sector se han rehecho con asombrosa rapidez, y antes que muchos otros sectores. Pero esto las convierte también en factores estresantes». Guerrero Lemus pone el ejemplo de algunas plantas de renovables, especialmente las primeras que se instalaron: «Pueden ser contraproducentes, porque para llegar a los objetivos intentan cumplir los menos trámites posibles, o las hacen más grandes y menos eficientes de lo que deberían». Y advierte también del rezago del autoconsumo, factor clave en la transición: «Algunas de esas empresas, que también son dueñas de las redes, ponen más trabas de las deseadas para obtener los permisos de conexión, y la figura del prosumidor se encuentra con subvenciones que son un quebradero de cabeza y suponen un entendimiento complicado con las instaladoras». Con todo, el experto opina que esta situación se está desmadejando, y apuesta a que, a medio plazo, no se pagará por la compra de suministro, sino por la garantía de suministro. «Quien tiene una placa solar en su casa pagará por que si se le estropea o deja de generar por alguna causa tenga la certeza de poder conectarse a la red general. Esa es una gran oportunidad de que podamos producir nuestra propia energía y que surjan al mismo tiempo empresas de suministro más especializadas».

David Ribó, profesor de Ingeniería Eléctrica en la UPV y colaborador de REDS-SDSN Spain, coincide en que transitar a diferentes velocidades es un problema: «Vamos hacia la instalación de renovables de una forma relativamente rápida, pero se está quedando atrás la demanda de energía renovable, cuyos sistemas hay que transformar en dos aspectos: para consumir menos, esto es, lograr que sea más eficiente, y para ir hacia esos espacios energéticos que sabemos descarbonizar, que son los que alimentan la electricidad». Opina que es un terreno aún por abonar: «Vamos por detrás de otros países de Europa, especialmente los del norte, pero también de Portugal. La electrificación del consumo residencial también está yendo más lenta en nuestro país que en muchos otros europeos, por ejemplo, el salto del gas natural a las bombas de calor». Y añade que «sobre todo va retrasada la transformación de la industria. En algunos sectores, todavía no tenemos soluciones competitivas, o son demasiado complejas, como procesos de alta temperatura, etcétera. Y, por otro lado, tenemos una estructura de pymes con falta de capacidad de inversión y planificación a largo plazo. Estos son los puntos que debemos reforzar, o muchos actores se quedarán atrás en esta transición».

En lo que respecta a la transformación de la industria, Jon Moreno, experto de Ecodes que trabaja en un programa para la descarbonización de los sectores del acero y el cemento, opina que es necesario cambiar los modelos productivos y de mercado. «Hay puntos que la industria debería abordar para ser menos dependiente de los combustibles fósiles. En primer lugar, hay que paralizar las inversiones en infraestructuras y proyectos relacionados con este tipo de combustibles para ser coherentes con la realidad climática y no caer en la falsa narrativa de las soluciones intermedias basadas, por ejemplo, en el gas natural, porque eso lleva a países que son muy dependientes del carbón a una doble transición que debemos evitar; se deben enfocar los recursos económicos y procesos a la economía realmente circular». Y zanja con una propuesta: «La industria grande tiene responsabilidad en la innovación tecnológica, es la que más recursos tiene, y debe apostar por eso para que luego la adopten empresas más pequeñas y pymes». En este sentido, existen iniciativas como el Pacto Activando PYMES x CLIMA y RESILIENCIA, en el que se involucran grandes empresas (entre otros agentes sociales) para crear una red de apoyo para las más pequeñas en la transformación de su modelo de negocio a uno más eficiente y bajo en emisiones. Son movimientos necesarios en un país donde las pymes representan más del 99% del tejido empresarial, por lo que su transición supondrá un paso decisivo en el cumplimiento de las metas de 2030 y 2050.

Andrea Jarabo: «Para que la transición sea justa y efectiva la sostenibilidad ambiental no debería dejarse a gente por el camino»

Pero en España hay una actitud positiva y proactiva, opina Jeremy Fosse, director de EcoUnión, Observadora oficial por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Se refiere concretamente al Instituto de Transición Justa, que, a través de fondos europeos, intenta acompañar a los diferentes sectores económicos en ese recorrido verde, así como apoyar una capacitación de los actores locales para que puedan seguir trabajando en el nuevo escenario. «Si se cierra una fábrica y cesa su actividad económica, hay que acompañar el proceso, puesto que hay gente que va a ganar con las nuevas medidas más sostenibles, pero no puede ser a costa de que otros pierdan».

En este sentido, Susana Martín, responsable de Políticas Públicas en Revo, señala que es necesario «el establecimiento de un modelo socioeconómico que haga compatible el bienestar generalizado de la población con la imprescindible sostenibilidad ecológica». Aboga por reconocer los aspectos estructurales para salir de la lógica actual. «Las finanzas, por ejemplo, obligan al crecimiento permanente y constante, que fuerza a sobrepasar límites ambientales, y muchas veces, a no tener en cuenta necesidades sociales». Martín cree que debemos ser más estrictos con el presupuesto de carbono (el límite total de las emisiones asociado a permanecer por debajo de una temperatura promedio global específica). «Es el que nos queda, y es importante tenerlo presente para ajustarnos a él, pero no está gestionado como debería, de momento; no hay una concreción de qué uso de ese presupuesto se va a hacer». Considera que, para llegar a cero emisiones en 2050, son necesarias inversiones decididas para evitar costes sociales «que pueden llevar a desastres humanos, como, por ejemplo, un apagón». Y concluye: «Por eso hay que establecer políticas para que el combustible actual que aún podemos usar se gaste precisamente en esa transformación. Es una cuestión de gestionar ese presupuesto, igual que se gestionan los presupuestos del Estado».

El sector de la vivienda también es clave en esta transición: después de la industria y el transporte, es la tercera causa de emisiones de CO2. Por eso resultan tan importantes las rehabilitaciones para mejorar la eficiencia, a las que se están dedicando numerosas ayudas desde las diferentes administraciones mediante fondos europeos. Sin embargo, este proceso también conlleva desigualdades: en muchos casos, una vivienda rehabilitada se revaloriza, y contribuye así al imparable alza inflacionista del sector. «La gentrificación verde impacta negativamente en la sostenibilidad, equidad y accesibilidad», advierte Andrea Jarabo, portavoz de Provivienda. Su más reciente informe aborda, desde un punto de vista propositivo, los desafíos de las políticas públicas en torno a la rehabilitación energética y a la vivienda asequible en España. Sobre el papel, la idea es sencilla: darle la vuelta al riesgo especulativo, y convertirlo en una oportunidad para los sectores vulnerables, que son los que más «sufren los problemas ambientales, como la pobreza energética, y no acceden muchas veces a esas ayudas porque no pueden adelantar el dinero». Jarabo adelanta varias iniciativas del estudio, como ayudas previas a los propietarios vulnerables para que rehabiliten sus casas, y en el caso de los arrendadores, a cambio de que las incluyan en una bolsa de vivienda asequible.

La descarbonización es una transformación global que atraviesa todos los sectores y exige, por tanto, medidas transversales e interdisciplinarias

La descarbonización del transporte también tiene un avance desigual, como señala Cristian Quílez, experto en movilidad de Ecodes. «Los vehículos eléctricos son ya una alternativa absolutamente válida, mientras que el hidrógeno, menos eficiente, podrá usarse en aviación y transporte marítimo», explica. Pero advierte que, si bien la industria está haciendo sus deberes, falta más información por parte del sector privado y de las administraciones sobre el impacto social de las medidas que están tomando, más allá del cambio climático. «En muchos ámbitos, existe un alto grado de incertidumbre, también entre la ciudadanía, que conlleva que ese proceso se esté llevando a cabo de forma demasiado lenta. En el transporte se siguen incrementando las emisiones, a pesar de todas las iniciativas a nivel nacional y europeo». Un sector en el que también existen actores vulnerables a la transformación verde, como los transportistas. Jorge Sanz, que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, propone una vía para que abandonen los combustibles fósiles y, en el camino, se vuelvan más eficientes: «Sería acertado gravar el consumo de diésel, calculado en función de los factores contaminantes, pero luego facilitarles deducciones. Así les incentivas a hacer un uso eficiente del gasóleo, y a transitar a alternativas de transporte más ecológico, algo muy diferente de subvencionarles el diésel, como ahora, que es justo lo que los desincentiva».

En definitiva, esta es una transformación global que atraviesa todos los sectores y exige, por tanto, medidas transversales e interdisciplinarias en las que la vulnerabilidad social se tome tan en cuenta como la vulnerabilidad del planeta. Como resume Andrea Jarabo, «para que la transición sea justa y efectiva, la sostenibilidad ambiental no debería dejarse a gente por el camino».