Elecciones 9J: la Europa que quieren (y proponen) los partidos

Independientemente del color de la cabecera, una idea subyace a los titulares de las últimas semanas con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el 9 de junio: estamos ante las más trascendentes de la historia del club comunitario. Y no es para menos, pues en los últimos cinco años de legislatura hemos superado una serie de eventos (una pandemia global, una guerra en Europa y una profunda crisis energética) que no solo han obligado a tomar medidas históricas –como la emisión de deuda conjunta para contener el impacto de la covid-19– sino también a repensar el papel de la Unión Europea tanto de puertas adentro como hacia fuera. De hecho, si bien los motivos y las propuestas difieren, los partidos de todo el arco parlamentario asumen como esenciales algunos desafíos: la necesidad de consolidar la autonomía estratégica de la UE, acabar con la dependencia de terceros países o reindustrializar el continente. Y hay un elemento clave que atraviesa todos estos retos: la energía.

Por eso, desde Ethic y la Cátedra de Energía y Sostenibilidad de la Fundación Ortega-Marañón (FOM) hemos reunido a un grupo de expertos en energía con representantes de los principales partidos políticos que concurren a las elecciones europeas (PP, PSOE, Vox, Sumar y ERC) con el objetivo de conocer las posturas, encuentros y desencuentros en las propuestas para construir una Europa más descarbonizada, justa y próspera.

Transición justa y protección al ciudadano

Si la energía es un aspecto central a nivel europeo lo es, en primera instancia, por el proceso de transición energética hacia las renovables –impulsado desde 2019 con la creación del Pacto Verde Europeo– en el que ya estamos inmersos. El objetivo es llegar a ser el primer continente neutro en emisiones para 2050. Pero no solo, pues el reto de la descarbonización es doble: llegar a tiempo para evitar una crisis medioambiental sin que ello conlleve una crisis social.

Juan Diego Requena (PP): «Los instrumentos fiscales no deben resultar gravosos para las personas vulnerables»

Uno de los puntos de mayor fricción en este sentido han sido los entornos rurales ya que, cuando se construyen parques eólicos o fotovoltaicos cerca de ciertas comunidades, en ocasiones, surge el conflicto. Sienten su paisaje mermado por una energía que, entienden, no les repercute de forma directa ni les proporciona puestos de trabajo. «Los grandes proyectos fotovoltaicos o eólicos han producido crispación social y, por ende, reflexión en el Gobierno. No solo hay que ver la rentabilidad económica de los proyectos, también la sostenibilidad en todos sus aspectos», expone Cristina Narbona, presidenta del PSOE. Sobre este aspecto, los análisis de los expertos que participaron en el ciclo detectaron cierta desconexión entre el impacto económico positivo que genera la transición ecológica en estos entornos y la percepción de ciertos sectores de la ciudadanía.

Fernando Ferrando, responsable de energía de Sumar, en defensa de una transición ecológica que ayude a recortar desigualdades, defiende que «acercar la energía no es solo que el consumidor entienda la tarifa, sino que participe». Además, «tiene que servir para la recuperación de derechos. La energía puede ser un bien común y una forma de compensar las reglas de mercado desiguales», añade.

Cristina Narbona (PSOE): «Debemos recibir mayor apoyo financiero europeo para nuestras redes eléctricas»

Su postura tiene ciertas similitudes con la presentada por Tomàs Molina, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): «La producción de electricidad está subiendo vertiginosamente y, en un continente con tantas personas, las desigualdades son obvias; no debemos dejarnos a nadie atrás y tenemos que responder a las necesidades de las personas de clase más baja», apunta el candidato por la coalición Ahora Repúblicas, en la que también se integran EH Bildu o el BNG.

Para Juan Diego Requena, responsable de política energética del PP, es vital fijarse en la fiscalidad de las personas más pobres: «Los instrumentos fiscales no deben resultar gravosos para las personas vulnerables, especialmente en un país como España en el que hay pobreza energética, ni debe penalizar a determinados sectores estratégicos». 

En cambio, para Vox, ni siquiera es una prioridad la transición energética, pues ponen en duda que la actividad humana esté tras el cambio climático. José María Figaredo, diputado del partido, no lo ve indispensable: «Nosotros creemos que ese paso acabará llegando, pero de una forma paulatina y sin necesidad de presionar al alza». Figaredo defiende que la prioridad debe ser mejorar el poder adquisitivo o la calidad de vida de la ciudadanía y quizás por el camino –como, por ejemplo, con la rehabilitación de viviendas– también se mejore el impacto ambiental, pero como algo accesorio.

Seguridad de suministro e infraestructuras

José María Figaredo (Vox): «nuestras principales apuestas son instalar más energía nuclear e impulsar la energía hidráulica»

Con la electrificación identificada por la mayoría de representantes como el camino más efectivo, eficiente y económico para descarbonizar el continente, otro de los puntos más tratados en las diferentes conversaciones ha sido el de las redes de distribución y el almacenamiento de la energía, esencial para que la potencia renovable llegue a los puntos de consumo.

Aumentar las inversiones en redes de conexión es prioritario para el PP. «Estamos en unas inversiones de 0,20 euros invertidos en redes por cada euro invertido en renovables, cuando desde la Organización Internacional de la Energía se recomienda que esa ratio sea de 0,70 por cada euro», destacó Requena. Con él coincide Cristina Narbona, para quien es vital hacerlo cuanto antes.

En la misma línea se sitúa el candidato de ERC, quien recuerda que por la falta de conexiones a la red eléctrica muchas empresas no tienen capacidad de aprovechar la energía proveniente de las renovables. Desde Sumar, si bien coinciden en lo anterior, ponen el acento en la necesidad de impulsar el autoconsumo a través de la instalación de placas solares en los edificios y casas particulares.

Las principales apuestas de la ultraderecha son instalar más energía nuclear e impulsar la energía hidráulica –en especial, de bombeo– como única tecnología viable para almacenar la energía renovable.

Impulso a la industria

Fernando Ferrando (Sumar): «Acercar la energía no es solo que el consumidor entienda la tarifa, sino que participe»

Si en líneas generales los partidos podrían estar de acuerdo en reforzar la infraestructura es, en parte, porque saben que esto puede suponer un importante impulso para la industria española existente, pero no solo: la energía renovable abarata los costes, y esto es un punto clave a tener en cuenta para atraer nuevas industrias al país y al continente. «El sistema eléctrico nacional tiene que fortalecerse aún más para dar respuesta a toda la demanda; debemos recibir mayor apoyo financiero europeo para nuestras redes eléctricas», reclama Narbona como requisito para aprovechar las oportunidades de una nueva era industrial verde. 

Desde Sumar, Ferrando sube la apuesta y propone «nuevas políticas industriales, incluso una agencia europea de inversiones para ello». Algo que podría concretarse en las prioridades de Molina que, por su parte, dice que desde ERC quieren liderar la electrificación del transporte, vivienda e industria.

«La energía es un bien y un servicio de primera necesidad tanto para las familias como para el crecimiento de las industrias. Tenemos que ser capaces de proveer energía suficiente, limpia y barata para desarrollar todos los retos del presente y del futuro», comentó por su parte el portavoz de Energía del Partido Popular.

El representante de Vox defendió que aspira «a tener un sistema energético que abastezca de manera suficiente a la industria y promueva la instalación de nuevas industrias en España, que el suministro sea cierto y exista una certidumbre de precios que permita a España y a los actores hacer planes a largo plazo».

Fiscalidad energética

Tomàs Molina (ERC) recuerda que por la falta de conexiones muchas empresas no tienen capacidad de aprovechar la energía renovable

Una política fiscal que haga pagar a quienes más emiten gases perjudiciales a la atmósfera y beneficie a quienes usen energías limpias. Esa es la premisa principal común a los partidos, a excepción de Vox. Y el camino que quieren llevar para contar con una nueva directiva fiscal europea, pendiente de renovar en la próxima legislatura.

Requena, del PP, se muestra a favor de la premisa inicial: «En principio, vemos positivamente elementos como que se grave por unidad energética, que se interiorice el daño ambiental o que se eliminen las asimetrías». Tomàs Molina, de ERC, también dice estar a favor de esta medida. 

Temas como la complicada burocracia a la hora de presentar proyectos de transición energética o la reforma fiscal son temas sobre los que la representante del partido socialista pone el foco de mejora. «Tratamos de avanzar hacia una fiscalidad finalista: que los recursos que se capten vayan directos a la descarbonización. No se ha hecho nada con los impuestos recogidos por el gravamen contra el CO2…», reivindica Ferrando, de Sumar.