Adiós a la experimentación con menores

Artículo

Carmen Domingo

@carmen_domingo

Maya Fostater, la investigadora británica que perdió su trabajo en el Centro para el Desarrollo Global en su sede de Reino Unido después de tuitear y escribir sobre la diferencia entre sexo y género, decía hace unos días en X (antiguo Twitter): «Como todos los que han hablado y pagado un precio, me pregunto qué estarán pensando hoy los colegas que intentaron destruir mi reputación para proteger la suya. Estoy segura de que nadie nos dirá jamás ‘nos equivocamos’ o ‘lo siento’ a ninguno de nosotros».

Os pongo en contexto.

En 2009, el Servicio de Desarrollo de Identidad de Género (GIDS) del NHS, dependiente de la sanidad pública británica, atendía a menos de 50 menores al año. A partir de entonces, la demanda se ha multiplicado por cien y más de 5.000 menores han buscado ayuda entre 2021 y 2022. Este incremento alarmante de casos le hizo plantearse al sistema de salud británico que quizás… quizás… estaba pasando algo que se les escapaba. Y le encargaron a la doctora Hilary Cass la realización de un informe que, tras 4 años de investigación y más de 400 páginas, ha salido a la luz recientemente.

En dicho informe, la doctora Cass y su equipo explican cómo, desde hace años, y amparados en la sanidad pública británica, se les han estado administrando tratamientos hormonales a menores, que no solo no les han beneficiado, sino que además les han estado perjudicando a su salud. Tratamientos que no tenían base científica, realizados con medicación propia de otras patologías suministrada a los menores casi como si de cobayas se tratara con el fin de atajar el malestar que estos menores decían que sentían con sus cuerpos.

«Los tratamientos hormonales administrados a menores no solo no les han beneficiado, sino que les han estado perjudicando a su salud»

Menores que, sin valoración psicológica alguna, y con su única afirmación de que pertenecen a un sexo distinto al biológico, han recibido tratamiento farmacológico. Un tratamiento al que (llamadme quisquillosa, pero me parece una barbaridad) ni sus padres podían oponerse. La administración de unos medicamentos que no solo tienen mil y una secuelas demostradas (anorgasmia, esterilidad, osteoporosis…), y otras sin demostrar, que llegarán con el tiempo y ya se intuyen, sino que además provocan unas secuelas irreversibles, convirtiéndolos en fármacodependientes de por vida. Todo ello, insisto, administrado a jóvenes y niños que, leo en el informe, hasta los 25 años no han alcanzado su edad de madurez psicológica.

Unos análisis e investigaciones que, según documenta la doctora Cass, confirman que, llegados a esa edad, muchos de ellos se arrepienten de la decisión tomada y recuperan su relación con el cuerpo. Estos «arrepentidos» son los llamados individuos/pacientes detransicionadores, jóvenes que, una vez tomada la decisión, y pasado el tiempo, acaban por constatar que su problema poco o nada tenía que ver con su cuerpo, siguen con el mismo malestar, y ahora ni se reconocen físicamente. Por si fuera poco, el informe Cass acaba con el mito del riesgo suicida de estos jóvenes y advierte de que el ambiente escolar, social y familiar es clave para evitarlo, no los fármacos sin control.

La doctora Cass recomienda al fin en su informe que se atienda de manera integral a la infancia, sin hormonas sintéticas (como los bloqueadores de pubertad), por las terribles consecuencias que ello tiene en su desarrollo, y que reciban atención psicológica. Ni que decir tiene que el sexo (hormonas o cirugías mediante) es inmutable, o sea que no se puede cambiar. Entonces… ¿a qué engañar a niños y jóvenes con una falsa promesa de cambio que no puede más que llevarlos a perpetuar su enfermedad, o a agravarla? ¿A qué convertir a niños sanos en niños enfermos de por vida? ¿A qué creerse que uno es capaz de autodiagnosticarse y hacer caso a ese diagnóstico sin un profesional que lo avale? Os aseguro que todas las respuestas que se me ocurren a estas preguntas pasan por la ignorancia, la maldad, o el beneficio económico.

Hace unos días, la doctora Cass en una entrevista al Times ha insistido en la importancia y necesidad de atender a su informe: «Si se intenta deliberadamente socavar un informe que ha analizado la evidencia sobre la atención médica infantil, entonces es imperdonable. Al hacer eso, estás poniendo a los niños en riesgo».

Conclusión: la sanidad británica ha cerrado el servicio que atendía a los menores trans en la clínica pediátrica de Tavistock, ha prohibido los llamados bloqueadores de pubertad y advierte del daño al que han sido sometidos miles de niños, niñas y jóvenes. Además, la sanidad pública inglesa debe informar sobre qué ha pasado con 9.000 jóvenes tratados en las clínicas de género.

«La sanidad pública inglesa debe informar sobre qué ha pasado con 9.000 jóvenes tratados en las clínicas de género»

Así andan en Reino Unido, tratando de arreglar el desaguisado que llevaron a cabo con uno de los grupos sociales más vulnerables que existe y que más ayuda necesita del Estado como son los niños y jóvenes. Ni que decir tiene que todos los diarios del día en que se hizo público el informe llevaron esas conclusiones a sus portadas.

Mientras, aquí, hace unos días, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, recurrió la reforma de la Ley Trans madrileña. Una reforma que, al parecer, cometía el sacrilegio de incluir que a los menores que manifiestan disconformidad con el sexo con el que han nacido vayan a recibir adecuada atención y acompañamiento psicológicos antes de que se inicie un tratamiento de bloqueo de la pubertad y de reemplazo hormonal. Un tratamiento que, como he dicho, tiene consecuencias físicas irreversibles para los menores. Hablamos de una modificación en la Ley Trans madrileña que, simplemente, garantiza la protección para los menores. En definitiva, lo mismo que sostiene Cass, que las cuestiones relacionadas con el género de pacientes jóvenes deben tratarse en el mismo contexto que los problemas de salud mental. No parece, creo, que crea criticable la modificación de dicha ley que se ha propuesto en Madrid.

Sin embargo, parece que no solo andamos protegiendo esas mismas leyes que acaban de tumbar en Gran Bretaña, sino que el Defensor del Pueblo –defensor de todos, también de los niños y adolescentes–, insiste en ellas, a sabiendas de lo perjudiciales que son. Pero es que resulta que aquí podemos consultar también nuestros propios datos (los que han tenido a bien dar los responsables de la sanidad catalana) en el Informe Tránsit. Así que se me ocurre que, quizás, el Defensor del Pueblo, si no ha leído el informe Cass, porque por un extraño motivo que se me escapa, cree que los médicos ingleses no son fiables, al menos podría tener a bien leerse el informe que se publicó el año pasado en nuestro país, tras una detallada investigación en el sistema de salud catalán: Informe Trànsit. De hombres adultos a niñas adolescentes.

Se trata de un informe realizado por profesionales de distinto ámbitos, de la mano de investigadoras de Feministes de Catalunya. De la lectura del informe se deduce cómo el repentino aumento de casos en nuestro país ha caminado junto a la adopción de un modelo de la teoría de la «afirmación de género». Es decir, la elección de sexo ya desde la infancia y la pubertad, y cómo de este modo se coloca a las y los menores en un camino de tratamiento hormonal que altera sus vidas. Los resultados, créame, señor Gabilondo, le pondrán los pelos de punta y, con suerte, ayudarán en su rectificación y, lo que es más importante, a proteger la salud de nuestros menores.