Caso Koldo

Artículo

Íñigo Alfonso Imízcoz

@inigoalfonso

En The Wire, la célebre serie de David Simon que pasó a la historia en el inicio de este siglo por convertirse en un retrato descarnado del poderío de la corrupción en Baltimore (EEUU), todos saben que la información delictiva más sensible no se puede transmitir por teléfono. Y una vez que se cumple esta salvaguarda, asoma otro peligro para los implicados en el trapicheo, tráfico ilegal de sustancias o sobornos a políticos. Temen ser grabados en conversaciones que les incriminen ante el juez.

Las personas hoy involucradas en el caso Koldo, Ábalos, Cerdán, o como se denomine la trama –es solo cuestión de perspectiva– deberían haber tomado nota de The Wire. La puesta en escena, al menos, habría mejorado. Porque si la serie de Simon se eleva hasta constituirse como una obra de referencia entre los clásicos del audiovisual, el espectáculo con el que lidia la audiencia española hoy es cutre y desgraciadamente no es nuevo. Los tribunales y las fuerzas de seguridad siguen investigando y conviene recordar que, hasta que no haya una sentencia judicial sobre la mesa, opera el principio de presunción de inocencia. Pero sin quitar un gramo a los derechos constitucionales, el literal de esas comunicaciones difundidas a través de los medios abochornan por su apariencia delictiva, su ignorancia de los principios, de los códigos más elementales y por su bajo nivel. Recuerda en vocabulario, maneras y aspiraciones a la acumulación de casos de corrupción que afectaron a otro partido –como este entonces también en el Gobierno– y que motivaron una moción de censura que hoy tiembla a la luz de lo que vamos conociendo. Por tanto cabe preguntarse: ¿por qué? ¿Qué no se ha aprendido para que más de una década después regrese a primera plana la corrupción? ¿Cómo es posible?

El literal de esas comunicaciones difundidas a través de los medios abochornan por su apariencia delictiva y por su bajo nivel

Porque nunca se fue, claro. Porque está ahí. Para luchar contra ella con más eficacia es preciso primero que el sistema funcione bien. Que todas las piezas estén en su sitio y afinen el mecanismo. Es necesaria también una cultura pública en favor de la transparencia y constante exigencia de regeneración democrática. Y por último, lo que realmente es el inicio de todo, un compromiso activo y personal contra el fraude y el engaño. Una apuesta individual que siempre ha fracasado cuando se habla de corrupción pero que es imprescindible para evitarla. Ese valor cívico que significa hacer lo que debes. Pagar los impuestos que tocan y no burlar el IVA en los arreglos en casa, aceptar que tu hijo tiene las notas que se merece y no matricularlo en un colegio para que se las inflen, actuar correctamente independientemente de lo que hagan u opinen los demás. Si se fortalece desde la educación básica primero, si se aprende en casa y, como aporta el filósofo Javier Gomá, el deber de ejemplaridad al que podemos aspirar llega hasta la conversación pública, habremos contribuido a endurecer esa cultura cívica contra la corrupción. Y en paralelo a esos esfuerzos individuales emerge la hercúlea tarea de hacer que la estructura funcione y que el estado de derecho encuentre las herramientas para actuar contra el delito si ha llegado tarde para prevenirlo.

España no ha desarrollado todavía la Estrategia Nacional Anticorrupción prevista en la ley 2/2023.

La Comisión Europea y el Banco Mundial advierten de que, en el ámbito institucional, España aún tiene camino por recorrer. El último índice sobre percepción de la corrupción publicado este año por la ONG Transparencia Internacional coloca a España por debajo de la mitad de la tabla entre los países de la Unión Europea. Ocupa el puesto 16 de 27, siendo el 1 el que tiene una percepción más baja y el 27 la más alta. Por quinta edición consecutiva aumenta.

Esta organización apunta varias deficiencias que harían bien el Gobierno, el Congreso y las administraciones implicadas en tomarse en serio. Está pendiente la transposición de 87 directivas europeas, algunas de ellas fuera de plazo. España no ha desarrollado todavía la Estrategia Nacional Anticorrupción prevista en la ley 2/2023. Se encuentra todavía en el aire la reforma de la normativa acerca de grupos de interés y un registro central de lobbies. Únicamente cuatro comunidades y dos ciudades cuentan con agencias antifraude operativas y seis autonomías todavía no han desarrollado sus consejos de la transparencia. La falta de recursos impide al sistema judicial la agilidad necesaria en el enjuiciamiento de macrocausas y el código penal necesita cambios para adaptarse mejor a estos delitos. Y finalmente, señala Transparencia Internacional, los mecanismos de rendición de cuentas son insuficientes.

Ser consciente de la enorme quiebra que genera en la sociedad la corrupción exige asumir, primero, las responsabilidades políticas que tocan, contribuir a una cultura institucional y colectiva que destierre estos comportamientos y aplicar la lista de reformas pendientes. Y demostrar que no hay brecha entre lo que se dice y se hace. No es poco. De otra manera ¿cómo se puede pedir a los ciudadanos que confíen en sus representantes?