El cambio climático amenaza las democracias

Artículo

Cristina Monge

@TinaMonge

Podría pensarse que el cambio climático, que todo lo cambia, no tiene relación con nuestro sistema político. Nada más lejos de la realidad. El cambio climático es hoy una amenaza, también, sobre nuestras democracias. El riesgo opera en varias direcciones. En primer lugar, exacerba las desigualdades sociales que arrastran nuestras sociedades, especialmente tras la crisis de 2008. Son numerosos los estudios empíricos que plantean la imposibilidad de vivir en sistemas democráticos arrastrando estas dosis de inequidad. ¿Cuánta desigualdad se pueden permitir nuestras democracias? Hoy sabemos que el cambio climático, que a todos y todas nos afecta, tiene mayor repercusión sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. Desde una óptica global, en aquellos pueblos más dependientes de los ecosistemas y con menor capacidad de resiliencia ante fenómenos extremos como sequías, inundaciones, huracanes, etc. Si centramos la mirada en Occidente, en los sectores de población que disponen de menos recursos para adaptarse a la nueva realidad, los que sufren de pobreza energética, los que no pueden mantener su hogar a una temperatura confortable y sufren de enfermedades por ello, o aquellos en cuyos barrios se concentran industrias y coches asfixiando el aire y sin apenas zonas libres donde practicar deporte o disfrutar de un entorno limpio y saludable, por poner algunos ejemplos.

«Será absolutamente imprescindible que la transición ecológica acompañe de forma significativa a los que más tienen que perder»

A estas desigualdades crecientes hay que sumar las diferencias entre el modo de vida cosmopolita de las grandes ciudades y la realidad de quienes habitan en el medio rural o en ciudades pequeñas. Estas, que existían con anterioridad, adquieren especial relevancia cuando se trata de diagnosticar los problemas y, por supuesto, de buscar las soluciones. El imprescindible fin del diésel es un hándicap para el conjunto de la población europea, pero no es comparable el reto que supone para un habitante de una gran ciudad con una buena red de transporte público a su alcance que para quien habita en pequeños municipios o en el mundo rural y cuya vida diaria depende del automóvil privado. Los chalecos amarillos nos han advertido de esto, pero sus actos –mucho más complejos de analizar y con más componentes que los ambientales– pueden ser solo una pequeña muestra de lo que nos espera.

Este aumento de las desigualdades –sociales y territoriales– por un lado, y la necesaria transición ecológica que hemos de poner en marcha sin dilación, por otro, nos conducen a un escenario de conflictos sociales. Conflictos por recursos, como el agua, que cada vez van a ser más escasos; conflictos por las medidas que ha de poner en marcha la transición ecológica y que corre el riesgo de dejar a mucha gente atrás.

Estamos hablando de cambios profundos, que implican no solo un cambio de paradigma económico y de modelo político, sino también un importante cambio cultural y de valores. Será absolutamente imprescindible que la transición ecológica acompañe de forma significativa a los que más tienen que perder e incorpore la deliberación y la toma de decisiones políticas al conjunto de la población para conjurar los miedos y hacer más fácil el cambio.