O sea, 14.000 millones de euros

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Juan José Almagro

@JAlmagro

«Otra vez quiero recordaros lo que tantas veces os he dicho: no toméis demasiado en serio nada de cuanto oís de mis labios, porque yo no me creo en posesión de ninguna verdad que pueda revelaros. Tampoco penséis que pretendo enseñaros a desconfiar de vuestro propio pensamiento, sino que me limito a mostraros la desconfianza que tengo del mío». Son palabras de Antonio Machado que, por boca de su Juan de Mairena, nos alerta sobre los resabios de su discurso de «viejo ateneista» y aboga por la claridad que, dice, «debe ser vuestra más vehemente aspiración».

Y en eso estamos: en España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha llevado a cabo la primera fase de un proceso de revisión del gasto público que, en esta oportunidad, se ha centrado en «la evaluación de subvenciones y ayudas públicas definidas de manera amplia de acuerdo con el criterio central de salida de fondos públicos sin contraprestación directa». Es decir, subvencionar con dinero público actividades varias a cambio, casi, de nada. La AIReF ha realizado una aproximación al volumen de subvenciones a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones —con información insuficiente, carente de uniformidad y con escasa fiabilidad de sus datos económicos— que, según sus estimaciones, alcanzaría los 14.300 millones de euros en 2017, un importe que, aproximadamente y para darnos una idea, representa la suma de los presupuestos de 2018 de Asturias y Galicia, o dos veces y pico el gasto conjunto en 2018 de los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y Sevilla. En cualquier caso, muchísimo dinero; dinero público y, no lo olvidemos, sin contraprestación.

La información que ofrece la Base de Datos Nacional de Subvenciones es insuficiente, carente de uniformidad y con escasa fiabilidad

Aunque la lectura del extenso e intenso informe de la AIReF no es recomendable si quieres seguir teniendo el favor de los lectores, bueno será destacar para generar conocimiento que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal detecta «una clara falta de vinculación entre las políticas públicas, la programación presupuestaria y los planes estratégicos de subvenciones». En cuanto al análisis de procedimientos, establece algunas sonrojantes conclusiones:

• La Ley General de Subvenciones (LGS) está desactualizada y, además, no regula suficientemente —como sería deseable— otras medidas de apoyo económico distintas de las subvenciones, como préstamos reintegrables, avales, participación en capital social y otras ayudas públicas.
• Existen entidades y sujetos vinculados al sector público que conceden subvenciones, pero no están incluidos —ni, por tanto, sujetos— a la LGS.
• No se han desarrollado los principios que rigen el establecimiento y concesión de subvenciones.
• La regulación de las subvenciones nominativas y de concesión directa es insuficiente. Existe cierto abuso en su utilización y falta de transparencia e insuficiente regulación de las obligaciones que asumen los beneficiarios de estas subvenciones.

Aún no se ha instaurado un sistema de rendición de cuentas para conocer si las subvenciones sirven al propósito que se persigue

• Como casi siempre, «hay una excesiva carga administrativa de los procedimientos de subvención (concesión, justificación, pago y comprobación)», lo que debería suponer mayor control, pero no ocurre así porque «existen ciertas deficiencias en los procedimientos de control, reintegro y sancionador. Se evidencian ciertos solapamientos en los procedimientos de comprobación y control, limitaciones formales en el reintegro y una inaplicación generalizada de expedientes sancionadores».

En fin, para llorar amargamente. La transparencia no es solo un imperativo social —que también— es, sobre todo, una obligación legal que, a lo que parece, se incumple porque no se ha instaurado todavía un sistema de rendición de cuentas para conocer si las subvenciones sirven al propósito que se persigue. Y digo yo si esto de las subvenciones públicas en España, además de lo que nos refiere el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal —grave, por cierto—, no recuerda a lo que escribió Benedetti en La tregua hace casi sesenta años: «Ahora también da coima el que quiere conseguir algo lícito, y esto quiere decir relajo total». O sea, 14.300 millones de euros de relajo…