Transparencia

10 errores mayúsculos en materia de transparencia

Patronal, sindicatos, reguladores, algún banco e incluso un museo nacional. Repasamos los grandes desmanes del año en materia de transparencia.

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17
Jun
2015

La aprobación, hace seis meses, de la Ley de Transparencia ha dejado algunas certezas: la primera, que las aclamaciones por parte de la ciudadanía han sido escuchadas; la segunda, que la cultura de la transparencia no se consigue -únicamente- a base de leyes ni de buenas intenciones.

Pese a la entrada en vigor de la ley, las instituciones públicas y privadas aún se encuentran en la casilla de salida. Su aplicación no se ha llevado a la máxima expresión y así lo demuestra la Fundación Compromiso y Transparencia, que ha encontrado Los 10 mayores errores sobre transparencia, supervisión y buen gobierno 2014-2015.

1) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por su opacidad en su proceso de creación, su deficiente configuración institucional y la falta de cualificación e independencia de sus consejeros.

Se cumple poco más de un año y medio de la puesta en marcha de la CNMC, «nuestro flamante macrorregulador que, sin embargo, parece haber nacido sin superpoderes y con una serie de deficiencias que le impiden la efectividad que se esperaba de ella», anuncia Javier Martín Cavanna, autor del informe.

2) El Tribunal Constitucional, por os retrasos injustificados en sus fallos, su actual sistema de nombramientos y la opacidad de su agenda, que no se hace pública.

«El papel de árbitro con capacidad para limitar un poder que por definición es ilimitado -las leyes las aprueban los representantes del pueblo soberano- requiere una posición de autoridad y de prestigio que esté, en la medida de lo posible, fuera de discusión», explican desde la Fundación, y afirman que la posición del TC se ha deteriorado gravemente en los últimos años.

3) Mediaset, por la falta de compromiso para desarrollar y aplicar políticas de responsabilidad social en la emisión de sus contenidos audiovisuales.

El grado de compromiso de los medios de comunicación en lo que se refiere a su responsabilidad corporativa debería ser, cuanto menos, proporcional a su impacto social. Sin embargo, según el informe, «cuando los grupos de comunicación se deciden a informar sobre su RC lo hacen siempre sobre aspectos secundarios, centrándose en áreas más propias de otros sectores económicos y dejando de lado -no se sabe si consciente o inconscientemente- las áreas más críticas de sus operaciones». Todas sus memorias abundan en información acerca de la gestión de residuos, el ahorro energético o el control de las emisiones tóxicas, «pero cada vez está más claro que las principales emisiones que deben controlar las empresas de comunicación no son las de CO2, sino las que proceden de sus programas y contenidos». En este sentido, la Fundación denuncia que Mediaset «lleve ignorando desde hace años» las políticas de responsabilidad social en relación con la emisión de contenidos y, en especial, todas las que afectan a las medidas de protección de la infancia. De hecho, la CNMC ya ha abierto a Tele 5 varios expedientes por incumplimiento de las restricciones del horario infantil.

4) Banco Santander, por la falta de transparencia e independencia a la hora de gestionar el proceso de sucesión del presidente.

De acuerdo con los portavoces del banco, la propuesta de nombramiento de Ana Patricia Botín fue realizada por la comisión de nombramientos y remuneraciones, integrada en su totalidad por consejeros independientes, y fue aprobada por unanimidad por el consejo de administración. «Pero la verdad es que difícilmente se puede calificar a los integrantes de la comisión de nombramientos del Santander como consejeros independientes», señala Martín Cavanna en el informe, que advierte de que en el Banco Santander existe «una indefinición jurídica en relación con la sucesión de su presidente, lo cual constituye un caldo de cultivo para decisiones arbitrarias y personalistas».

5) Patronato del Museo Reina Sofía, por su falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones de supervisión y control.

El Informe de fiscalización del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, ejercicio 2013, aprobado por el Tribunal de Cuentas en 2014, recoge una serie de incumplimientos relacionados con la aplicación de la normativa del propio museo, como la falta de aprobación de los principios de organización, de la estructura orgánica, de la plantilla, de la propuesta de régimen retributivo y del organigrama funcional previsto en dicha normativa. El Tribunal también detectó que el museo no contaba con directrices generales de actuación que hayan sido formalmente aprobadas, ni con un proyecto de actuación artística actualizado (el vigente era del año 2007), ni con planes generales de actuación y de objetivos para el ejercicio 2013, con lo que «el museo incumple las previsiones legales sobre la planificación en el ejercicio fiscalizado».

6) Deloitte, PwC, E&Y y KPMG, por su falta de transparencia a la hora de informar de los riesgos sobre conflictos de intereses y de independencia en la prestación de sus servicios.

«No es necesario poseer especiales luces para concluir que los recientes escándalos contables de Bankia y Deloitte, Caja de Ahorros del Mediterrá- neo (CAM) y KPMG, Caja Castilla-La Mancha (CCM) y Ernst&Young, o la activa participación de PwC, a través de su filial en Luxemburgo, en el diseño de una serie de esquemas financieros para que una treintena de empresas que operaban en España eludieran el pago de impuestos, constituyen motivos de suficiente peso para que estas organizaciones reflexionen con sinceridad sobre su responsabilidad social y sus prácticas de rendición de cuentas a la sociedad», opina Martín Cavannas. La función de las Big Four, que se mide por su capacidad para generar confianza a los diferentes agentes sociales sobre la fiabilidad y calidad de sus servicios y en ayudar a sus clientes a cumplir de manera responsable sus compromisos con la sociedad, queda, pues, cuestionada.

7) Comisión de expertos y CNMV, por desaprovechar la oportunidad para incentivar las prácticas de buen gobierno en las empresas cotizadas.

¿Han servido de algo las recomendaciones voluntarias contenidas en los códigos anteriores? La Fundación responde con vehemencia: «Francamente, no». «Las recomendaciones de buen gobierno de cierto calado desarrolladas en los diferentes códigos han sido permanentemente ignoradas por las empresas y, al final, no ha quedado más remedio que exigirlas legalmente».

8) Asociaciones judiciales y Consejo General del Poder Judicial, por su falta de transparencia a la hora de rendir cuentas de las subvenciones recibidas.

Cuatro asociaciones judiciales reciben subvenciones del CGPJ (Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Francismo de Vitoria y Foro Judicial Independiente). Sin embargo, ninguna de las asociaciones anteriormente mencionadas proporciona en su web información económica sobre su presupuesto, estados financieros, retribuciones, cuentas anuales, informes de fiscalización (art. 7 de la Ley de Transparencia), ni tampoco hacen pública una memoria justificativa de sus actividades.

9) Fundaciones de partidos políticos, por incumplir «reiteradamente» la obligación de rendir cuentas en la web sobre su información económica.

Una de las fisuras más visibles de la Ley de Transparencia: el porcentaje de fundaciones políticas que siguen sin disponer de una página web es de un 40% del total, «una cifra desproporcionada y poco justificable, especialmente si se tiene en cuenta que se trata de fundaciones que reciben gran parte de sus ingresos de subvenciones públicas y que el coste de rendir cuentas a través de la web es muy bajo».

10) Patronal y sindicatos, por las reiteradas irregularidades en la justificación y rendición de cuentas de las subvenciones recibidas para financiar programas de formación a los trabajadores.

La primera conclusión del Tribunal de Cuentas es que la concesión de ayudas vulnera los principios de concurrencia competitiva, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, al concederse las mismas exclusivamente a las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y empresariales (CEOE y CEPYME) que forman parte del patronato de la Fundación Tripartita, no posibilitando el acceso de otras organizaciones sindicales o empresariales. «Cabría esperar de los representantes de las empresas y los trabajadores un comportamiento exquisito en relación con las ayudas destinadas a impulsar y fortalecer las políticas de empleo», opina el autor del informe, que denuncia los gastos sin justificar debidamente, la subcontratación de empresas satélites, la aplicación de las ayudas a partidas no previstas y el descontrol en la evaluación de resultados.

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