¿Está España preparada para la necesaria movilidad eléctrica?

Según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en 2019 el parque automovilístico en España –es decir, los vehículos matriculados con permiso para circular– se elevaba a 33,73 millones de unidades. Un volumen inasumible por la cantidad de emisiones de efecto invernadero que suponen. ¿Cómo reducir la sangría diaria que para las poblaciones representa esta ingente cantidad de dióxido de carbono y dióxido de nitrógeno liberada a la atmósfera? Todos los caminos y carreteras apuntan en una dirección: la movilidad eléctrica. «Necesitamos cambiar el modo en que consumimos energía. En el trabajo, en el hogar y, por supuesto, en el transporte. En el caso de la movilidad, un vehículo eléctrico no solo es mucho más eficiente que uno de combustión interna porque necesita tres veces menos energía para moverse, sino que permite reducir drásticamente las emisiones», argumenta Elena Bernárdez, directora de Movilidad de Endesa X.

El efecto contaminante de los motores diésel y de gasolina ha sido minusvalorado o tolerado como un mal menor durante décadas, como apuntan diversos estudios nacionales e internacionales. A ello han contribuido probablemente un déficit de cultura de sostenibilidad en España y el hecho de que cada conductor particular estaba, a menudo sin saberlo, participando en esa escalada de emisiones cada vez que se subía en su coche y giraba la llave de contacto. Un mal de todos provocado por muchos que quedaba diluido por el falso atenuante de la responsabilidad compartida.

Renunciar a los vehículos de combustión en favor de opciones más limpias como la movilidad eléctrica parece una buena forma de empezar a ponerle freno a esa espiral, aunque no es un camino sencillo ni rápido de recorrer: en 2019 en España solo circulaban 53.847 vehículos cero emisiones, mientras que los híbridos alcanzaron las 353.935 unidades. Unas cifras pírricas, a pesar de que en ambos casos suponen incrementos significativos en relación al año anterior. Pero es que, como explica Elena Bernárdez, no resulta sencillo cambiar los hábitos de consumo de un producto sustitutivo, en este caso el coche de combustión, «que lleva muchos años en nuestra vida, es económicamente asequible y para el que mucha gente sigue sin ver la necesidad de un cambio».

Un camino con barreras

Precio, autonomía e infraestructuras son las tres grandes barreras que, en opinión de Bernárdez, hoy por hoy dificultan el despegue de esta tecnología. Es en ese tercer frente en el que la compañía eléctrica ha puesto su punto de mira. La compañía está apostando con fuerza por el despliegue de una extensa red de infraestructuras para movilidad eléctrica como trampolín hacia una forma de transporte más sostenible. Según datos de Electromaps, en marzo del año pasado España únicamente disponía de 4.343 puntos de recarga para coches eléctricos. Para paliar esta escasez, Endesa X se comprometió en 2018 a instalar 2.000 nuevos puntos recarga de acceso público en el territorio nacional para finales de 2020, que llegarían a los 8.500 a finales de 2023. Dos objetivos que, aseguran desde la empresa, se mantienen vigentes a pesar de la llegada de la pandemia.

El efecto contaminante de los motores diésel y de gasolina ha sido tolerado como un mal menor durante décadas

La potencia de carga de estas electrolineras es otro elemento crítico, ya que la mayoría de los usuarios no pueden permitirse las ocho o diez horas de ciclo de carga que implica un punto de recarga estándar de 3,7 kW –de los que pueden verse en los garajes particulares–. El plan de Endesa X contempla puntos de potencia no inferior a los 22 kW, que serán de 50 kW en estaciones de servicio y otras ubicaciones como centros comerciales, y hasta de 350 kW en los servicios de carga ultra rápida.

Todos estos factores incrementan los costes en un mercado todavía residual y que está muy lejos de ser rentable. ¿Por qué una apuesta tan arriesgada? «Queremos ser habilitadores de mercado, un agente que ayude a impulsar el despegue de la movilidad eléctrica en España», expone su directora de e-movilidad.

Una administración más ágil y coordinada

Los costes, sin embargo, no son los únicos obstáculos para el despliegue de esta red electrificada de suministro. Retrasos en la concesión de las licencias de obras, problemas de coordinación entre Administraciones y un largo etcétera de trabas en los trámites burocráticos también están lastrando la llegada de la electricidad a las carreteras.

Paradójicamente, mientras esto sucede, las Administraciones, tanto nacionales como comunitarias, tratan de impulsar la movilidad eléctrica como uno de los ejes vertebradores de sus políticas medioambientales. Lo hacen, por ejemplo, a través de fondos de ayuda a la compra, como el Plan Moves, aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de junio y dotado con 100 millones de euros para la adquisición de vehículos de este tipo, la instalación de infraestructuras de recarga y sistemas de alquiler de bicicletas eléctricas, y medidas destinadas a facilitar la movilidad sostenible en centros de trabajo.

El problema, apunta Bernárdez, es que hay 17 Comunidades Autónomas, 50 provincias y 8.500 localidades, cada una con su propia regulación, requerimientos y agenda medioambiental. Esta experta demanda mayores inversiones, facilidades administrativas y, sobre todo, «una visión general en la que las distintas Administraciones se alineen y unifiquen criterios». Por ejemplo, la flexibilidad en el coste del mantenimiento de estas instalaciones hasta que crezca la masa crítica de usuarios es una de las principales peticiones de los operadores a la Administración.

Déficit de cultura medioambiental

Por desgracia, la crisis económica está entorpeciendo la necesaria renovación del parque móvil nacional. En España todavía circulan más de seis millones de vehículos con más de veinte años de antigüedad y, solo en Madrid, el 29% de los coches carecen de distintivo medioambiental por tratarse de vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 o diésel matriculados antes de 2006. Una mochila contaminante demasiado pesada.

Aunque la sensibilización acerca de las cuestiones medioambientales ha crecido exponencialmente en los últimos años, en España se extiende más despacio que en otros países de su entorno, y de una forma desigual entre los distintos segmentos de población. Las generaciones más jóvenes encabezan esta revolución y son quienes más dispuestas están a realizar el esfuerzo que supone invertir en movilidad sostenible.

En 2019 en España circulaban menos de 54.000 vehículos ‘cero emisiones’ y 354.000 híbridos

Desgraciadamente para ellas –y para el despegue de la movilidad eléctrica en España–, también son quienes menos posibilidades tienen de hacerlo debido a sus limitados recursos y al alto coste que supone la adquisición de uno de estos medios de transporte limpios: de media, un vehículo eléctrico cuesta entre 5.000 y 15.000 euros más que su equivalente de gasolina. Un peaje que muchos no pueden pagar, aunque quieran hacerlo. Algunas medidas especiales como planes de ayudas a largo plazo, exenciones fiscales o IVA reducido podrían a ayudar a paliar ese déficit.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) se marcó en 2019 un ambicioso objetivo de cinco millones de vehículos eléctricos para España en 2030. Una meta que, a la vista de la velocidad actual del proceso y el factor de corrección del efecto covid-19, puede parecer demasiado optimista. Para Elena Bernárdez, sin embargo, esta hoja de ruta es innegociable. «Que cada vez circulen más coches eléctricos redunda en el bien común porque es beneficioso para la salud y el bienestar de las personas», reflexiona. Una misión en la que, demanda, todos –y no solo empresas y Administraciones–, pueden y deben poner su granito de arena. «Porque un poco de muchos siempre es mucho más efectivo que un mucho de pocos», concluye.