Estos son los pueblos ‘solares’ que luchan contra la crisis energética

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José A. Cano

@caniferus

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En abril el ayuntamiento de Monachil anunciaba que utilizará el excedente de energía de las placas solares de las instalaciones municipales, de un 50% en los horarios de mañana con el máximo de insolación, para ayudar a las familias necesitadas. De algo más de 8100 habitantes y en la provincia de Granada, el municipio es conocido por su cercanía a la estación de esquí de Sierra Nevada. También es uno de los «pueblos solares» que emergen en la España rural.

En octubre de 2021, cuando asomaba la actual crisis energética, se convirtió en uno de los primeros en rebajar la factura de la luz a 40 vecinos mediante la creación de la Comunidad Energética del Río Monachil (CERM), vía concejalía de Medio Ambiente, que instaló una decena de plantas fotovoltaicas para el autoabastecimiento con una potencia de 45 Kw.

El municipio granadino acogió en noviembre de ese mismo año el I Foro de Iniciativas de Transición Energética y Economía Social, un espacio en el que organizaciones como la Alianza Energía y Territorio ALIENTE impulsan el autoconsumo desde pueblos de toda España. En aquel momento, aún previo a la guerra en Ucrania y con la inflación y los problemas energéticos apenas comenzando, Monachil fue casi pionero, pero dos años después muchos pequeños municipios han seguido sus pasos.

Una normativa europea de 2019 crea el marco para que los municipios se lancen al autoconsumo energético

Son pasos que se apoyan en la directiva de la Unión Europea sobre energías renovables aprobada en 2019, que permite a entidades locales, ayuntamientos, pymes o ciudadanos particulares organizarse en comunidades de autoconsumo e incluso tomar decisiones como volcar o no el excedente a la red, entre otras medidas que permiten la autogestión e su independencia. El proceso es burocráticamente complejo y tiene sus limitaciones, ya que la misma norma solo permite compartir la energía en un límite de 500 metros. Sin embargo, algunos ayuntamientos españoles están trabajando en esa dirección.

Otro ejemplo sería Cedillo, en Cáceres. Con sus apenas 432 habitantes hace que por comparación Monachil sea casi una metrópoli. Su transición está llegando de la mano de propuestas vecinales o de ONGs, sino de una energética, Iberdrola, aunque con el apoyo de la Junta de Extremadura. Un programa que va a rebajar la factura de todos los vecinos un 50%, con la creación de una comunidad energética a la que podrán sumarse los nuevos que se instalen en el pueblo durante los próximos cinco años.

Al ser una experiencia piloto tutelada por una gran compañía, es esta la que financia la instalación de pequeñas plantas fotovoltaicas, más de 770 placas con una potencia conjunta de 340 kW en las cubiertas de dos instalaciones municipales y en un terreno cedido por el ayuntamiento. El acuerdo se firmó en mayo de 2022 y sirvió para bautizar a Cedillo como el primer «pueblo solar» de España, por implicar a todo el municipio.

En Arroyomolinos de León, Huelva, 951 habitantes, el proceso arrancó con la creación de Alumbra, comunidad energética que facilitó el papeleo para que el ayuntamiento instalase placas en los edificios municipales. Impulsada por la Asociación MUTI, un colectivo local, incluye programas educativos con los centros de Secundaria de la comarca, La energía del cole, en colaboración con Greenpeace. Un caso parecido y aún más exitoso se da en Almócita, Almería, apenas 200 habitantes, donde el propio ayuntamiento creó la comunidad energética que abarca a todo el municipio.

En la cercana provincia de Jaén el ejemplo es Chiclana del Segura, 902 habitantes, en la comarca de El Condado, con un acuerdo de Repsol. En este caso el ayuntamiento cobra por la cesión del techo de colegio público, la comercializadora asegura el suministro en las horas de menor luz solar y se rebaja la factura de todo el municipio, de nuevo sin coste de obra para el pueblo.

Dos vías, la del acuerdo con la gran empresa o la más cooperativa de la comunidad energética, que se abren paso en la llamada España vacía como una alternativa en la mitad de la crisis, en un goteo amparado por la Unión Europea llamado a cambiar el modelo de consumo.