Hacia una recuperación verde frente a la pandemia

Desde los Acuerdos de París en 2015, el cambio climático ha pasado de ser un problema de pocos a uno de los puntos más importantes dentro de las agendas de gobierno. Si bien es cierto que ante la actual crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19 es difícil atender a otros asuntos, la realidad climática sigue siendo cruda y España en concreto es una de las regiones europeas más expuestas al calentamiento global.

En la actualidad, son muy pocos los que se mantienen escépticos al cambio climático. Según la Organización Meteorológica Mundial, en 2018, la mayoría de los peligros naturales que afectaron a casi 62 millones de personas se asociaron con eventos climáticos extremos. Más de 1600 muertes se asociaron con intensas olas de calor e incendios forestales en Europa, Japón y Estados Unidos. En este último, produjeron daños económicos récord de casi 24.000 millones de dólares. Además, los movimientos migratorios también han incrementado. De los 17,7 millones de desplazados internos registrados por la Organización Internacional para las Migraciones en 2018, más de dos millones se debían a desastres relacionados con fenómenos meteorológicos.

Los datos globales hablan por sí solos. Además, si a esto le añadimos la vulnerabilidad de la Cuenca Mediterránea, la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética responde a una necesidad social ineludible que ya no admite más retrasos y que permitirá un marco normativo estable que acompañe a España en el camino hacia el cumplimiento de los Acuerdos de París, la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.

Aunque el COVID-19 ha obligado a retrasar el compromiso del gobierno de remitir a las Cortes durante los 100 primeros días de mandato la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para su posterior tramitación en el Parlamento. La ley consta de 36 artículos donde se recoge, entre otros, el compromiso de alcanzar la neutralidad climática en 2050, año en el que contaríamos con un sistema eléctrico 100% renovable. Para ello, las emisiones del país deberán reducirse un 20% respecto a los niveles de 1990 en 2030. Además, para el mismo año, al menos el 35% del consumo final de la energía tendrá que ser de origen renovable y en el caso del sistema eléctrico, se establece que la presencia renovable será de, «al menos», un 70%.

Como novedad y tomando como base las diferentes controversias que se han generado alrededor de ciertas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) como la de Madrid Central, en el nuevo texto se recoge que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares estarán obligados a implantar ZBE no más tarde de 2023.

«La Ley puede convertirse en una oportunidad, marcando el camino para salir de la crisis económica ac»

Además, el texto hace hincapié en la necesidad de conseguir un parque automovilístico más electrificado. Por ello, el anteproyecto también incluye que todas las administraciones deben adoptar medidas para alcanzar en 2050 un parque de turismos y de vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Aunque la medida relativa a la prohibición de la fabricación y matriculación de motores de combustión en 2040 no ha sido incluida en el nuevo texto, sí que se adoptarán medidas para la descarbonización de los vehículos ligeros.

Por último, el proyecto de ley adelanta en su preámbulo que la descarbonización de la economía movilizará más de 200.000 millones de euros de inversión (pública y privada) entre 2021 y 2030. Además, la norma promete que el empleo neto aumente entre 250.000 y 350.000 para el mismo decenio.

Aunque, en general, la aprobación de remitir el proyecto de ley al Parlamento ha sido bien recibida en mitad de esta situación de incertidumbre generada por el COVID-19, ha habido cierta reticencia por parte de ciertos sectores ante el miedo de que no favorezca a la reactivación económica y ponga trabas a determinadas industrias que se han visto afectadas por la actual crisis, como la automovilística.

No obstante, como asegura Teresa Ribera, actual vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, esta ley se presenta dentro del contexto de reactivación de la economía frente a la pandemia. Es más, puede convertirse en una oportunidad, marcando el camino para salir de la crisis económica actual.

Además, como ya han puesto sobre la mesa la Comisión Europea y las grandes multinacionales, es esencial que la reconstrucción de la economía integre la sostenibilidad como piedra angular para seguir avanzando. En este sentido, es fundamental que desde la administración se vuelvan a reactivar los compromisos con el cambio climático que existían antes de la crisis, materializándose en medidas concretas que aseguren una reconstrucción económica sostenible y justa que permita seguir avanzando a España en sus objetivos de descarbonización.

Marta Barahona es responsable de Cambio Climático y Sostenibilidad en Gabeiras & Asociados.