«Actuamos para reforzar la transparencia del mercado»

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, tiene por delante un reto de dimensiones colosales: renovar las normas de gobierno corporativo por las que se rigen las empresas en un contexto en el que la confianza cotiza en mínimos históricos. Quien fuera ministra de Medio Ambiente entre 2003 y 2004 no recela de la austeridad impuesta desde Berlín y se apunta a las tesis que defienden que nuestra economía está en fase de recuperación.

La corrupción afecta a la recuperación de nuestra economía. ¿Qué se hace desde la CNMV para controlar las irregularidades en el mercado de valores?

Trabajamos con varios objetivos a corto plazo. Nos hemos propuesto realizar actividades de supervisión que podríamos denominar «preventivas». Se trata de anticiparnos a los problemas realizando inspecciones en la fase más temprana posible, de forma que podamos atajar futuros problemas potenciales para los inversores antes de que se lleguen a producir, o desde un primer momento, cuando todavía tienen solución. Extremamos también la vigilancia sobre la adecuación y exactitud de la información financiera remitida a la CNMV para su puesta a disposición del mercado. Vigilancia que entendemos debe ir aparejada con una rápida actuación en el caso de que detectemos irregularidades. Además, para reforzar la transparencia del mercado, estamos actuando en diversos frentes, como por ejemplo, desarrollando la capacidad otorgada a la CNMV para incluir advertencias a los compradores de productos financieros o mejorando la información que aportan las compañías al mercado en su informe de gestión. Otro objetivo prioritario es la lucha contra el abuso de mercado: detectar y actuar de manera rápida y contundente ante conductas ilícitas en materia de manipulación de precios y utilización de información privilegiada es un área de especial relevancia para la CNMV.

¿Cuáles son los principales déficits que debe superar el gobierno corporativo en España?

Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como la Comisión Europea (CE) han difundido sus conclusiones sobre los aspectos a mejorar a nivel internacional. En España la situación es similar al de los países de nuestro entorno y, por ello,  la  Orden Ministerial sobre gobierno corporativo que se publicó en marzo estableció medidas encaminadas a paliar las debilidades identificadas. En este sentido, se establecieron normas para aumentar la transparencia respecto de los sistemas retributivos de los consejeros y respecto de los sistemas de control de riesgos. También, por ejemplo, se elevaron a la categoría de norma de obligado cumplimiento las definiciones de tipos de consejeros. De esta forma, una sociedad que declare que un consejero es independiente podrá ser sancionada si éste no cumple con la definición. La Orden habilitaba a la CNMV para desarrollar los modelos de informe anual de retribuciones y de gobierno corporativo y, por ello, hemos publicado sendas circulares al respecto. Disponer de modelos homogéneos va a permitir comprender mejor la información y va a facilitar la comparación entre empresas, que es de lo que se trata, que el mercado valore qué entidades cumplen las recomendaciones y cuáles no. Por tanto, ya se ha avanzado bastante en los últimos tiempos en materia de gobierno corporativo en España. Sin embargo, la evolución de los acontecimientos en los últimos años y el aumento del grado de madurez tanto de las sociedades cotizadas como de la sociedad en general al respecto de estos asuntos, aconsejan, por una parte, establecer normas de obligado cumplimiento adicionales que avancen en materias que hoy en día se perciben como básicas en cuanto al funcionamiento de la Junta General de Accionistas y del Consejo de Administración y, por otra parte, actualizar las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno incorporando, naturalmente, las recomendaciones de la Comisión Europea. Esto es lo que estamos haciendo en el seno de la Comisión de Expertos que se ha constituido por Acuerdo del Consejo de Ministros y espero que los resultados de este trabajo logren situar a nuestro país como una de las jurisdicciones punteras en materia de gobierno corporativo, lo cual redundará en beneficio de todos.

¿A qué aspira la reforma del Código Conthe? ¿Cuáles eran las limitaciones de éste y cuáles son las claves para remendarlo?

Como he dicho, el esfuerzo de la Comisión de Expertos en materia de Gobierno Corporativo se encamina a mejorar el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración de las empresas españolas y a generar confianza y transparencia para con los accionistas e inversores nacionales y extranjeros. Además, se persigue la mejora del control interno y la responsabilidad corporativa de las empresas españolas así como la adecuada segregación de funciones, deberes y responsabilidades en las empresas, desde una perspectiva de máxima profesionalidad y rigor. Entre las principales líneas de acción se encuentra el fomento de la transparencia, la participación activa de los accionistas y el apoyo del crecimiento y competitividad de las empresas españolas.

Cuando se redactó el Código Conthe, las empresas del Ibex 35 presionaron para rebajar el nivel de obligatoriedad. ¿Han sentido de nuevo esa presión?

Absolutamente no. Precisamente la composición heterogénea del Grupo de Expertos en materia de Gobierno Corporativo, que integra al sector privado, permite un trabajo consensuado. Entre sus miembros se encuentran tanto representantes del sector público como representantes del sector privado. Los temas se debaten y las decisiones serán consensuadas, basándose en los estándares internacionales de Buen Gobierno.

¿Qué recomendaciones del actual Código deberían pasar a ser obligaciones?

Como comentaba, hay una serie de cuestiones que ahora, tras todo lo que hemos aprendido de la crisis financiera, se consideran básicas y es en esas cuestiones en las que cada vez hay más sintonía dentro del propio grupo. Lo fundamental es conseguir un nivel más elevado de transparencia y mitigar las posibles consecuencias del conflicto de interés subyacente entre propiedad y control de las empresas. En este sentido, se adoptarán medidas básicas que aseguren que la Junta General es consultada en el caso de decisiones muy relevantes para el futuro de las sociedades y para profesionalizar al máximo los órganos de administración.

La CNMV ha abierto expedientes a la banca por las preferentes. ¿Existen los mecanismos para proteger a los consumidores y que esto no vuelva a ocurrir?

Como señalaba anteriormente, estamos realizando una supervisión más preventiva, con el objetivo de detectar, en la medida de lo posible, problemas potenciales de manera anticipada. De esta forma, aumentamos la probabilidad de poder atajar a tiempo los posibles problemas que pudieran presentarse en el futuro. Además,  la normativa aprobada en el último año prevé que la CMNV pueda requerir a las entidades la inclusión de advertencias en la información proporcionada a los clientes para adquirir productos complejos, destacando que no son adecuados para inversores minoristas, y que se incluya en la documentación contractual un texto manuscrito por el inversor indicando haber sido advertido de que el producto no le resulta conveniente o que no ha podido ser evaluado por falta de información. El objetivo es reforzar el consentimiento informado de los inversores y facilitar que perciban de manera más clara y consciente la naturaleza y riesgos de los productos que adquieren. Y, en cualquier caso, la CNMV está tramitando actuaciones disciplinarias por 22 incumplimientos relacionados con la comercialización inadecuada de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas, que afectan a nueve grupos financieros.

Desde su especial atalaya, ¿cree que España se está posicionando en la senda de la recuperación?

En los últimos cinco años, la crisis económica ha supuesto una importante pérdida de confianza. Cabe preguntarse qué podemos hacer para restaurar esta confianza y así contribuir a resolver la situación volviendo a una senda sostenible de crecimiento y empleo. Por la parte que nos toca, la CNMV, como organismo encargado de la supervisión de los mercados de valores y la protección de los inversores, tiene un papel importante en el buen funcionamiento de nuestro sistema financiero que, a su vez, es trascendental para el correcto funcionamiento de nuestra economía. Podemos ayudar a la recuperación de la confianza transmitiendo que en nuestro mercado se aplican con rigor las normas correspondientes. Dicho esto, en un plano más general, parece evidente que la economía española ha tocado fondo y que algunos indicadores, como las exportaciones o la prima de riesgo, muestran que se abre el camino para iniciar la recuperación.

Cuando uno ve iniciativas como la Ley de Costas -se le pregunto a usted, que fue ministra de Medio Ambiente- no puede dejar de pensar que parece que no hemos aprendido la lección sobre la insostenibilidad de un modelo basado en el crecimiento sin límites que en España destrozó el litoral y provocó una fatídica burbuja que acabo en esta crisis histórica.  ¿Usted cuál cree que debería ser el modelo?

En mi opinión el modelo sin duda debe avanzar hacia la sostenibilidad. Y el futuro sólo será viable si además de las consideraciones estrictamente económicas se tienen en cuenta las relativas a la sociedad en la que se llevan a cabo y al entorno en el que se desarrollan. Afortunadamente, existe una creciente conciencia social en relación al desarrollo sostenible de las economías y a la protección del medio ambiente. En general y, cada vez más, los consumidores, a la hora de tomar una decisión de consumo, tienen en cuenta el comportamiento y las iniciativas en términos de sostenibilidad, medio ambiente y gestión de recursos naturales.

La austeridad ha sido la receta impuesta desde Berlín. ¿Corremos el riesgo de asfixiarnos?

El impacto de las medidas debe evaluarse a medio plazo. No obstante hay que valorar los beneficios de reducir la deuda y avanzar hacia el equilibrio presupuestario. En cualquier caso, también hay que reconocer que los objetivos de déficit público han sido adaptados a la realidad del momento del ciclo económico en el que nos encontramos. La consolidación fiscal a un ritmo razonable junto con las reformas que se están llevando a cabo son la vía más segura para mejorar la situación lo antes posible.