Daron Acemoglu y James A.Robinson

En economía, el enfoque fundamental de la prescripción de políticas se deriva del reconocimiento de que la presencia de fallos del mercado —como externalidades, bienes públicos, monopolios y competencia imperfecta— deja margen para intervenciones públicas bien diseñadas que mejoren el bienestar social. Esta tradición, ya clara en Arthur Pigou (Riqueza y bienestar, 1912), fue elaborada por Paul A. Samuelson en Fundamentos del análisis económico (1947), y sigue constituyendo hoy la base de la mayoría de los consejos que los economistas ofrecen a los políticos.

Por ejemplo, en la década de 1950, los primeros economistas del desarrollo usaron ideas inspiradas en el fracaso del mercado como base intelectual con la que defender la necesidad de intervención gubernamental para promover el desarrollo en los países pobres. Y aunque la creencia en la capacidad de los gobiernos o en la eficacia de las ayudas ha sufrido altibajos, los enfoques actuales de los problemas de desarrollo tienen mucho en común con esta tradición inicial, si bien se han vuelto más sofisticados —tienen en cuenta las cuestiones relativas a la teoría de la segunda opción, por ejemplo incorporando explícitamente las fricciones informativas en el diseño de políticas; destacan que las medidas económicas adecuadas son específicas de cada contexto, y hacen hincapié en el papel de los métodos empíricos rigurosos para determinar qué tipo de intervenciones pueden ser eficaces—. Pero en todos estos enfoques la política está en gran medida ausente del escenario.

Esta desatención a la política suele justificarse —implícita o explícitamente— de una de las siguientes tres maneras.

La primera consiste en sostener que los políticos están (o se ven inducidos a estar) básicamente interesados en promover el bienestar social; porque, por ejemplo, la adopción de medidas socialmente eficientes es lo que ayuda a tales políticos a mantenerse en el poder o ser reelegidos —así se contempla el asunto en los modelos propuestos por Donald Wittman y por Casey Mulligan y Kevin Tsui.

La segunda consiste en contemplar la política como un factor aleatorio, que tan solo crea obstáculos potencialmente graves pero no sistemáticos para la formulación de medidas económicas —así se ve el asunto, por ejemplo, en El fin de la pobreza, de Jeffrey Sachs, o en el argumento de Abhijit Banerjee de que las medidas económicas del dictador liberiano Samuel Kanyon Doe fueron desastrosas porque este no entendía «lo que implicaba ser presidente».

La tercera justificación reconoce que la economía política importa, pero sostiene que «la buena economía es buena política», lo que significa que las buenas medidas económicas necesariamente relajan las restricciones políticas. La conclusión es la misma que la de los dos primeros puntos de vista: podemos apoyar firmemente las buenas medidas económicas, con la seguridad de que no solo resolverán los fallos del mercado, sino que liberarán fuerzas políticas beneficiosas —sean estas cuales sean.

El análisis económico debe identificar, teórica y empíricamente, las condiciones en las que la política y la economía entran en conflicto

En este ensayo sostenemos no solo que el asesoramiento económico ignora a su cuenta y riesgo la política, sino también que existen fuerzas sistemáticas que a veces convierten la buena economía en mala política, y que esta última, desgraciadamente, prevalece a menudo sobre el bien económico. Por supuesto, no pretendemos afirmar que el asesoramiento económico deba rehuir la identificación de los fallos del mercado y las soluciones creativas a los mismos, ni buscamos predisponer en contra de la buena política económica. Más bien argumentamos que el análisis económico debe identificar, teórica y empíricamente, las condiciones en las que la política y la economía entran en conflicto, y después evaluar las propuestas de medidas teniendo en cuenta este conflicto y sus posibles repercusiones.

Nuestro argumento básico es sencillo: el equilibrio político existente en determinado lugar puede no ser independiente del fallo del mercado; de hecho, es posible que dependa críticamente de él. Ante un sindicato que ejerce un poder monopolístico y aumenta los salarios de sus afiliados, muchos economistas abogarían por eliminar o limitar la capacidad del sindicato para ejercer tal poder, y esta es sin duda la política correcta en algunas circunstancias. Pero los sindicatos no solo influyen en el funcionamiento del mercado laboral, sino que además tienen importantes consecuencias para el sistema político.

Históricamente, han desempeñado un papel clave en la creación de la democracia en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa Occidental; han fundado, financiado y apoyado a partidos políticos, como el Partido Laborista del Reino Unido o los partidos socialdemócratas de Escandinavia, que han tenido grandes efectos en las políticas públicas y en el alcance de la fiscalidad y la redistribución de los ingresos, a menudo equilibrando el poder político ejercido por los intereses empresariales establecidos y las élites políticas. Dado que los salarios más altos que los sindicatos generan para sus miembros son una de las principales razones por las que la gente se afilia a ellos, es probable que la reducción de su fuerza fomente la desindicalización. Pero esto, al fortalecer más aún a los grupos e intereses que ya eran dominantes en la sociedad, también puede cambiar el equilibrio político en una dirección que implique mayores pérdidas de eficiencia. Y este caso ilustra una conclusión más general, que constituye el núcleo de nuestra argumentación: incluso cuando es posible hacerlo, eliminar un fallo del mercado no necesariamente mejora la asignación de recursos, debido al efecto que ello tendrá sobre los equilibrios políticos futuros. Para saber si es probable tal mejoría, hay que analizar las consecuencias políticas de una medida; no basta con centrarse en los costes y beneficios económicos.

Este texto es un extracto del prólogo de ‘Economía versus política’ (Página Indómita, 2025) de Daron Acemoglu y James A. Robinson.