¿De verdad lo ha dicho Draghi?

Artículo

Antonio Fuertes Zurita

Carlota de Paula Coelho

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European Parliament

En su informe de Sostenibilidad de 2014 la empresa española Naturgy –entonces Gas Natural Fenosa– publicó los datos de un indicador que recogía los accidentes y fallecimientos como consecuencia de contactos con sus redes eléctricas o de gas de terceras personas entre el público en general, no de empleados. Este indicador era uno de los que contenía en sus suplementos sectoriales para utilities eléctricas y de gas Global Reporting Initiative (GRI). Esta iniciativa fue pionera en los años 90 en establecer estándares de información en sostenibilidad para aumentar la transparencia de las compañías promoviendo la rendición de cuentas. Los accidentes y fallecimientos se producían sobre todo en Colombia en barrios de la Costa Caribe, donde los enganches ilegales en las redes provocaban una maraña de cables con alto riesgo para la población. Había accidentes también en otras zonas en las que servía la compañía que había desarrollado planes para mejorar el servicio y también poder cobrar el uso de la energía a esas poblaciones extremadamente empobrecidas, pero no tenía consciencia compartida de los accidentes que se producían por causas, totalmente ajenas en muchos casos a las prácticas de la compañía, otras no. La publicación de esos datos de accidentes y fallecimientos supuso una toma de conciencia por parte del equipo directivo en España y, como consecuencia, se implementaron con éxito planes para corregir y reducir el problema, como así ocurrió. Cuando el CEO de Global Reporting Initiative conoció este hecho denominó a ese indicador «el indicador que salva vidas», y así lo expuso en una entrevista televisiva en Davos en 2015, en la que mencionó a Naturgy como una buena práctica.

El 9 de septiembre de 2024, la Comisión Europea presentó el informe El futuro de la Competitividad Europea, encargado al prestigioso economista y político Mario Draghi. El conocido como Informe Draghi establecía un análisis de las fallas de competitividad europeas proponiendo soluciones que han marcado la hoja de ruta para la Unión Europea desde entonces. El Informe Draghi tiene dos partes, la parte A y la parte B. La primera de ellas, la parte A, tiene como objetivo fijar el marco estratégico –la visión, las prioridades y las palancas estructurales– que guiarán el esfuerzo de Europa para mejorar su competitividad. La parte B entra en el detalle técnico y sectorial, con propuestas y análisis específicos para los distintos ámbitos estratégicos y sectores industriales. Su misión es brindar el «cómo» operativo: traducir la visión general de la parte A en medidas concretas, adaptadas a sectores y horizontales. Una de las mayores preocupaciones manifestadas en ambas partes del Informe Draghi es la carga regulatoria y administrativa que deben soportar las compañías europeas y las que hacen operaciones en Europa. En la parte A hace 15 menciones a esta carga y en la parte B hace 65 menciones a ella. A los efectos de este artículo nos interesa la mención que hace en la página 318 de esa parte B, en la que dice que las directivas adoptadas por la Unión Europea en materia de sostenibilidad suponen una carga burocrática para las empresas. En concreto el texto dice: «El marco de la UE para los informes de sostenibilidad y la diligencia debida es una fuente importante de carga regulatoria, amplificada por la falta de orientación que facilite la aplicación de reglas complejas y aclare la interacción entre las distintas piezas de legislación». Hay que hacer notar que la primera parte de la frase relacionada con la carga burocrática que supuestamente genera esa normativa ha ocultado a veces la segunda, en la que Draghi diagnostica la falta de apoyo y guía por parte de la Comisión para aceptar e implantar una normativa compleja.

No es objeto de este artículo juzgar lo apropiado o inapropiado de la carga regulatoria de la Unión Europea en todos sus ámbitos ni las amplias propuestas del Informe Draghi, pero sí hacer una defensa equilibrada de la regulación en materia de sostenibilidad y en concreto de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) y de la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) a las que, sin mencionar sus siglas, hace alusión el informe. Hay que hacer notar que, en su parte A, el informe dice haber consultado para su elaboración 8 ONGs y 83 empresas, entre las cuales están las españolas Iberdrola y Repsol.

Draghi es reconocido por su defensa de la eficiencia administrativa, el mercado único y la competitividad global

Mario Draghi es una figura de enorme peso en la política y economía europeas, y sus opiniones se basan en una trayectoria profesional muy destacada. Draghi es reconocido por su defensa de la eficiencia administrativa, el mercado único y la competitividad global. Desde esa óptica, conoce bien el funcionamiento de las empresas, tanto grandes como pequeñas, y cómo los requisitos regulatorios afectan su actividad, entiende el coste de cumplimiento normativo, especialmente para pymes o empresas con estructuras menos preparadas para adaptarse a la nueva regulación ESG, y tiene acceso a datos macro y microeconómicos sobre los impactos de la normativa europea en la productividad, la inversión y la carga administrativa. Sin embargo, aunque tiene un currículum brillante en economía, política monetaria y gestión de crisis, su experiencia directa en sostenibilidad, entendida como triple impacto (ambiental, social, gobernanza), es suficientemente limitada como para opinar de los efectos reales de dos normativas tan concretas de las que habla en su informe, como son la CSRD y la CSDDD, marcos que han sido desarrollados por expertos en derechos humanos, medio ambiente, ciencia del clima, contabilidad no financiera y derecho internacional, y que han incluido procesos con consultas públicas extensas.

En el contexto del Informe Draghi, Úrsula von Der Leyen impulsó un proceso de simplificación de esta regulación en sostenibilidad en lo que se ha denominado normativa Ómnibus, empezando por la denominada Ómnibus I, que el pasado 16 de diciembre alcanzó su aprobación por parte del Parlamento Europeo después de un proceso de negociación entre el propio Parlamento, el Consejo de Europa y la Comisión Europea. El resultado final aprobado desmonta mucho de lo normado desde el año 2023 con la CSRD y en el 2024 con la CSDDD, en un proceso bastante tortuoso que ya rebajó las expectativas y obligaciones significativamente. Desde el punto de vista de quienes firman este artículo, lo que la Comisión presentó como un proceso de simplificación se ha convertido en un proceso de desregulación caótico y decepcionante. La propia ombudswoman de la Unión Europea ha dictaminado que el proceso de elaboración y aprobación del Ómnibus I no ha seguido las propias normas de la Unión sobre una «mejor regulación». No es ajeno a este proceso las presiones que vienen del otro lado del Atlántico en el contexto de la negociación de aranceles, cuyas consecuencias en su letra pequeña están por conocer.

Las propuestas de Ómnibus I sobre las CSRD y CSDDD tienen en común el aumento de los umbrales de aplicación (por ejemplo, elevar el número mínimo de empleados o el volumen de facturación exigidos para quedar dentro del ámbito del reglamento), que reducirían considerablemente el número de empresas sujetas a obligaciones, que los expertos cifran en un 80 y un 70 por ciento respectivamente para cada una de las directivas. Paralelamente, se han flexibilizado plazos y aumentado los de transposición a las legislaciones nacionales, y disminuido el nivel de detalle requerido en los reportes que siguen los European Sustainability Reporting Standards (ESRS) y limitar el alcance de la cadena de valor, que queda denominada cadena de actividades y no incluye por ejemplo las emisiones de gases de efecto invernadero de los clientes. Otras de las modificaciones más significativas han sido la eliminación en la CSDDD de la obligación de contar con un plan de transición energética por parte de las empresas, la eliminación del régimen de responsabilidad civil armonizado europeo, la limitación de petición de información a los socios comerciales y la eliminación de la «cascada contractual» de responsabilidades en la cadena de actividades, entre otras.

Las presiones en contra de esta normativa han sido muy fuertes. Así, el secretario de Estado de Medioambiente de la administración americana y el ministro de Medioambiente de Catar enviaron una carta en noviembre a los líderes de los estados miembros de la Unión Europea solicitando la eliminación de la CSDDD o al menos cuatro de sus artículos, los más comprometidos; y dieciséis fiscales de Estados Unidos enviaron el 6 de octubre pasado una carta a Mark Zuckerberg advirtiéndole de las consecuencias de aplicar la normativa europea en materia de sostenibilidad y en concreto de diversidad.

¿Y por qué creemos que la desregulación en estas dos materias, reporting y debida diligencia, es contraproducente? Trataremos de describir a continuación las razones que nos mueven a ello:

1. Las obligaciones de reporting y de información, como demuestra el ejemplo sobre el indicador de GRI con el que iniciamos este artículo, son una forma de adquirir conciencia sobre los impactos de las compañías bajo el principio de doble materialidad que guía los estándares que la Unión Europea tiene recogidos en los European Sustainabiity Reporting Standards (ESRS) ya mencionados. Este principio de doble materialidad establece la obligación de reportar sobre aquellos aspectos que impactan desde el exterior en la compañía –incluido su impacto financiero–, así como los impactos que la empresa tiene en el exterior, en sus grupos de interés y en el medioambiente. Nos atreveremos a decir que es incluso infantil pretender que las empresas informen solo de los que les afecta a ellas, obviando sus impactos hacia afuera. Y decimos infantil, no solo en el plano ético, sino desde el propio desarrollo evolutivo de la persona. Hay una etapa en el desarrollo infantil en la que los niños creen que no existe lo que no ven y, si ellos se tapan los ojos, creen que no son vistos.
2. Cuando se habla de carga administrativa o regulatoria se obvian los beneficios de hacer ese reporte. Esos costes que supone hacer un informe o identificar los riesgos en derechos humanos y medioambiente en la cadena de valor ofrecen múltiples beneficios. Si ese razonamiento, el del ahorro de costes, fuera exclusivo, habría que recomendar que las empresas eliminaran todas sus certificaciones ISO, que al fin y al cabo son otro gasto. Y no lo hacemos porque somos conscientes de los beneficios que generan.
3. El Pacto Verde Europeo dependía en gran medida de la financiación privada, ya que los fondos públicos por sí solos no podían sostener la transición hacia una economía climáticamente neutra y justa. Por ello, los responsables políticos se propusieron orientar el capital privado hacia actividades y empresas sostenibles mediante un principio central: la transparencia. La premisa era que, si consumidores e inversores contaban con información precisa, comparable y útil para la toma de decisiones, premiarán a las empresas y productos sostenibles «votando con sus carteras». Esto dio lugar a una ola de legislación de transparencia –información corporativa en sostenibilidad, divulgaciones en finanzas sostenibles y requisitos de información al consumidor– que configuró un ecosistema jurídico coherente. El objetivo último era reforzar la confianza y la eficiencia del mercado: desincentivando las afirmaciones engañosas y estableciendo normas claras de verificación, estas leyes protegían tanto a consumidores como a empresas creíbles y permitían que el capital privado impulsara realmente la transición verde.
4. Creemos que es una obligación moral rendir cuentas con transparencia de los impactos en materia de derechos humanos y medioambiente y tratar de eliminarlos o mitigarlos y, en su caso, remediar los daños como establece la normativa que analizamos. El argumento de la obligación moral está a veces algo olvidado y quizás es el principal. Los profesionales de la sostenibilidad hemos utilizado habitualmente criterios como la reducción de riesgos, la eficiencia en costes y otras razones de negocio para vender nuestras propuestas de sostenibilidad, lo que ha supuesto a veces una soga al cuello de nuestros objetivos. La utilización de estos argumentos de negocio está muy en boga ahora que hay una reacción en contra de la sostenibilidad y queremos ser aceptados y escuchados basándonos en las reglas del negocio, centradas en costes y beneficio. Utilizar solo estos criterios económicos para justificar nuestras propuestas es tratar a los equipos directivos como analfabetos morales incapaces de pensar en otros parámetros que no sean económicos. Creemos que es hora de rescatar el criterio moral: hay cosas que están bien y cosas que están mal, y, por ejemplo, ganar dinero con una cadena de suministro donde hay sufrimiento humano está mal. Algo en este sentido se recogía en un interesante artículo de Harvard Business Review de 2017 titulado «We shouldn´t always need a “business case” to do the right thing». Y, seamos sinceros con los equipos directivos, hay cosas que hay que hacer y tienen un coste. Sabemos que este enfoque no vende, pero es el que nos mantendrá con dignidad en un mundo que ha cambiado el rumbo y sigue los pasos del egoísmo más feroz que hemos conocido en los últimos años.

El argumento de la obligación moral está a veces algo olvidado y quizás es el principal

Para que estos argumentos que estamos dando no se consideren como posiciones políticas o antisistema, creemos que hay que traer aquí algunas reflexiones que consideramos relevantes:

• Cuando se anunció que la CSRD aplicaría a 7.000 empresas en vez de las 50.000 a las que afectaba antes de la simplificación promovida por Ómnibus I, reduciendo su alcance y ámbito, el presidente de la European Confederation of Directors Associations (ecoDa), es decir, la asociación que reúne a los institutos de consejeros de Europa que representan a 55.000 consejeros del continente, envió una carta a sus asociados recomendando a las empresas que quedaban excluidas del alcance de la nueva normativa, que desarrollaran análisis de doble materialidad por los beneficios que este proceso generaba en la definición de la estrategia y las operaciones de las compañías.
• La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ante la reducción de exigencias que se anunciaban en la CSRD y CSDDD envió una carta al Parlamento Europeo el 15 de agosto pasado en la que afirmaba: «En particular, la reducción propuesta del alcance de las empresas sujetas a los requisitos de información sobre sostenibilidad en el marco de la CSRD limitaría la disponibilidad de datos a nivel de empresa, debilitando así la capacidad del Eurosistema para realizar una evaluación detallada de los riesgos financieros relacionados con el clima en su balance y dentro de su marco de garantías. Además, las enmiendas a la CSRD y a la CSDDD podrían obstaculizar la capacidad del Eurosistema para aplicar medidas, al igual que podrían hacerlo los retrasos en la transposición de la CSRD a las legislaciones nacionales de los Estados Miembros de la zona del euro. Por lo tanto, es importante que estas enmiendas logren el equilibrio adecuado entre mantener los beneficios de los informes de sostenibilidad para la economía europea y el sistema financiero, y garantizar al mismo tiempo que los requisitos sean proporcionados». Esta afirmación confirma que los datos son un activo muy valioso en cualquier economía, convirtiéndolos incluso en un activo estratégico.
• Se tiende a pensar que la regulación es solo fuente de carga burocrática, obviando que también promueve la innovación, como han demostrado la realización de informes de sostenibilidad por parte de las empresas, que encuentran más en el proceso que en el resultado de estos informes una forma de mejora y cambios culturales que acaban influyendo en la toma de decisiones y en la operativa. Como reconoce uno de los ejecutivos entrevistados en un reciente estudio elaborado por Bertelsmann Stiftung: «Muchos de los proyectos de eficiencia energética y de recursos que implementamos posteriormente redujeron los costos de manera notable. Los informes los iniciaron». El título de este estudio es en sí elocuente: El ‘reporting’ no es un fin en sí mismo, es una palanca que puede iniciar y capacitar para el cambio.

Los datos muestran que la mejora en derechos humanos es compatible con mejores resultados financieros y mayor resiliencia operativa

• En lo relacionado con la directiva de diligencia debida, un reciente estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo junto con la organización World Benchmarking Alliance sobre 235 empresas globales de cinco sectores de alto riesgo evalúa si mejorar el desempeño en derechos humanos implica un coste de competitividad. La conclusión es contundente: no existe un trade-off entre respetar los derechos humanos y mantener la competitividad empresarial. Por el contrario, los datos muestran que la mejora en derechos humanos es compatible con mejores resultados financieros, mayor resiliencia operativa y mayor legitimidad ante los stakeholders. Las empresas con puntuaciones más altas en prácticas de derechos humanos tienen una mejora estadísticamente significativa en el Return on Assets (ROA). Las mejoras en políticas, procesos, gobernanza y en esas prácticas de derechos humanos se traducen en un uso más eficiente de los activos y muestran un impacto neutro en márgenes y flujos de caja. Los beneficios de la diligencia debida son especialmente relevantes para empresas pequeñas y rezagadas. Así pues, todo parece indicar que nos encontramos ante uno de los falsos dilemas, en este caso entre derechos humanos y competitividad, tan habituales cuando hablamos de sostenibilidad. Desde el punto de vista geopolítico, esa supuesta carga burocrática está haciendo de Europa una superpotencia regulatoria que tiene influencia e impacto en el resto del mundo tal y como afirma la catedrática de Columbia Annu Bradford en su libro Efecto Bruselas: Cómo la Unión Europea domina el mundo. Esta capacidad regulatoria sería parte fundamental del soft power europeo.

En un reciente encuentro con Mario Draghi en la escuela de negocios IESE promovido por la Fundación Naturgy, le preguntaron sobre el reto más importante que tenía Europa en los próximos 10 años, a lo que contestó con claridad que era la descarbonización. Es impensable hablar de una descarbonización si los flujos de capital no cuentan con información fidedigna sobre emisiones y sostenibilidad. Mario Draghi también habló de uno de sus conceptos preferidos, el pragmatismo, que incluso reconoció que quizás utilizaba demasiado frecuentemente. Es de esperar que ese pragmatismo pueda convivir con una fortaleza regulatoria que aporte luz a los avances y progresos de esa Europa descarbonizada. Las numerosas personas que sufren abusos de derechos humanos en todo el mundo esperan también pragmatismo.

Volviendo al ejemplo con el que iniciábamos este artículo, queremos suponer que quienes salvaron sus vidas como consecuencia de los planes de evitación de accidentes en las redes eléctricas y de gas en las zonas de servicio de Naturgy, y que no sabrán nunca que podían haber sido víctimas, no considerarían la obligación de informar de esos accidentes como una carga burocrática.