Paquete Ómnibus

Artículo

Ramón Oliver

@mondieta

Una de las primeras decisiones de Ursula von der Leyen tras ganar la reelección a la presidencia de la Comisión Europea en julio de 2024 fue tomar medidas para frenar la pérdida de competitividad de las empresas europeas frente al empuje de China o Estados Unidos. El declive de las industrias continentales había sido uno de los ejes centrales de un demoledor informe elaborado por el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, encargado por la propia Von der Leyen. El trabajo también ofrecía un diagnóstico inequívoco: el exceso de regulación en materia de sostenibilidad es un lastre que impide a las compañías de los 27 seguir el paso de sus competidoras de otros mercados menos condicionados por los requerimientos ambientales y sociales. 

En un intento por igualar las tornas, en febrero de 2025 la Comisión Europea presentó un plan de simplificación normativa que aliviara cargas y costes administrativos a las empresas. El Paquete Ómnibus centraba sus esfuerzos en rebajar los requisitos de dos normas clave: la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD).

En junio de este año, una nueva versión del paquete limaba un poco más la carga burocrática empresarial asociada a los desempeños ambientales. La última vuelta de tuerca a esta flexibilización de los umbrales de reporte ha llegado recientemente desde el Parlamento Europeo –la tercera institución europea, junto a Comisión y Consejo, con voz en este asunto– en forma de postura consensuada sobre el futuro Ómnibus I. Los tres organismos debaten la postura estos días en la negociación tripartita (el llamado «Trílogo europeo») sobre el futuro de la norma. 

La postura del Parlamento Europeo

La propuesta del Parlamento Europeo aligera todavía más la carga administrativa para las empresas. Entre las modificaciones más destacadas, limita la reducción del alcance de aplicación de las normas de divulgación CSRD de impacto ambiental y social a únicamente las empresas con más de 1.750 trabajadores y 450 millones de euros en volumen de negocio (en la redacción original la frontera se situaba en 1.000 personas y 50 millones de euros). Un recorte drástico que en la práctica reduce a únicamente 3.900 empresas de la UE la obligación de reportar, un 92% menos que la primera CSRD de 2022. 

Alberto Andreu: «Los grandes avances en sectores como la energía, la movilidad, la automoción, la alimentación o la agricultura han venido precisamente de la sostenibilidad»

La postura, recuerda Alberto Andreu, director ejecutivo del Máster de Sostenibilidad de la Universidad de Navarra, es llamativa en la medida en que «es contraria a la de los supervisores financieros europeos, que pedían bajar los umbrales a 500 empleados para poder así disponer de la información necesaria para gestionar el riesgo financiero derivado de los aspectos ESG en las operaciones de crédito e inversión». En su texto, el Parlamento Europeo también aboga por extender los plazos de aplicación, que pasan a los ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2027, y por simplificar y reducir los estándares de reporte (ESRD), del que quedan exentas las empresas más pequeñas. 

Por lo que se refiere a la CSDDD, también se quiere limitar su alcance a las empresas con más de 5.000 personas empleadas y un volumen de negocio de 1.500 millones de euros. Además, se pone el foco en el concepto de riesgos, es decir, explica el economista Javier Santacruz, «las empresas ya no tendrán que solicitar de forma sistemática información ambiental o social a sus socios comerciales más pequeños, sino que solo lo harán cuando exista una amenaza real y plausible de impacto negativo en el medio ambiente o en los derechos humanos». 

Otras medidas incorporadas en la versión del Ómnibus del Parlamento Europeo son la eliminación de la obligación del Plan de Transición Climática y la limitación de la responsabilidad empresarial al ámbito nacional en lugar de al europeo. 

¿Del exceso a la laxitud regulatoria?

La propuesta del Parlamento Europeo no ha gustado a todo el mundo. Los sectores más progresistas la encuentran demasiado radical, ya que, entienden, supone pasar del exceso de celo regulatorio del que se suele acusar –y no sin razón– a Europa a diluir demasiado los márgenes de exigencia en el cumplimiento sostenible. «La diferencia entre esta última propuesta y la anterior no es solo de plazos y umbrales, sino de filosofía. Lo que antes era asimetría regulatoria para dar ventaja, ahora se convierte para algunos en reducción de estándares para evitar costes», resume Javier Santacruz. 

Alberto Andreu recuerda que en la propia formulación de objetivos de la propuesta Ómnibus, realizada por el ponente conservador Jörgen Warborn, hablaba de reducir los costes asociados a la sostenibilidad para que las empresas europeas ganen en competitividad. Lo que, a juicio de Andreu, supone esgrimir dos mantras recurrentes: «que la sostenibilidad genera costes indeseados y que es un freno a la competitividad». Pero, reflexiona este experto, «¿no es también cierto que los grandes avances en sectores como la energía, la movilidad, la automoción, la alimentación o la agricultura han venido precisamente de la sostenibilidad y que han sido también clave para la competitividad de los mismos?».

El desafío de la competitividad

Javier Santacruz estima que las nuevas propuestas ayudarán en alguna medida a mejorar esa ansiada competitividad. «El paquete Ómnibus I es un paso necesario en la medida en que reduce cargas y costes administrativos, aporta mayor claridad y da a las empresas más tiempo para adaptarse». Y lo ilustra: «Si una compañía ya no está obligada a reportar en 2026, sino que puede hacerlo en 2028, libera recursos para invertir en innovación». 

Otro aspecto en el que Ómnibus I debería aportar beneficios palpables es en facilitar «un entorno regulatorio más estable y comprensible que favorezca la inversión, reduzca la incertidumbre y atraiga capital», añade este economista. Y también en el hecho de poner su foco en las grandes empresas, «lo que permite que las más pequeñas no se vean inmediatamente abrumadas». 

Javier Santacruz: «Si solo aliviamos cargas pero las empresas no aprovechan ese espacio para invertir en mejorar su productividad y su capacidad de innovación, el efecto será limitado»

Santacruz cree, sin embargo, que estos avances, por sí solos, son insuficientes. «Las medidas ayudarán especialmente a empresas medianas/grandes, que estaban bajo una presión regulatoria fuerte, pero hace falta mucho más». Porque, argumenta, «no se trata solo de reducir obligaciones, sino de favorecer la transformación y la competitividad». Y es que, recuerda, «las empresas europeas no solo compiten entre sí, sino con empresas de países cuyas regulaciones son menos exigentes. Reducir cargas regulatorias ayuda, pero si los demás tienen costes aún mucho más bajos, la ventaja relativa seguirá siendo débil». 

Entonces, ¿qué más hace falta para que Europa mejore su posición frente a Estados Unidos o China? La receta de Santacruz incluye políticas industriales activas, apoyo a la digitalización, mejor acceso a mercados exteriores, mejora de la educación y el talento… «Si solo aliviamos cargas pero las empresas no aprovechan ese espacio para invertir en mejorar su productividad y su capacidad de innovación, el efecto será limitado».

Desde ONG y organismos como el Pacto Mundial de Naciones Unidas recuerdan que remontar la competitividad europea es fundamental, pero nunca a costa de relajar en exceso los estándares de sostenibilidad, porque eso sería renunciar a la tradición garantista europea, uno de sus signos identitarios frente a otros mercados más laxos y, precisamente por ello, menos confiables. Mientras, la UE sigue buscando fórmulas que demuestren que lo de ser más sostenibles para ser más competitivos y viceversa es una posibilidad real y viable y no simplemente un enrevesado oxímoron.