La muerte de la verdad en democracia

Artículo

Pedro Silverio

@7silverio

Los grandes productores y distribuidores de fake news han sido los Gobiernos y los medios de comunicación de masas porque han contado con los recursos para llevarlo a cabo (Levi, 2019: 13). El monopolio de la comunicación incluía tanto la información como la desinformación. La estandarización de las redes sociales y del resto de tecnologías de la información no solo popularizan el surgimiento del periodismo ciudadano, sino que también cobra auge la desinformación por cauces no oficiales. No en vano fue Donald Trump quien acuñó el término de fake news de forma despectiva para referirse a las noticias críticas con sus políticas por parte de los medios de comunicación. Pero por mucho que desde esferas de oposición al poder se elaboren bulos, no dejan de ser intentos por contrarrestar el poder del discurso dominante. Prueba de ello es la cantidad de dinero invertido. Parece imposible que esos recursos salgan del tiempo libre de ningún ciudadano; lo más lógico es creer que forman parte de las estructuras de poder de los Estados. Como señala Elías, «La desinformación se produce básicamente en el poder» (2020).

El proceso de elaboración de un bulo requiere tres estadios. El primero pasa por incluir un tema en la agenda mediática para ganar visibilidad. Es aquí donde se popularizan expresiones como «no lo verás en los medios», «nadie te contará esto», o se recurre a fuentes de confianza no oficiales: «tengo un amigo que ha visto», «mi vecino me ha contado que en su trabajo…». En este caso, las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp y Telegram son las plataformas preferidas. Una vez popularizado el mensaje, se rompen las barreras de la agenda setting (McCombs y Shaw, 1972) y los bulos terminan por colarse en el discurso mediático.

En la segunda fase el concepto central es la espiral del silencio (Noelle-Neumann, 1998). El discurso ya forma parte de la esfera de opinión pública y solo necesita ir ganando adeptos. Por ello, los bulos se empiezan a publicar en medios de comunicación estándares, pero siempre desde una perspectiva muy ideologizada y con apelaciones a la acción política, intentando señalar la necesidad de intervenir para solventar una cuestión que se considera nuclear. De este modo, pasamos al tercer nivel. Las noticias falsas consiguen abrir una ventana de Overton (Overton, s.f.) y fuerzan a las instituciones a pronunciarse sobre una materia que hasta entonces no formaba parte de las prioridades sociales. Si recordamos los cuatro espacios de los que hablábamos al definir la esfera pública actual, vemos que los bulos han pasado por ellos: redes digitales (primera fase), medios de comunicación y manifestación (segunda fase) y, por último, palacio (tercera fase).

Los grandes productores y distribuidores de noticias falsas han sido los gobiernos y los medios de comunicación de masas

Las fake news no tienen por qué estar centradas solo en cuestiones políticas, sino que incluyen también otros asuntos sociales, aunque bien es cierto que suelen tratarse de temas que terminan entrando en la agenda política, como la migración, el mantenimiento de los servicios públicos o el coste de los impuestos. Y lo hacen porque ese es su objetivo, promover cambios en la agenda legislativa que de otra forma no hubieran sido viables.

No es de extrañar, por tanto, que los bulos y su multiplicación se hayan convertido en una de las mayores amenazas para la democracia y su estabilidad. Tal y como señala Cortina (Silverio, 2020), el diálogo que debe producirse en la esfera democrática solo es posible sobre la base de cuatro condicionantes: inteligibilidad, veracidad, verdad y justicia. En este sentido, las fake news suponen «una distorsión deliberada que manipula emociones y creencias con el fin de influir en la opinión pública». Pero no es el único riesgo que implican. La convivencia puede verse seriamente dañada, por no hablar de la reputación de muchos actores de la esfera pública, que son objetivos directos o indirectos de estos bulos. Por ello, en la «Declaración conjunta sobre libertad de expresión y noticias falsas» suscrita por la ONU, la OSCE, la OEA y la CADHP se reconoce que la desinformación y la propaganda se diseñan y distribuyen con el objetivo de generar confusión entre la ciudadanía. Y además se advierte del peligro que supone cuando daña la reputación y afecta a la privacidad de las personas a la par que instiga a la violencia, la discriminación y la hostilidad hacia ciertos grupos sociales (ONU, OSCE, OEA, CADHP, 2017).

Ante esta situación, cabe preguntarse si existe alternativa que salvaguarde nuestra democracia o solo nos queda la resignación. La apuesta por la educación para combatir la desinformación y las noticias falsas son habituales (ONU, OSCE, OEA, CADHP, 2017). Rose (2019) considera que la educación y el desarrollo del pensamiento crítico son indispensables para que la ciudadanía se muestre más cauta ante los bulos y estos pierdan efectividad. Sin embargo, no parece que el pensamiento crítico y la educación puedan tener cabida ni sirvan de ayuda. Creer que la desinformación solo arraiga entre las personas con menos formación o que son fácilmente manipulables lleva implícito un elitismo académico poco adecuado con un sentimiento democrático.

Este texto es un fragmento de ‘La muerte de la verdad en democracia: cómo las elecciones nos trajeron la posteridad’ (Villa de Indianos, 2024), de Pedro Silverio.