No es redistribuir la riqueza, sino el poder

Ocurrió el pasado jueves, 30 de junio de 2022. Así lo recoge el Diario de Sesiones de las Cortes. En medio de la Cumbre de la OTAN, el tsunami de la inflación y un silenciado repunte de la covid-19, otro hecho relevante pasó desapercibido en el Congreso de los Diputados. Grupos parlamentarios tradicionalmente distanciados tuvieron a bien ponerse de acuerdo en su poder y abrazar una propuesta dirigida a redefinir el éxito empresarial, equilibrar ese peligroso péndulo que rige la economía de mercado, y promover lo que Antón Costas denomina «el buen capitalismo»: cambia las empresas y cambiarás el mundo.

Lo hicieron mediante la aprobación de una nueva figura jurídica –Sociedades de Beneficio de Interés Común– que, matices mercantiles al margen, traduce y ordena ese fenómeno posmoderno del propósito empresarial que tantos lametazos ha recibido estos últimos años. ¿Cómo? A través de un nuevo contrato social que introduce nuevos parámetros como el impacto social y ambiental, transparencia y rendición de cuentas en el balance de una compañía.

Ganar dinero, por supuesto, pero no a cualquier precio. Un marco de actuación todavía voluntario que se abre paso en países de nuestro entorno y que imprime a la gestión empresarial dosis de belleza y complejidad a partes iguales.

De la fatiga democrática a las políticas ‘bottom-up’

La experiencia es tozuda y conduce muchas veces al escepticismo. Seguramente por eso Koldo Etxeberría, director general de Esade, deslizaba hace no mucho que «eso del propósito, sin poder, no es tan propósito». Sin decirlo, repasaba mentalmente el pantone del loquesea-washing y otros anglicismos que buscan retratar los intentos del mundo empresarial para escenificar su compromiso con el entorno, humanizar su discurso y conectar con una sociedad cada vez más descreída.

Algunas organizaciones como B Corp, empecinadas en eso que el escritor Xavi Marcet llamó «construir legado», se tomaron muy en serio este desafío. Tanto como para retar el status quo, la lógica de partidos y la diosa probabilidad. Después de muchos años predicando en el desierto bursátil, alguien decidió pasar de las musas al teatro, queriendo incrustar su legado en el único libro al que todos (ciudadanos, ONGs y empresas) rendimos pleitesía: el BOE.

En aquel momento arrancó una aventura colectiva que, en los últimos 18 meses, no ha dejado de sumar adeptos. Con la bendición de la academia y el aliento de 400 empresas y organizaciones del tercer sector, más de 30.000 personas apoyaron un manifiesto que, entre otras virtudes, reivindica la necesidad de enterrar viejos postulados neoliberales y transitar hacia un modelo económico más inclusivo y sostenible.

La creación de las SBIC constata un cambio de paradigma en la manera de entender el poder –político o empresarial– y su propiedad

El éxito de esta campaña de lobby, transparente a cada paso en sus padrinos e intenciones, tiene mucho que ver su carácter transversal. Hasta 50 personalidades de reconocido prestigio –economistas, politólogos, juristas, activistas y otros líderes de opinión– procedentes de espacios ideológicos muy distintos, regaron de legitimidad y pertinencia esta iniciativa, neutralizando cualquier sospecha en torno al origen de semejante movilización. 

Los últimos en apoyarla fueron sus señorías. Con 221 votos a favor, 76 abstenciones y tan solo 2 voces discrepantes, el pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley Crea y Crece. Un texto que, además de eliminar trabas administrativas y engrasar el sistema, siembra un cambio seguramente lento y progresivo en los Consejos de Administración de nuestro país. El valor para el accionista seguirá siendo importante, pero ya no será el único.

Entre los múltiples aprendizajes que nos deja esta incursión cívica en el Parlamento, cabe reflexionar sobre el rol de una ciudadanía cada vez más atenta e incisiva en la gestión de la cosa pública. Organizaciones como B Corp, Talento para el Futuro o The Good Lobby promueven un contexto de diálogo y participación menos asimétrico, que mejore los procesos de toma de decisión y, con ello, la calidad de las normas que rigen nuestra convivencia.

En lo concreto, la creación de las Sociedades de Beneficio de Interés Común (SBIC) constata un cambio de paradigma en la manera de entender el poder –político o empresarial– y su propiedad. Y lo hace tanto en el fondo –la norma resignifica el quién lo ejerce y hacia quién reparte el valor generado– como en la forma –organizaciones y empresas capaces de escalar sus demandas en la agenda y tejer las complicidades necesarias hasta su aprobación–.

Va a ser que la modernidad era más líquida de lo que algunos pensaban…

Confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades – Miguel de Cervantes.

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Alfredo Gazpio es Director de Asuntos Públicos en Danone.