Economía

«La protección del medio ambiente no obstaculiza el desarrollo económico»

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26
Oct
2021

En esta entrevista, y en un momento de tensión creciente con el Gobierno por cuestiones como la reforma laboral o la nueva Ley de la Vivienda, el jefe de la sala de mandos de la CEOE, Antonio Garamendi, responde a las preguntas de Alberto Andreu, presidente de la Asociación de Directivos de RSC. A lo largo de la conversación, y con una mirada fija en el largo plazo, Garamendi pone el foco en los tres ejes que la Unión Europea considera clave para cimentar su recuperación y las bases de un nuevo contrato social tras los efectos de la pandemia: la digitalización, la resiliencia y la sostenibilidad.


La pandemia ha supuesto, está suponiendo, un impacto dramático en la economía mundial. ¿Para cuándo estima que España recupere los niveles de PIB y empleo previos a la covid-19?

Las perspectivas de la economía española son favorables y ya estamos en la fase de recuperación, aunque hay cierto debate sobre la intensidad de la mejora, tras la revisión a la baja del Instituto Nacional de Estadística sobre el PIB del segundo trimestre. En esto, en CEOE preferimos ser prudentes con nuestras estimaciones y, en estos momentos, manejamos una cifra de crecimiento para este año del entorno del 5,5%. En cualquier caso, la recuperación ha cogido ritmo en el verano, con un repunte notable de la actividad y el empleo. Las perspectivas para lo que queda de año siguen apuntando en esta línea gracias a factores de impulso como las políticas expansivas (tanto fiscal como monetaria), los fondos europeos o la recuperación del turismo. El consumo está siendo el principal motor de la recuperación, en especial el privado, algo que parece que se va a mantener en 2022. No obstante, se mantienen algunos elementos de incertidumbre que no conviene perder de vista y que están afectando al sector empresarial, como el aumento de precios de las materias primas y de la energía, la incertidumbre jurídica en aspectos relacionados con la fiscalidad, la regulación o los costes laborales y una recuperación más lenta en algunos países o áreas económicas. En resumen: no vamos ma,l pero todavía queda camino por recorrer para recuperar los niveles previos a la pandemia puesto que España fue una de las economías que más retrocedió en 2020.

 ¿Qué sectores se recuperarán, en su opinión, antes y cuáles tardarán más? Ya existen estudios que retrasan la recuperación del turismo a 2023.

La reactivación de nuestra economía es asimétrica. No está siendo igual ni para todos los sectores (algunos muy lastrados por el impacto de la pandemia, como el turismo, la hostelería y el comercio), ni para todas las edades (el desempleo es mayor en los más jóvenes y los mayores de 55 años), ni para todas las Comunidades Autónomas, donde los territorios más dependientes del turismo son los que siguen teniendo más trabajadores en ERTE. En este contexto, serán las empresas y los sectores con mayor capacidad de adaptación a la nueva realidad los que se irán recuperando con mayor celeridad, siempre que los cuellos de producción existentes en algunos de ellos no les impidan avanzar o que la incertidumbre regulatoria frene algunos proyectos de inversión. En todo caso, confiamos en que el avance de la vacunación a nivel mundial y las medidas como el pasaporte COVID o el fin de las restricciones de movilidad permitan a todos los sectores avanzar hacia la normalidad, recuperando los niveles de exportación y de producción anteriores a la pandemia. Aunque hasta 2023 no podremos decir, probablemente, que esto se ha acabado.

¿Para cuándo se espera que lleguen los fondos de recuperación de la Unión Europea?

Tras varios meses de trabajo para definir el plan España Puede, aprobado por Bruselas en julio, nuestro país comenzó en verano la fase clave de los fondos europeos: la de la ejecución. Estamos asistiendo ya a la publicación de las primeras convocatorias por parte de la Administración General del Estado. Por tanto, ya están empezando a fluir los fondos, pero hace falta acelerar la marcha. Es fundamental que mejore la coordinación entre el Estado y las comunidades para que estas puedan lanzar las convocatorias que les corresponden. Se debe agilizar la tramitación administrativa. Además, desde CEOE consideramos fundamental que haya información y facilidades para que las empresas, especialmente las pymes y los autónomos, accedan a las convocatorias. Nosotros ya estamos asesorando a todo el tejido productivo a través de nuestra Oficina de Proyectos Europeos y de la plataforma digital CEOExEuropa. Nos jugamos mucho y no podemos fallar. Otro punto que no podemos olvidar: además de las inversiones, las reformas que debe acometer España son un aspecto clave para la ejecución de los fondos. La UE ha solicitado que se lleven a cabo respetando las orientaciones de la Comisión sin atender a criterios ideológicos. De ello puede depender que recibamos o no los desembolsos periódicos que tenemos comprometidos.

«No vamos mal, pero todavía queda camino para recuperar los niveles previos a la pandemia»

Por otro lado, parece evidente que Europa perdió la batalla por la digitalización. De hecho, de las 20 principales tecnológicas del mundo en 2020, solo dos eran europeas (Accenture y SAP). En España, ¿cuál es el nivel de digitalización de la empresa y que está haciendo CEOE para mejorarlo?

España se encuentra en una posición intermedia en materia de digitalización a nivel europeo, según recoge el indicador DESI (Índice de la Economía y la Sociedad Digital) que publica la Comisión Europea. Goza de unas infraestructuras de telecomunicaciones de primera gracias a las inversiones realizadas por las empresas del sector en las últimas décadas. Sin embargo, esta posición nos deja lejos de los principales actores del sector a nivel global, porque Europa no se encuentra a la cabeza de los procesos de digitalización en el mundo. Por tanto, es necesario que sigamos avanzando en la digitalización, con una apuesta por la conectividad de última generación (5G y siguientes), el talento, la capacitación digital de los trabajadores y la integración de tecnologías digitales avanzadas por parte de las empresas, como las capacidades cloud, el blockchain o lo relacionado con la inteligencia artificial. Precisamente, la transición digital es uno de los cuatro pilares sobre los que se articulan las 21 iniciativas estratégicas para la recuperación y transformación de la economía española que hemos elaborado en CEOE y que hemos puesto a disposición del Gobierno. Uno de los puntos que consideramos que es fundamental trabajar es la formación en capacidades digitales. Por eso, CEOE impulsa la iniciativa #TrabajamosenDigital, con el objetivo de formar a medio millón de personas en cuatro años para que adquieran habilidades y competencias digitales. Un proyecto que se enmarca en nuestra apuesta por la formación como palanca para mejorar la empleabilidad. Es un proyecto que cuenta con financiación del Ministerio de Educación y Formación Profesional y en el que participamos junto a Cepyme y UGT.

¿En qué sectores ha acelerado la pandemia la digitalización?

Si podemos extraer alguna consecuencia positiva de la pandemia es, precisamente, el impulso que ha supuesto para la digitalización de prácticamente todos los sectores. De hecho, los expertos coinciden en que los avances logrados en este campo desde el inicio de la crisis sanitaria han sido mayores de los que se preveían para los próximos cinco años. En todo caso, las diferencias en el nivel de digitalización siguen siendo muy acusadas en función del tamaño de la empresa y del sector. Por tamaño, es destacable el avance que se ha producido en las microempresas, por ejemplo, en el acceso a internet. En general, las empresas han avanzado en tomar conciencia de la necesidad de contar con medidas de seguridad en el ámbito digital, en facilitar a sus trabajadores dispositivos móviles con acceso a internet (por el teletrabajo) o en el uso del comercio electrónico. Si vemos los sectores, se puede reseñar el notable avance experimentado en microempresas en el sector de transporte y almacenamiento, por ejemplo. En conjunto, los sectores que lideran la digitalización son el de la información y las comunicaciones, seguido por los hoteles y las agencias de viaje. Lo que resulta evidente es que debemos seguir trabajando para aprovechar esta ola de cambio, especialmente si tenemos en cuenta la importante cuantía de los fondos europeos de recuperación destinada a la transformación digital de las empresas.

En esto, ¿tiene un reto mayor la empresa o la administración pública (estatal, autonómica y municipal)? ¿Qué se debería hacer para ponerse al nivel de una administración digital?

Sin duda, uno de los retos que tenemos como país es el avance de la digitalización en la Administración Pública y los servicios públicos en general. Es cierto que en los últimos años las Administraciones han hecho un esfuerzo por introducir las nuevas tecnologías en la atención diaria a ciudadanos y empresas, como refleja el índice DESI, en el que España ocupa el segundo puesto en la UE en materia de servicios públicos digitales. La posibilidad de utilizar el DNI electrónico o el certificado digital en trámites con la Seguridad Social, la DGT, el SEPE o la Agencia Tributaria, por ejemplo, supone una mejora significativa, pero es una tendencia que debe extenderse y generalizarse, en línea con lo que demanda la sociedad. Por ello, se debe seguir trabajando para lograr la disponibilidad del 100% de los servicios públicos de forma digital lo antes posible. En lo que respecta a las empresas, el reto es mayor, especialmente en lo que se refiere a cerrar la brecha en materia de digitalización entre las grandes empresas y las pymes, que son el grueso de nuestro tejido productivo. Lograr una digitalización efectiva de este segmento empresarial es fundamental para que nuestra economía avance y gane en competitividad respecto a nuestros socios europeos e internacionales.

«Además de las inversiones, las reformas que debe acometer España son un aspecto clave para la ejecución de los fondos»

La sostenibilidad se ha convertido en el sello de identidad de la Unión Europea para competir contra China y Estados Unidos. La Ley Europea del Clima establece que Europa reduzca un 55% sus emisiones de gases efecto invernadero y que sea neutra en 2050. Sin ir más lejos, en 2020, en el seno de la UE se aprobaron más de 400 iniciativas legislativas en materia ESG (criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno). ¿Nos ayuda o nos limita el hecho de que la UE haya tomado esta bandera para competir en el contexto internacional?

Que Europa quiera liderar la sostenibilidad en el contexto internacional es una oportunidad que debemos aprovechar. Los países europeos y las empresas que aquí nos encontramos llevamos muchos años impulsando en nuestra actividad diaria la sostenibilidad. Basta echar la vista atrás y comprobar cómo, en el último año y medio, a raíz de la pandemia, la sostenibilidad se ha establecido ya claramente como eje principal en las decisiones de gran parte de las empresas. Lo que tenemos que ver, y hacer ver a Europa, es que las compañías estamos dispuestas a ello, pero no a cualquier precio. Necesitamos que se establezcan unos tiempos, ya que las transiciones no se pueden plantear de un día para otro. Debemos tener una visión a medio y largo plazo, sin establecer objetivos cortoplacistas. La empresa no puede realizar todos estos cambios sola, necesitas de ayudas, incentivos para poder realizar la reconversión a los niveles que Europa nos está marcando. En todo caso, pienso que el tejido empresarial español está preparado para liderar este proceso. Tenemos empresas con objetivos más ambiciosos que los marcados por la UE, por lo que no es algo que pueda ser limitante. Estamos hablando de un proceso a largo plazo, donde se logrará contar con empresas más competitivas, que seamos un país más atractivo para recibir inversiones. Todos nos encontramos ya en el mismo camino de la sostenibilidad y aquel que no se haya subido a este tren, va a tener muy complicado seguir adelante.

En materia ambiental, Europa está destinando inversiones anuales milmillonarias (el 30% del presupuesto ordinario y al 37% del extraordinario derivado de la covid). ¿Está preparada la economía española, en general, y la empresa española, en particular, para adaptar sus modelos de negocio a esta transformación hacia el net zero?

El compromiso de la Comisión Europea para alcanzar la neutralidad climática es un reto evidente para las empresas y para el conjunto de la economía de todos los países de la UE. Un reto ambicioso en el que las empresas ya han avanzado mucho camino definiendo sus estrategias de descarbonización. En el caso de grandes empresas, incluso, se han comprometido a alcanzar la neutralidad climática en 2050 o antes. La búsqueda del incremento de la competitividad de las empresas, la optimización de la cadena de suministro hacia un modelo bajo en emisiones o las mejoras en la eficiencia energética son algunos de los objetivos en los que están avanzando rápidamente y que resultan clave para su transformación. Cada vez es más evidente que las empresas son las verdaderas proveedoras de soluciones para alcanzar los compromisos ambientales que hemos asumido. Están preparadas, pero siguen necesitando apoyo, estabilidad, claridad en los objetivos y periodos adecuados de adaptación. Porque se trata de un proyecto que supone una auténtica transformación.

La estimación del Gobierno con la Ley Española de Cambio Climático es que ‘lo verde’ incrementará anualmente el PIB de España (respecto a un escenario tendencial sin las medidas promovidas por la Ley y por el PNIEC) entre 16.500 y 25.700 millones de euros al año y que el empleo neto aumentará entre 250.000 y 350.000 personas al final de 2030.  ¿Comparte este escenario?

Resulta complicado cuantificar los beneficios en empleo de lo denominado ‘verde’ por falta de definición. Quizás sería más conveniente analizar los impactos positivos de la transformación en una economía sostenible, tantos los directos como los indirectos. Ya ha quedado demostrado que la protección del medio ambiente no es un obstáculo al desarrollo económico, sino que, por el contrario, resulta rentable y beneficiosa para todos. Cuantificar esta rentabilidad es complejo, pero hay aspectos claros como es un incremento de la profesionalización, factor que supone una fortaleza de cara a la entrada en mercados emergentes y, por tanto, elemento generador de empleo. Se trata de transformar nuestros modelos productivos y comportamientos sociales, lo que va a suponer nuevos trabajos, nuevas habilidades y la reconversión de empleos en las actividades económicas que se van a transformar. Existe un potencial de crecimiento y creación de empleo gracias a esta nueva economía.

¿Cómo cree que afectará esta nueva financiación verde derivada de la taxonomía de la UE a la empresa española?

Es incuestionable la influencia directa de la nueva financiación verde en las decisiones empresariales. Visto desde otro punto de vista: el sector financiero y la sostenibilidad son claves para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo en el proceso de recuperación en el que nos encontramos. Además, con el reglamento de taxonomía se busca poder facilitar información a los inversores sobre el comportamiento medioambiental tanto de sus activos como de sus actividades económicas. Por lo tanto, lo esperable es que las tendencias de financiación vayan condicionadas a actividades empresariales más sostenibles. El cumplimiento de los objetivos en la lucha contra el cambio climático requiere un volumen ingente de inversiones, por lo que el sector financiero se está volcando en intentar que los flujos financieros apoyen esos objetivos. La empresa española, como sucede en el resto de Estados miembros, no puede estar al margen. Tenemos que conseguir que esta apuesta por la sostenibilidad sea una oportunidad para nuestro país y, por tanto, para nuestras empresas.

«Si podemos extraer algo positivo de la pandemia es el impulso que ha supuesto para la digitalización de casi todos los sectores»

Los inversores son cada vez más exigentes con los aspectos ESG de las empresas y tienen un rol más activista en las juntas. ¿Cree que, en un futuro, llegaremos a ver se suspenderá la cotización de una compañía por incumplir sus objetivos de reducción de emisiones de CO2 o por algún problema social o de gobernanza?

El tejido empresarial español ha comprendido, desde el principio, que el camino que tenemos que seguir es la senda de la sostenibilidad. Como he comentado, aquella empresa que no se suba ahora a este tren terminará por no tener cabida en el sistema económico porque los inversores cada vez van a ser más exigentes con los aspectos ESG. Por lo tanto, creo que las empresas están evolucionando cada vez más deprisa en esta dirección y que van a afrontar los cambios con agilidad, como ya están demostrando. En estos momentos veo complicado que se llegue a un extremo así. Pero habrá que ver cómo se avanza en este sentido.

En materia social, la Unión Europea también está dado pasos importantes. Uno de ellos, en la misma línea de lo impulsado por el G7, pasa por imponer una tasa mínima del 15% en el impuesto de sociedades a la tecnológicas. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa?

Es una que no acabamos de ver y que afecta, especialmente, a las compañías multinacionales que realizan operaciones transfronterizas, tanto de comercialización como de inversión, en todo tipo de jurisdicciones. La implantación y gestión de un tipo mínimo a nivel internacional es algo complejo que supondría profundas revisiones de las normativas de distintos países. Esta armonización, con toda seguridad, generaría conflictos con las regulaciones existentes en cada país. Por lo tanto, es un asunto que puede generar cierta inseguridad jurídica a nivel internacional y el posible desplazamiento de las actividades económicas a aquellos países que no quieran sumarse al acuerdo. En todo caso, sería importante que los gobiernos, además de preocuparse por gravar en mayor medida la actividad económica en todo tipo de jurisdicciones, también impulsaran compromisos internacionales para corregir íntegramente la doble imposición internacional, un problema que posiblemente se pueda agravar con esta iniciativa y que, inevitablemente, perjudica a las empresas españolas más internacionalizadas.

Otro paso importante es la futura Directiva sobre Debida Diligencia, en virtud de la cual las empresas tendrán que poner todas las medidas dentro de sus posibilidades para evitar que sus cadenas de valor produzcan efectos adversos en los derechos humanos, el medio ambiente o la buena gobernanza, además de abordar adecuadamente tales efectos adversos cuando ocurran. ¿Cómo apoya CEOE a las empresas para que se adapten a esta futura directiva?

Estamos completamente a favor de impulsar acciones de apoyo en esta transición hacia la sostenibilidad. En el caso de la futura Directiva de Debida Diligencia, trabajamos estrechamente con BusinessEurope siguiendo las directrices que marca la OCDE en materia de derechos humanos y empresa. Insisto: creo que las empresas están preparadas y las cadenas de suministro cada vez más alineadas con las estrategias de sostenibilidad implementadas desde las grandes corporaciones.

En materia de gobernanza, Europa también ha avanzado. Según la modificación de la Directiva de Información no Financiera, si todo va como se estima, las empresas tendrán que presentar su información de sostenibilidad en un formato electrónico unificado que hará que toda la información a nivel europeo sea comparable. ¿Están preparadas las compañías españolas para dar este salto? El reto es pasar, como decía Emilio Botín, de los cuentos a las cuentas.

Sí. De hecho, la empresa española sirve de ejemplo para muchos otros países en cuanto a adopción y desarrollo de la sostenibilidad. La Directiva se transpuso en España en 2018 y desde entonces las empresas de más de 500 trabajadores ya han tenido que presentar un informe de este tipo. Es decir, que tenemos una buena parte de las empresas con experiencia. Sin olvidar que la inmensa mayoría de las entidades publicaban ya sus informes de Responsabilidad Social Empresarial de forma voluntaria.

Por otro lado, la futura Directiva sobre Gobierno Corporativo Sostenible implica de forma definitiva a los Consejos de Administración como responsables indelegables de la política de sostenibilidad y de integrar las expectativas de los stakeholders. ¿Son los Consejos de Administración españoles lo suficientemente conscientes del cambio que se avecina en materia de sostenibilidad? ¿Cuál es el principal reto para integrar la economía de los stakeholders en el día a día empresarial?

El peso cada vez mayor de los criterios ESG (medioambientales, sociales y de buen gobierno) en la estrategia de las empresas supone, irremediablemente, que los Consejos de Administración tengan que ocuparse de estos aspectos. Ya no es un ámbito que recaiga solo en el responsable de sostenibilidad. Un buen posicionamiento en materia ESG permite a las empresas incrementar su capacidad de acceso a financiación, aumentar su valoración en el mercado y mejorar el perfil de riesgo, entre otros aspectos. Este proceso exige, ciertamente, consejeros mejor formados para comprender el impacto de la sostenibilidad en áreas como la gestión de riesgos y las finanzas; algo en lo que, sin duda, ya están trabajando las empresas. Efectivamente, es crucial que los Consejos establezcan un compromiso eficaz con sus stakeholders para generar confianza, explicar la visión de negocio y garantizar el apoyo a la estrategia de creación de valor a largo plazo. Para lograrlo es bueno que los Consejos definan cuáles son sus principales stakeholders y diseñen un modelo de participación que permita entender las necesidades de estos grupos de interés, tratando de conseguir que se vinculen a la estrategia de la empresa con lealtad. También deben establecer un sistema para dar feedback a la parte interesada sobre las cuestiones planteadas. En resumen, construir un diálogo con los grupos de interés marcado por la transparencia y la responsabilidad.

«Existe un potencial de crecimiento y creación de empleo gracias a esta nueva economía ‘verde’»

En materia de resiliencia, me gustaría poner el foco en el mercado español, especialmente en el laboral. Quisiera preguntarle sobre el paro juvenil, porque los datos son dramáticos: es el más alto de Europa, con un 40%. ¿Qué tiene que hacer España para revertir esta situación?

Tenemos una tasa de paro juvenil altísima y es uno de los grandes problemas de nuestra economía que nos preocupa enormemente. Está claro que una de las principales herramientas para poder mejorar en este ámbito es la formación. En España, existe un desajuste entre oferta y demanda en el mercado laboral: más de la mitad de las empresas aseguran que tienen dificultades para encontrar determinados perfiles para cubrir vacantes profesionales, muchas de ellas relacionadas con las nuevas tecnologías. Por eso, hay que seguir insistiendo en lograr unos buenos índices de formación continua o que los jóvenes dirijan su formación a aquellos aspectos que más necesitan las empresas.

¿Qué puede hacer CEOE —y qué está haciendo— para combatir este problema?

En línea con lo que le comentaba anteriormente, en CEOE estamos trabajando para impulsar modelos de formación que tengan en el centro el horizonte de la empleabilidad, ya que es la única forma de que los jóvenes, por ejemplo, puedan emprender o encontrar un empleo. Apostamos porque el sistema educativo y la empresa trabajen de la mano y dejen de hacerlo por vías separadas, como ha sucedido tradicionalmente. En esta línea se enmarca la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que en estos momentos se encuentra en tramitación parlamentaria. Nuestro deseo es que la norma pueda ser aprobada con el mayor consenso posible y, entre otros aspectos, sirva para consolidar la FP dual, que consideramos una muy buena vía de entrada al mercado laboral. Asimismo, recoge otras propuestas que desde el ámbito empresarial hemos venido reclamando para acercar aún más la FP a las necesidades del tejido productivo, como una mayor participación de los interlocutores sociales en su gobernanza o la vinculación de los centros de formación con las empresas. Otro ejemplo de nuestro trabajo en esta línea es la iniciativa #TrabajamosenDigital, mencionada anteriormente.

Para terminar, me gustaría profundizar en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). ¿Cree que, tras el impacto de la covid-19, se deberían revisar a la baja las 169 metas que despliegan los ODS o, por el contrario, podrán alcanzarse todavía las metas previstas para 2030?

Las Naciones Unidas plantearon la Agenda 2030 en 2015. Una agenda muy ambiciosa, con 15 años por delante para cumplir los objetivos propuestos y resolver los problemas que se habían detectado y con la posibilidad de enfocar todas las acciones a medio y largo plazo para poder cumplir las metas. Quedan nueve años para la fecha y es cierto que, en muchos casos, estamos muy lejos de poder conseguir los objetivos. Pero no podemos rebajar el listón, cambiar el foco ahora. Tenemos que seguir trabajando. Las empresas son un pilar fundamental para conseguir los ODS y no pueden hacerlo solas: necesitamos crear alianzas con todos los actores, aunar fuerzas y remar en la misma dirección. En esto no somos competidores porque todos queremos lo mismo, que es construir un mundo y una sociedad que sean mejores. Precisamente, la crisis provocada por la covid-19 nos invita a acelerar el cambio hacia la sostenibilidad plena. La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de seguir avanzando, sin dejar a nadie atrás, impulsando acciones de mayor impacto y aumentando nuestra ambición. No es el momento de rebajar las metas sino de acelerar los procesos.

«La Formación Profesional dual es una muy buena vía de entrada al mercado laboral»

Los ODS hablan expresamente de cooperación público-privada. ¿Cómo está hoy, en su opinión, la salud de la cooperación público-privada en España?

La pandemia también ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración público-privada y la necesidad de que se siga avanzando en esa vía. En CEOE tenemos claro que las empresas han jugado y tienen que seguir jugando un papel clave para superar esta crisis y consolidar la recuperación. Una recuperación que debe hacerse en el marco de la colaboración público-privada: las empresas estamos acostumbradas a gestionar el riesgo y la incertidumbre y sabemos cómo maximizar recursos, siempre con una visión de largo plazo. En esta línea hay que entender nuestra insistencia en que las empresas deben tener un papel más relevante en todo lo relativo a los fondos Next-Generation EU. Es necesario que se acerque y facilite la relación de las empresas con el sector público. Hay que recordar la importancia del tejido empresarial en la ejecución de los grandes proyectos que van a impulsar estos fondos, ya que, por cada euro público, se van a movilizar cuatro euros privados. Un ejemplo de éxito de esta colaboración público-privada durante la pandemia ha sido el plan Sumamos Salud+Economía, una iniciativa de las empresas españolas, a través de la Fundación CEOE, para colaborar con la Administración tanto en el rastreo del coronavirus como en la campaña de vacunación, a la que hemos contribuido dando un impulso.

Hace unas semanas, Mª Teresa Gómez Condado, directora general de CEOE Campus, y yo, como presidente de DIRSE, firmamos un acuerdo para ayudar a las empresas a acelerar su transformación sostenible. En concreto, vamos a lanzar Diploma en Transformación Sostenible, en el que también participan AENOR, la Red Española del Pacto Mundial y Fundación SERES. ¿Qué les diría a las personas que están pensando en hacer ese curso para animarles a dar el paso?

Con este curso queremos acompañar a las empresas a la hora de impulsar la transformación sostenible, para que integren criterios ESG en sus estrategias de negocio y, así, puedan crear valor a largo plazo. Los alumnos van a poder entender la importancia de la sostenibilidad en el ámbito de la empresa y conocer el nuevo campo regulatorio, tanto a nivel español como europeo. Desarrollarán habilidades y mejorarán competencias que les facilitarán la gestión y la toma de decisiones en este ámbito. Y van a poder hacerlo combinando formación académica, experiencias reales de empresas contadas por sus protagonistas y un proceso de mentoring tras el curso para que cada participante pueda sacar el máximo potencial a lo aprendido. En definitiva, los alumnos van a contar con más herramientas y recursos, generar una nueva red de contactos profesionales y conocer casos de éxito. El objetivo es que todo ello les permita impulsar los cambios necesarios para que sus empresas afronten los retos de la transición sostenible con garantías. El curso está en línea con las 21 iniciativas estratégicas de país que ha lanzado CEOE para la recuperación y transformación de la economía española, donde la transición digital y la sostenibilidad en materia ambiental, social y de buen gobierno son ejes vertebradores. Y es un placer poder ponerlo en marcha a través de CEOE Campus y con partners de referencia en este ámbito como DIRSE.

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