Medio Ambiente

Cinco fallos judiciales a favor del clima (y un proceso pendiente)

En los últimos años, Gobiernos como el de Alemania, Irlanda o Francia han sido declarados culpables por los tribunales de ‘inacción climática’ y, en algunos casos, se han visto obligados a modificar sus planes de reducción de emisiones.

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04
Jun
2021

A finales de mayo, el mundo contemplaba atónito cómo la justicia holandesa sentaba un precedente al condenar al gigante petrolero Shell a reducir sus emisiones de CO2 en un 45% para 2030, en comparación con sus emisiones de 2019. De esta manera, el tribunal de la Haya fallaba a favor del denunciante, la oenegé Amigos de la Tierra, y concluía que la empresa tiene una responsabilidad directa en la lucha contra el cambio climático, por lo que debe contribuir al cumplimiento de los objetivos acordados en París.

Más allá de suponer una victoria de gran calado para las organizaciones ecologistas (y para la lucha contra el cambio climático), el veredicto contra Shell abrió la puerta a futuras denuncias contra empresas con altas tasas de emisiones. Y es que cabe recordar que la petrolera holandesa, junto a la británica BP o las estadounidenses Chevron y Exxon, es responsable del 10% de las emisiones de carbono mundiales desde 1965, según datos del Climate Accountability Institute de Estados Unidos. Concretamente, desde ese año se calcula que ha emitido cerca de 31.950 millones de toneladas de CO2, como apunta un informe del think tank británico Influence Map.

Sin embargo, las empresas no son las únicas que se han visto obligadas a subir al estrado; en los últimos años múltiples Gobiernos de todo el mundo han sido denunciados por ‘inacción climática’. De hecho, según un estudio elaborado por el el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) y el Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio Climático, de la Universidad de Columbia, las demandas relacionadas con el cambio climático contra Administraciones y corporaciones se han duplicado en los últimos tres años. Concretamente, han pasado de 884 en 2017 a 1.550 casos en 2020, la mayoría registrados en Estados Unidos (1.200), seguido de Australia (97), Reino Unido (58) y la Unión Europea (55).

Las demandas relacionadas con el cambio climático se han duplicado en los últimos tres años

Uno de los litigios más emblemáticos ha coincidido en el tiempo con la sentencia de Shell, aunque en la otra punta del globo: Australia. Allí, el Tribunal Federal ha obligado «a proteger la salud de los menores contra los efectos del cambio climático». Esta era la resolución de un juicio sin precedentes que se inició con una demanda presentada, no por una oenegé, sino por ocho adolescentes y su profesora, una monja de 86 años. Su objetivo era frenar la aprobación por parte de la ministra de Medio Ambiente, Sussan Ley, de la expansión de una mina de carbón en el norte del país que, argumentaron, «emitiría en los próximos 25 años cerca de 370 millones de toneladas de CO2 y representaría el 20% del total de la huella anual de carbono de Australia».

Otro de los Gobiernos que ha sido emplazado por vía judicial a incrementar su ambición climática y los esfuerzos para proteger el medio ambiente es el de Alemania. En abril de este año, el Tribunal Constitucional Federal dictaminaba que el Gobierno de Ángela Merkel debía modificar la ley climática aprobada en 2019 –propone una reducción del 55% de emisiones para 2030 respecto a 1990– por considerarla insuficiente y no establecer objetivos a largo plazo (más allá de 2030) que protejan a los jóvenes. Concretamente, el alto tribunal sentenciaba en un comunicado que «las medidas actuales violan los derechos de los demandantes (activistas de Fridays for Future), algunos todavía demasiado jóvenes». Tras el fallo, el Ejecutivo alemán está obligado a mejorar la norma antes de finales de 2022.

Irlanda y Alemania se han visto obligadas a mejorar sus planes contra el cambio climático

Similar fue el caso del Gobierno irlandés que, en 2020, se vio obligado a modificar su Plan Nacional de Mitigación de 2017, después de la que justicia considerase que no se adaptaba lo suficiente al objetivo la reducción de emisiones del 80% en 2050 comparado con los niveles de 1990 y, por tanto, incumplía la ley de Acción Climática y Neutralidad de Carbono de 2015. Así, Irlanda ha tenido que rediseñar una nueva estrategia contra el cambio climático.

Francia tampoco se ha salvado de las denuncias por inacción climática. En 2019, cuatro oenegés –Greenpeace France, Oxfam France, Fundación por la Naturaleza y el Hombre y Notre Affaire à Tous– interpusieron una demanda al Gobierno de Macron, respaldada por 2,3 millones de firmas ciudadanas, por incumplir los compromisos con el cambio climático. Este febrero, la justicia francesa reconocía, en lo que se ha bautizado popularmente como ‘El caso del siglo’ (L’affaire du siècle), la existencia de daños ecológicos vinculados al cambio climático del que el Gobierno es responsable. «Ha habido una deficiencia parcial del Estado a la hora de respetar los objetivos que se habían fijado en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero», sentenciaba en un comunicado. Así, el tribunal administrativo obligaba al Estado a pagar a cada una de las cuatro oenegés por «perjuicio moral» un euro, la cantidad simbólica solicitada.

España: una demanda en curso

En España todavía no ha habido ningún fallo judicial a favor del medio ambiente, pero sí un litigio climático todavía en curso. Fue en septiembre de 2020 cuando tres grupos ecologistas –Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermon– presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno para reclamar una «mayor ambición» en la lucha contra el cambio climático. Tras ser admitido, se interpuso la demanda que exige al Gobierno aumentar los objetivos climáticos de reducción de emisiones y le acusa de haber incumplido el Artículo 3 del Reglamento europeo 2018/1999, de 11 de diciembre de 2018, sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima. Esta establece que, a más tardar, el 31 de diciembre de 2019 cada Estado miembro debería comunicar a la Comisión un plan nacional integrado de energía y clima y el 1 de enero de 2020, como tarde, tendría que presentar las estrategias a largo plazo con una perspectiva de, al menos, 30 años.

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