Contaminación

Las emisiones de Shell, a juicio

Aunque ya se ha sentado en el banquillo en anteriores ocasiones por sus vertidos contaminantes, la petrolera se enfrenta ahora a un juicio histórico por no estar haciendo lo suficiente para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

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18
febrero
2021

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Maltratar el planeta no debería salirle gratis a las corporaciones. A las consecuencias reputacionales o económicas de las malas praxis medioambientales, ahora podrían sumarse también las legales. Y a gran escala. El pasado 1 de diciembre comenzó en La Haya un juicio que, con independencia de su resultado, supone un hito por el precedente que establece. Un grupo de seis ONG, encabezado por la holandesa Mileudefensie (Amigos de la Tierra), y otros 17.379 querellantes particulares han conseguido sentar en el banquillo nada menos que a una de las cuatro mayores petroleras del mundo: Shell. ¿De qué la acusan? De inacción contra el cambio climático.

Según los denunciantes, la compañía británico-holandesa no está haciendo lo suficiente para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero atendiendo a los compromisos internacionales del Acuerdo de París sobre descarbonización. La petrolera aparece en el grupo de las diez organizaciones más contaminantes del mundo y los querellantes le atribuyen el 2% de las emisiones totales en el mundo desde el año 1854. Todo un siniestro récord para una empresa que ya ha estado en el punto de mira de las organizaciones ecologistas. 

Donald Pols, director de Mileudefensie, ha calificado este juicio como «histórico», ya que podría influir enormemente en los comportamientos futuros de las grandes multinacionales. Según esta institución, 25 petroleras son responsables de la mitad de las emisiones totales de gases que provocan el efecto invernadero . Una sangría contaminante que queda, en muchos casos, impune debido a la dificultad que para las legislaciones nacionales representa perseguir actuaciones con efectos globales. Al mismo tiempo, existe un vacío legal a la hora de pedir cuentas a una empresa privada individual por unos tratados internacionales climáticos pensados para los Estados. 

Las organizaciones denunciantes exigen un compromiso para reducir el 45% de emisiones de CO2 antes de 2030

El Convenio Europeo de Derechos Humanos y las leyes de Países Bajos han abierto, sin embargo, un hueco para que la denuncia a Shell progrese hasta los juzgados. Los denunciantes estiman que la petrolera atenta contra los Derechos Humanos al poner en riesgo a las generaciones actuales y futuras con sus actuaciones. En su alegato, invocan un artículo de la legislación holandesa que establece la obligación de proteger al ciudadano y sanciona el hecho de causar un daño grave a las personas en caso de que se pudiera haber actuado para evitarlo. Nunca antes una compañía petrolífera se había enfrentado a un juicio por este motivo. 

La causa sigue su curso y podría tener un veredicto en primavera de este año, si bien la batalla legal se antoja larga. No es la primera vez que Shell se enfrasca en largos procesos judiciales con trasfondo ecológico. Hace unas semanas, el Tribunal de Apelación de La Haya resolvió de forma condenatoria otro pleito contra la petrolera, también iniciado por Mileudefensie, que se ha prolongado durante 13 años, esta vez por los derrames de petróleo en el delta del Níger de la filial nigeriana de la compañía. 

Con este nuevo litigio, las organizaciones denunciantes no buscan  una indemnización por los daños causados en el pasado, sino forzar a Shell a cambiar sus políticas futuras en relación al cambio climático. Concretamente, le exigen un compromiso para reducir antes de 2030 el 45% de sus emisiones de CO2 en relación a las de 2019. 

No parece, por el momento, que la empresa de hidrocarburos esté por la labor de cambiar de rumbo. De hecho, se diría que es más partidaria de echar balones fuera y cargar la responsabilidad del abuso de combustibles fósiles sobre el usuario. Así se desprende de los argumentos esgrimidos por sus abogados durante la primera jornada del juicio: «No sería justo obligar a una empresa a aplicar un tipo concreto de política climática mientras el consumidor hace poco o nada». 

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