Descarbonización: cuando el suelo parece abrirse bajo nuestros pies

El pasado 20 de junio, el voto en contra de la República Checa, Polonia, Hungría y Estonia frenó en el Consejo Europeo la adopción de la estrategia a largo plazo para 2050 para una economía próspera y neutra en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Como si sintieran que el suelo se hunde a sus pies, sin saber cómo encarar los nuevos tiempos, uno de los argumentos esgrimidos por estos países para enfrentarse al resto del bloque comunitario fue que no se podía aprobar una estrategia sin saber lo que va a costar. O, más concretamente en el caso de Polonia, la reticencia venía de la incertidumbre sobre la cuantía y el tipo de compensación que obtendrían antes de embarcarse en tan radical transformación.

En un momento en que se está cerrando la negociación del presupuesto comunitario para el período 2021-2027, todas las espadas políticas están en alto, y este rechazo parece parte del pulso. Cierto es que la intensidad energética en estos cuatro países -es decir, la cantidad de energía que se consume para producir una unidad de producto interior bruto-, es más del doble que la de otros como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia o España, fruto de ineficientes y obsoletas infraestructuras heredadas de décadas de planificación soviética. Las subvenciones que piden estos países, entienden, mitigarían una posición de debilidad que repercute ya negativamente en su competitividad. De ahí sus exigencias de ser compensados a través del Fondo de Modernización, el Fondo de Innovación o las ayudas de la política de cohesión previstos en los nuevos presupuestos comunitarios.

La lucha contra el cambio climático ha sido declarada como emergencia nacional en Reino Unido, en Europa del Este no es un asunto prioritario

Otra de las posibles razones para este bloqueo es la falta de apoyo político a nivel nacional. Mientras que la lucha contra el cambio climático ha sido declarada como emergencia nacional en Reino Unido -y la misma línea sigue la recién inaugurada presidencia finlandesa del Consejo Europeo, al incluir la lucha contra el calentamiento global como uno de los tres grandes objetivos durante el segundo semestre de 2019-, para la mayoría de votantes de los países de Europa del Este este asunto no es una prioridad. Por tanto, el cambio climático no da votos y, con el coste de la energía, que en muchos de los hogares húngaros y polacos consume entre el 7% y el 8% de la renta disponible, los representantes no se arriesgan. Una visionaria estrategia hacia una economía moderna, competitiva y baja en emisiones de carbono es, cuando menos, un magnífico brindis al sol que queda pronto relegado a un segundo plano en el día a día de los partidos políticos.

En España hay algunas diferencias en ese aspecto. Mientras que la ciudadanía ya asume como un problema real e importante la crisis climática -al menos de acuerdo a los resultados del barómetro del CIS de noviembre de 2018-, para la mayoría de nuestros partidos la lucha contra ella sigue sin ser la urgente prioridad política que debiera. Lejos de la cirugía reparadora que se necesita, los recientes programas electorales apenas han recogido unas pinceladas cosméticas. El partido socialista, con Teresa Ribera al frente del Ministerio de Transición Ecológica, intenta meter el bisturí y hace pocos meses presentó el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Aunque insuficiente a ojos de la Comisión -que ha devuelto todos y cada uno de los planes remitidos a los países miembros y solo ha dado un aprobado raspado al borrador español-, el documento ofrece un diagnóstico completo y plantea escenarios que permitan caminar hacia este objetivo. La ausencia de un gobierno estable en los últimos dos años tampoco ayuda: la prueba es que ni siquiera hemos sido capaces de aprobar una ley nacional de cambio climático.

En España, ni siquiera hemos sido capaces de aprobar una ley nacional de cambio climático

Es precisamente en este diagnóstico integral en el que llevan trabajado la Comisión, el Parlamento y el Consejo europeos casi ya dos décadas. En junio del 2000 se lanzó el Programa Europeo de Cambio Climático, renovado posteriormente en octubre 2005. Dos años después, en 2007, salió a la luz el plan 20-20-20, que se adoptó en 2009 y proponía tres objetivos concretos en materia de renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones en 2020. Este programa se actualizó en octubre del 2014 ampliando al 40% los objetivos de reducción de emisiones, al 32% la participación de energías renovables en el consumo energético final y al 32,5% el ahorro energético, todo ello comparado a los niveles de partida de 1990 y con plazo al 2030. Más recientemente -el 28 de noviembre 2018, a petición del propio Consejo y del Parlamento Europeo-, la Comisión Europea presentó esta estrategia medioambiental a largo plazo, que fue refrendada por el auge de los partidos verdes en las últimas elecciones. Es una visión valiente y ambiciosa con el único objetivo de neutralizar las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050, revalidada estos días atrás por la nueva presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen.

En un alarde de coherencia no siempre presente en las políticas europeas, alrededor de este objetivo se han ido diseñando poco a poco las distintas piezas de un gran puzle que tiene como objetivo la sostenibilidad, el progreso y la modernización de una economía europea neutra en emisiones. La estrategia 2050 se va a aprobar previsiblemente en el mes de octubre de este año. Pero, incluso si es más tarde, el rumbo de navegación está fijado, es claro y está perfectamente alineado con los compromisos internacionales acordados en 2015 en la conferencia sobre el clima de Naciones Unidas en París. No se hunde el suelo a nuestros pies: esta es nuestra nueva realidad. Exijamos compromiso y acción seria a nuestros políticos. Y en vez de pensar en la compensación que vamos a obtener antes de movernos, aprovechemos las oportunidades que se abren para nuestros trabajadores y empresas… que son muchas.