¿Cómo es la Ley de Cambio Climático tras las 758 enmiendas?

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Nacho Hernández

@nachoherrod

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Moncloa

Cuando la pandemia parecía eclipsar toda lucha que no fuese por la supervivencia inmediata a la covid-19, en mayo de 2020 la aprobación del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética por parte del Consejo de Ministros abrió, de nuevo, el debate sobre cómo atajar uno de los mayores retos del siglo XXI: la transición ecológica. Pero tratándose de una ley que, en palabras de Juan López de Uralde, presidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, supone «un cambio de paradigma», el prisma político respondió con cientos de complejas aristas difíciles de encajar: el período de propuestas de cambios y modificaciones en el texto se cerró con 758 enmiendas presentadas.

Sin embargo, casi un año después del lanzamiento de la primera propuesta, una mayoría compuesta por PSOE, Podemos, ERC, EH Bildu y Teruel Existe ha logrado consensuar una nueva versión de la ley «mejor que la que llegó al congreso […] tanto en ambición como en eficacia», según López de Uralde. Ya cerrado el período de debate y ponencia sobre las enmiendas. Este jueves 8 de abril, finalmente, la Comisión de Cambio Climático del Congreso de los Diputados ha aprobado el articulado, dejándole así abiertas las puertas del Senado para su trámite final. ¿Cómo se ha adaptado este complejo puzle a las 758 nuevas piezas?

Una revisión de los principios esenciales

El primero de los cambios significativos que López de Uralde ha anunciado en el nuevo texto corresponde a los cimientos mismos de la ley. Junto a principios rectores como el desarrollo sostenible, la descarbonización de la economía o la no regresión en las políticas, se han añadido dos nuevos pilares en el seno del proyecto. El primero se corresponde con la amortiguación del impacto ecológico en aquellos territorios que se vean afectados por la transición energética, tratando de «garantizar la armonización y el desarrollo económico de las zonas receptoras de las centrales de energías renovables respetando los valores ambientales».

Un principio sobre el que el presidente de la comisión ha recordado que la transición energética no puede hacerse cargo «a costa de la riqueza ecológica y la biodiversidad», refiriéndose al potencial impacto negativo que la expansión de plantas eólicas y solares puede tener en los ecosistemas. En este punto se ha incluido una enmienda sobre la importancia de regenerar tanto la economía como la demografía en aquellas zonas en las que, pese a contar con gran potencial en la economía verde, sufren las insostenibles consecuencias de despoblación rural. Por otra parte, se suma a los principios rectores esenciales el compromiso con «la mejor y más reciente evidencia científica disponible incluyendo los últimos informes del IPCC».

Objetivos ligeramente más ambiciosos

De cara a lograr la neutralidad climática en España, a más tardar en 2050, se ha ampliado la ambición en el primer objetivo antes de 2030: el compromiso pasa del recorte del 20% de las emisiones, con respecto a los valores de 1990, a un 23%. Este impulso a la ambición también se extiende a los objetivos energéticos. En el nuevo texto, la penetración de las renovables para 2030 pasa del 70 al 74%, tratando además de lograr que el consumo final global de energía (que recoge el impacto de sectores como la industria o la movilidad…) sea renovable en un 42% en los próximos nueve años. En el texto inicial, el objetivo se marcaba en un 35%.

Digitalización como gran aliado de la transición ecológica

En un afán por coordinar el proyecto español con el plan de reconstrucción de la Unión Europea, se ha incluido un artículo que profundiza en las oportunidades de la digitalización como gran catalizador para la descarbonización. De esta forma, la Ley de Cambio Climático pretende construir un marco más atractivo para la recepción de fondos europeos casando los dos vectores requisito para la regeneración económica marcados por la UE: digitalización y transición ecológica.

Rehabilitación energética para recortar emisiones y generar empleo

Tras los meses de debate, también se ha acordado potenciar el peso de la rehabilitación energética con la creación de nuevos artículos específicos en el texto, entendiendo que este sector es «uno de los mayores yacimientos de empleo y, además, puede generar importantes reducciones en las emisiones de CO₂», según explica López de Uralde.

Adiós a los hidrocarburos, y también al uranio

Si en el primer texto ya se negaba la tramitación de nuevas concesiones a la explotación de yacimientos de hidrocarburos, la nueva versión también sacará a los materiales radioactivos –principalmente, el uranio– de la ecuación energética. No se tramitarán nuevas solicitudes de permisos de exploración, investigación o concesiones directas a la explotación de este tipo de elementos. Según explica el presidente de la comisión, el corte radical al crecimiento y proliferación de estas fuentes energéticas se sustenta en una de las ideas principales de la ley: convertir a España en un país exclusivamente dependiente de fuentes de energía renovables.

Impulso al poder regenerativo de la naturaleza

Frente a la explotación minera de materiales contaminantes, el proyecto de ley pretende resignificar el valor de los suelos y mares para ampliar el poder regenerativo de los ecosistemas. El nuevo texto menciona específicamente la importancia política, no solo de proteger los bosques y océanos, principales sumideros naturales de carbono y fuentes de biodiversidad, sino de favorecer el aumento de su capacidad de absorción.

Por otra parte, también se ha querido hacer hincapié en la conexión entre alimentación y cambio climático, añadiendo un compromiso explícito por la promoción de dietas respetuosas que no contribuyan –en la medida de lo posible– a la degradación medioambiental.

Cambio climático, una amenaza para la salud

Reconociendo el vínculo entre la degradación medioambiental y el aumento de los riesgos para la salud pública, como la proliferación de nuevas enfermedades zoonóticas (las que se transmiten de animales a humanos), la comisión ha incluido una mención específica a la salud para fomentar una transición ecológica también con criterios sanitarios.

A estas modificaciones asumidas por la Comisión Transición Ecológica y Reto Demográfico en el nuevo texto del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, López de Uralde ha subrayado tres nuevos compromisos que se abrirán con esta norma: una ley de movilidad sostenible, el impulso al ferrocarril y la revisión del sistema energético. Con esto, también se plantea la  contundente voluntad de agregar al texto el compromiso de revisar los objetivos de descarbonización para el año 2023. De esta forma, la aprobación de la ley consolidaría de una de las bases más importantes en el camino hacia la transición climática y energética, pero, sobre ella, todavía habría que aprender a caminar.