La Unesco advierte: tenemos un año para recuperar Doñana

Los diferentes ecosistemas del Parque Nacional de Doñana albergan más de 1.500 géneros de plantas y 2.000 especies animales, y es uno de los últimos reductos para el lince ibérico, la especie de felino más amenazada del mundo. Pero no solo es un refugio de incalculable valor. El parque también proporciona servicios ecosistémicos como la pesca, el suministro de agua potable, el control del clima y de las inundaciones y la protección de la costa, a la vez que actúa como un sumidero neto de carbono, contribuyendo a mitigar los efectos del cambio climático. Todo ello sin contar la actividad socioeconómica que genera: el valor del turismo de playa, cultura y naturaleza se estima en unos 74 millones de euros anuales y el sector da empleo a casi 50.000 personas.

La UNESCO advierte que podría incluir a Doñana en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro

A pesar de los beneficios tanto económicos como medioambientales derivados de la buena gestión de Doñana, las actividades industriales llevan años menoscabando sus recursos. Las modificaciones artificiales de los ríos Guadiamar y Guadalquivir que se han llevado a cabo en las últimas tres décadas han reducido los humedales a menos del 20% de su nivel natural, efecto agravado por la agricultura intensiva ilegal.

Estas explotaciones son triplemente perjudiciales puesto que, además de pertenecer a la economía sumergida, utilizan de forma descontrolada las aguas extraídas de un acuífero subterráneo y liberan plaguicidas que contaminan tanto éste como los humedales de la superficie. Como consecuencia de estas prácticas, los pocos aportes de agua que quedan en Doñana están altamente contaminados. Un efecto dominó que repercute en la cantidad y calidad de materias primas como pescado, fresas y bayas.

¿Qué están haciendo los Gobiernos?

Las autoridades españolas diseñaron un plan de ordenación territorial en 2014 para hacer frente a estos problemas que conllevaría el cierre de más de 3.000 hectáreas de cultivos ilegales. Fue aprobado en diciembre de 2014, pero todavía no se ha puesto en marcha adecuadamente.

Más bien, al contrario: la Autoridad del Puerto de Sevilla, ciudad situada aguas arriba de Doñana, presentó planes para aumentar la profundidad del río Guadalquivir a lo largo de 90 kilómetros. El dragado del río, que dañaría seriamente la vida animal y vegetal del mismo, según la Autoridad Portuaria, facilitaría un mayor acceso de grandes barcos de carga y cruceros al puerto. Sevilla incluso solicitó fondos europeos para apoyar este proyecto.

No pareciendo suficiente esta explotación continua de Doñana, en febrero de 2015 la Junta de Andalucía otorgó permiso a la multinacional mexicana Grupo México para reabrir la mina de Aznalcóllar-Los Frailes, cerrada en 1998 tras la explosión de una balsa que retenía residuos del proceso de extracción. El vertido liberó cinco millones de metros cúbicos, equivalente a 2.000 piscinas olímpicas, de lodos tóxicos y de agua ácida en el río Guadiamar, que fluyeron aguas abajo hasta los límites del parque de Doñana. El derrame provocó  la muerte de 30.000 kilogramos de peces y el desembolso de 380 millones de euros.

Una petición unánime

Productores locales y empresas europeas que comercializan productos agrícolas de Doñana han expresado en repetidas ocasiones su grave preocupación por la producción no sostenible en la región y han solicitado a los gobiernos andaluz y español que adopten medidas para mejorar la gobernanza del agua, aplicar y hacer cumplir las leyes, y adoptar prácticas de gestiones del agua sostenibles y eficientes.

El Parque está ocupado por 3.000 hectáreas de cultivos ilegales

Un requerimiento que alcanza cotas internacionales. Ya en 1982, Ramsar incuyó el humedal en la lista Montreux de sitios donde se han producido cambios ecológicos negativos como resultado de la interferencia humana. Pero a la vista de que la situación no ha hecho más que empeorar, la Comisión Europea inició en abril de 2016 un procedimiento de infracción contra el Gobierno español y podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por su parte, el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha advertido que incluirá a Doñana en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro si el 1 de febrero de 2018, fecha en la que pide un nuevo informe, España no ha iniciado «medidas urgentes para mejorar la situación del acuífero de Doñana».

La presión social, medioambiental y económica es cada vez mayor. Aprovechando el Día Europeo de los Parques Naturales (24 de mayo), la organización ecologista WWF potencia su campaña internacional para concienciar a la sociedad civil e instar al Gobierno a que salve Doñana. Como primer paso, solicitan del cierre innegociable de los pozos ilegales y la paralización de los planes de dragado y extracción de gas. Sostienen que hay una obsesión por los beneficios a corto plazo y que las inversiones deben tener una mirada más amplia, impulsando la agricultura sostenible, el turismo y la pesca.

Los actores implicados y la ciudadanía en su conjunto siguen su lucha para que la formulación de políticas ambientales incluya una gobernanza representativa y la consulta periódica a los grupos de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y expertos técnicos. La gestión de nuestros recursos es asunto de todos.

Firma para salvar Doñana.