¿Tendría sentido ponerle impuestos a la naturaleza?

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Esther Peñas

Los recursos naturales están distribuidos de manera arbitraria en el planeta. Hay zonas en las que su abundancia genera excedentes que no se comparten, se venden. ¿Qué ocurriría si un modesto impuesto gravara el uso de esos recursos para tratar de compensar la desigualdad entre los países que los poseen y aquellos que no pueden adquirirlos? ¿Conseguiría este tributo atemperar el cambio climático y mitigar la pobreza mundial?

Tres de los filósofos más reputados del panorama internacional proponen un reforma fiscal verde que garantice una verdadera justicia social. Thomas Pogge, director del ‘Programa de Justicia Global’ de la Universidad de Yale; Hillel Steiner, profesor emérito de ‘Filosofía política’ de la Universidad de Manchester y Paula Casal, profesora de ‘Filosofía moral y política’ de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Sus propuestas quedan recogidas en el libro Un reparto más justo del planeta (Editorial Trotta).

Por lo general, ya existen tasas nacionales sobre los recursos naturales, pero suelen rondar el 1% (para que se sitúen: los impuestos sobre el trabajo pueden llegar al 50%, incluso sin contar los pagos a la seguridad social). «Queremos que la gente no contamine; sin embargo, en España, por ejemplo, el gobierno de Rajoy ha bajado los impuestos medioambientales. Que yo sepa, ningún académico internacional tiene objeciones a las tasas globales sobre el uso de los recursos naturales. Y los sondeos de opinión pública indican que los impuestos ecológicos están entre los que cuentan con mayor aceptación», nos explica la propia Casal.

Es cierto que hay consenso por lo que respecta a las tasas globales, pero también divergencias en cuanto al modo de aplicarlas. Mientras que Pogge –y muchos otros filósofos y economistas– plantea gravar el uso de los recursos naturales, Steiner –en representación de tantos otros– propone gravar su propiedad. En el primer caso, se pagaría por un recurso si se usa, transforma o consume (el combustible, por ejemplo). En el segundo, se pagaría incluso si ese recurso se mantiene intacto, mientras se controle y se impida que otros lo disfruten.

Casal incorpora las dos variables en un único impuesto, uso y propiedad, porque «a veces, lo perjudicial es el uso, como en el caso del petróleo, y a veces, la propiedad. Por ejemplo, monopolizar el acceso al mar aumenta los vuelos y la pobreza de los países costeros; impedir que los campesinos usen amplios terrenos agrícolas les obliga a emigrar o sobre-explotar las tierras que quedan; impedir la instalación de fuentes de energía limpias en zonas que uno controla, aumenta nuestra dependencia de las energías sucias, etc.».

Asimismo, este impuesto mixto solventaría el problema añadido de que no siempre es fácil distinguir la propiedad y el uso, entre otras cosas, porque algo puede ser usado sin ser modificado.

Vayamos a lo concreto. En el caso del petróleo, Pogge habla de unos tres dólares impositivos por barril, de modo que  podría subirse y/o aplicarse a otros recursos finitos y contaminantes. «Cuando el precio del petróleo cayese de 100 a 30 dólares el barril (como en 2009 o ahora), 3 dólares representan un alto porcentaje que previene el derroche cuando algo baja mucho. Cuando vuelve a estar caro, un incremento proporcionalmente menor en un precio ya alto puede tener un efecto comparable», especifica Casal.

¿Cómo gravar las cataratas del Niágara?

En el supuesto del petróleo la cuestión se simplifica porque se trata de un bien de alguna manera cuantificable, pero delimitar el uso de ciertos recursos naturales puede resultar enormemente complejo. Disfrutar de las Cataratas del Niágara, ¿podría considerarse un uso gravable? «En el caso de Niágara, los países circundantes han optado por compartir esta gran fuente de ingresos turísticos e hidroeléctricos. Pero hay otros casos en los que solo un país monopoliza las maravillas de la naturaleza. Es más urgente reducir las emisiones contaminantes que repartir las vistas, pero cuando hay cataratas, generalmente hay una opción hidroeléctrica, que reduciría las emisiones; y cuando el cauce no tiene desniveles y es navegable, compartir los ríos, con hidrovías internacionales, puede también reducir las emisiones».

Sin embargo, hay quien considera que gravar este tipo de recursos aumentaría la desigualdad, en tanto que ‘los ricos’ no disminuirían sus ‘compras’ mientras que lo que tienen menos recursos económicos, sí. A este respecto el acuerdo es unánime: el peligro no es tanto que los pobres disminuyan sus ‘compras’, sino que, como gastan todo su salario en recursos naturales (electricidad, gas, agua y alimentos), la tasa recaería sobre todo su sueldo, pero sólo sobre una pequeña parte del sueldo del rico. Pero, en algunos casos, ya se ha calculado que no aumentaría la desigualdad, y en los que sí pudiera hacerlo «hay muchas formas de evitarlo, por ejemplo, aplicando un porcentaje proporcional al consumo».

Organismo internacional de distribución

Suponiendo que se alcanzara un acuerdo internacional para gravar los recursos naturales, ¿quién y cómo gestionaría la redistribución de lo recaudado? Pogge, Steiner y Casal consideran que la mejor solución sería crear una agencia internacional, que colaborase con sus filiales nacionales para lograr el objetivo que se hubiese acordado, ya sea erradicar la pobreza, garantizar un ingreso mínimo, reducir otros impuestos o hacer mejoras medioambientales.

En cualquier caso, no se podrá hablar de paz social sin que exista una justicia social, pero muchos y feroces son los obstáculos para que una y otra realidad se materialice. «El egoísmo individual, el egoísmo colectivo -es decir, el tribalismo y el nacionalismo-, que determinan los planes oficiales, y también la corrupción, que hace que ni los modestos planes oficiales se cumplan», concluye Casal, convencida de que la aplicación de más tasas ecológicas, de carácter nacional o internacional, es solo cuestión de tiempo.