La política exterior española se olvida de los derechos humanos

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Carmen Gómez-Cotta

@GomezCotta

Hace  casi tres años que la ONG Amnistía Internacional redactó su último informe sobre política exterior y derechos humanos. Un texto en el que se recogían una serie de propuestas concretas que la organización recomendaba, tanto al Gobierno como a los grupos parlamentarios, incluir en su Agenda de Derechos Humanos.

Tres años después, la ONG ha sometido a revisión las actuaciones del Gobierno durante este tiempo –desde junio de 2008 hasta diciembre de 2010- y el resultado ha sido ‘Voces contra el olvido’, un texto que recoge sus conclusiones respecto al grado de cumplimiento de las recomendaciones que se hicieron.

El resultado, nada alentador. La principal conclusión es que los Derechos Humanos “siguen sin estar en la primera línea de la política exterior de España”, según se extrae del documento. Siguen estando por delante intereses de otro tipo, como los energéticos o de seguridad, que se defienden con más fuerza.

El Sáhara Occidental es una de las zonas “donde el gobierno español ha tenido una tímida actuación, guardando silencio o incluso mirando hacia otro lado ante las violaciones de derechos humanos”.

Unos intereses que se ven especialmente en las relaciones bilaterales de España con China, Guinea Ecuatorial o el Sáhara Occidental, “donde el gobierno español ha tenido una tímida actuación, guardando silencio o incluso mirando hacia otro lado ante las violaciones de derechos humanos”.

Pese a reconocer que el Gobierno español ha dado algunos pasos importantes –como aprobar un Plan Nacional de Derechos Humanos-, aún queda mucho por hacer hasta conseguir que el tema suscite el interés nacional necesario para poner en marcha políticas activas.

Porque el fin último de Amnistía Internacional es “hacer de los Derechos Humanos un objetivo firme, transversal y visible en la política exterior española” y que entren a formar parte de los programas electorales de los partidos políticos, de cara a las próximas elecciones generales.

“La defensa y promoción de los derechos humanos deben constituir una prioridad en las relaciones internacionales de los Estados. Los gobiernos no pueden supeditar los Derechos Humanos a otros intereses en sus relaciones con países donde se cometen abusos graves contra las personas”, demandan desde la ONG.

Por eso, proponen recomendaciones generales, como una postura firme del Gobierno ante las víctimas de abusos contra los Derechos Humanos o un apoyo proactivo en los casos de condenas a muerte. Y particulares, a nivel de relaciones bilaterales, destacando el requerimiento al Ejecutivo español de pedir a las autoridades chinas la liberación de los defensores de estos Derechos encarcelados injustamente.