La directiva Ómnibus y sus ausentes

Por motivos de trabajo, hace un par de años tuve la oportunidad de reunirme en una cafetería de la calle de Príncipe de Vergara en Madrid con miembros de Anti-slavery, la ONG más antigua del mundo, con 200 años de vida y que ya luchó contra la esclavitud en Estados Unidos en el siglo XIX. Éramos seis personas y una de ellas, perteneciente a la ONG, de unos 35 años, nos contó que había sido niño esclavo en los campos de algodón de Turkmenistán, que había conseguido huir con su familia a Reino Unido y que ahora trabajaba por la abolición de esa lacra desde su refugio londinense. Nos contó también cómo ese algodón cultivado con mano esclava se vende a Turquía, donde, por decirlo de alguna manera se «blanquea» desde el punto de vista ético, e India lo compra y lo utiliza ya en procesos fabriles «limpios» para producir las prendas que consumimos en Occidente. Conversamos sobre la directiva de diligencia debida de la UE.

Esta directiva de diligencia debida obligaría a las empresas a la identificación, mitigación, eliminación y remediación de los efectos adversos medioambientales y en derechos humanos de su cadena de valor, con compromisos claros y penalizaciones acordes con su incumplimiento. Después de cuatro años de negociación, el Parlamento y el Consejo de la UE dieron luz verde a su aprobación en julio de 2024. Pero la historia no acabaría ahí. Con un nuevo Parlamento después de las últimas elecciones europeas y las críticas a la carga burocrática de las empresas sobre todo provenientes del Informe Draghi, la Comisión abrió la posibilidad de una revisión con la disculpa de la simplificación regulatoria y aprobó la directiva Ómnibus el 26 de febrero de 2025 reduciendo significativamente las obligaciones de la directiva y estableciendo tiempos más relajados para su aplicación.

Este proceso de revisión sigue su curso en el momento de finalizar este artículo. Hasta ese momento nunca se había abierto una revisión retrospectiva de normativa ya aprobada por el Parlamento y el Consejo, excepto con la prohibición del motor de combustión en 2035. La directiva Ómnibus ha propuesto modificaciones diversas, entre las cuales están que las responsabilidades de las empresas se reduzcan a las relaciones comerciales directas, –no toda la cadena de valor– a la eliminación de la responsabilidad civil europea y a que, entre otras modificaciones, el sistema de diligencia debida tenga que revisarse cada cinco años y no cada año. También que el umbral de empleados de las empresas a las que afecte, cambie de los 500 iniciales a los 3.000 o incluso 5.000 como se está proponiendo ahora. En el momento de finalización de este artículo el recién elegido canciller Merz y el presidente Macron acaban de proponer la eliminación total de la directiva. Lo acontecido con esta directiva es un buen ejemplo del mito de Sísifo.

Volviendo a nuestra reunión con Anti Slavery, mi apreciado colega de Turkmenistán se mostraba esperanzado porque el hecho de que la directiva se aplicara a toda la cadena de valor en todos sus eslabones y no solo a los socios comerciales directos abría la posibilidad de que se abordara por parte de las empresas occidentales el trabajo esclavo en su país.

En su número del 19 de abril de 2024, The Economist, en un artículo titulado «Pesca ilegal–Esclavitud en el Mar», describía las condiciones de trabajo en la flota de larga distancia china con trabajadores mozambiqueños, indonesios y filipinos. Afirmaba el artículo que se les retira el pasaporte, duermen en el suelo, hacen sus necesidades por la borda, no tienen días de descanso y pueden pasar años hasta que vuelven a sus hogares. Algunos se suicidan. Algunas fuentes afirman que cuando enferman y dejan de ser productivos, los arrojan al mar, pero esto no lo reflejaba el artículo de The Economist y hay que analizarlo con la sombra de la duda.

Otro artículo de Expansión titulado «Bélgica Investiga a Apple por los minerales de sangre del Congo» se recogía como Apple seguía poniendo coltán en sus smartphones que proviene de minas de República Democrática del Congo en las que es sabido desde hace muchos años que se cometen graves violaciones de derechos humanos, las condiciones de salud y seguridad son inexistentes y las muertes frecuentes. El coltán, junto con los denominados minerales de conflicto y el oro son uno de los materiales que ofrece ese país. Estos minerales de conflicto, también conocidos como 3TG. Lo que ocurre ahora con los 3TG y el coltán en la República Democrática del Congo ya sucedió en los primeros años del siglo XX con el caucho, cuya explotación para surtir las fábricas de neumáticos de la naciente industria del automóvil, a cargo de las empresas del rey Leopoldo II de Bélgica, estuvo rodeada de atrocidades tan bien recogidas en la novela de Joseph Conrad El corazón de las tinieblas. También Mario Vargas Llosa abordó con detalle el tema en su recomendable novela El sueño del celta.

Ni The Economist ni Financial Times son precisamente medios antisistema y suelen ser considerados mensajeros rigurosos de las democracias y el liberalismo por su credibilidad.

No estoy desvelando nada nuevo para la mayoría de los profesionales de la sostenibilidad, porque el tema de las cadenas de suministro es conocido. Lleva años en nuestras conciencias y en nuestras agendas. Los avances han sido significativos, pero lejos de lo deseable. Son muchos los ejemplos posibles, y si traigo aquí estas muestras, escasas pero terribles, es porque al ver las reacciones a la directiva Ómnibus de la UE para la simplificación de la directiva de diligencia debida, entre otra normativa, reacciones unas a favor y otras en contra, hay un vacío y un silencio atronador: el de las propias víctimas, los grandes ausentes. Por la frialdad de los argumentos y de las propuestas de cambio, pareciera que estuviéramos debatiendo el último plan urbanístico, o acerca de una nueva reforma del sistema fiscal, antes que de realidades humanas muy duras de personas para las que las consecuencias de nuestro sistema son brutales. Es el vacío que siento cuando al dar cursos sobre sostenibilidad, algunos de los asistentes, los más sinceros, me dicen que pensar así es buenismo. Les contesto que lo que nosotros calificamos de buenismo, para las víctimas representa una verdadera ventana de esperanza y justicia.

Como decíamos, las modificaciones que se proponen en la directiva han eliminado, entre otras, las obligaciones de las empresas más allá del nivel 1 (relación comercial directa), aunque se regula la posibilidad de abordar riesgos especiales más allá de este nivel 1 si hay «información plausible». Esta eliminación es un torpedo a las esperanzas de millones de personas. Es cierto que los ausentes, como les hemos llamado en este artículo, están representados por asociaciones, ONGs y personas comprometidas, pero lo llamativo en este debate ha sido la ausencia del análisis de las consecuencias de un cambio tan radical en la normativa que afecta a personas con nombre y apellidos.

Sí, ya hemos oído suficientemente que en el otro lado de la balanza está la competitividad. Lo que me sugiere esa disyuntiva entre competitividad y derechos humanos tiene varios niveles de análisis. Uno de ellos es que ambos son aspectos que no están reñidos y que la identificación de riesgos en derechos humanos fortalece la seguridad en las cadenas de las compañías y evita problemas reputacionales. Pero quiero pensar que, para directivos y empresarios, que destacan por su valentía y criterio, no son suficientes estas razones de índole pragmático y utilitarista y que acogerán mejor y con más dignidad razones de orden moral. Quiero pensar también que cuando entran en sus empresas no dejan colgado el abrigo de su condición de seres humanos en el perchero.

Hay numerosas empresas que han aplicado prácticas como las que establece la directiva de diligencia debida y aún más exigentes y son ejemplo de competitividad

Además, y para tranquilidad de los preocupados por la competitividad –a todos nos preocupa como pilar del sistema de bienestar social– he de decir que hay numerosas empresas que han aplicado prácticas como las que establece la directiva de diligencia debida y aún más exigentes y son ejemplo de competitividad. Quizás una buena gestión con excelentes resultados financieros no se contradice con la preocupación por los derechos humanos y el medioambiente, sino que ambos, resultados financieros y respeto por ambos aspectos, mantienen una correlación positiva, porque son consecuencia de una variable superior como es una buena gestión de un buen equipo de directivos.

Aun así, a los que se debaten entre dar prioridad a la competitividad o a los derechos humanos, sean creyentes o no creyentes, los animaría a la lectura de pasajes de la Biblia inscritos en la conciencia colectiva, como el de Éxodo 32:4-6 cuando Aarón moldeó el becerro de oro para ser adorado. Curiosamente, un cristiano occidental puede ir a su iglesia y rezar ante una custodia hecha con oro de la República Democrática del Congo extraído con violaciones de derechos humanos; llegar en un coche cuya pintura contiene mica, un mineral que se extrae en India con trabajo infantil; llevar un smartphone que contiene coltán, también de la República Democrática del Congo, con graves violaciones de derechos humanos; vestir una camisa hecha con algodón cultivado con trabajo esclavo en Turkmenistán y un pantalón tintado en China en fábricas que contaminan acuíferos. Y con todo ello, rezar por su salvación.

En otro plano, «ser indiferente a los efectos nocivos de explotación de sus acciones sobre los demás» es uno de los siete criterios, de los que deben cumplirse al menos tres, que el manual DSM-V de la American Psychiatric Association–APA y el Merck Manual Diagnosis and Therapy (MDS) utiliza para definir el trastorno de conducta antisocial. No nos aplica, porque todos solemos ser buenas personas, lo que sucede es que formamos parte de un sistema que no da voz a los ausentes, los hace invisibles, no los vemos y en consecuencia proponemos decisiones ciegas a sus sufrimientos.

Formamos parte de un sistema que no da voz a los ausentes, los hace invisibles

Desde el profundo afecto que tengo por mis colegas, los profesionales de la sostenibilidad, he de decir que se echa en falta una posición más clara, incluidos los consultores. He asistido a paneles, webinars, eventos y conferencias y en todas ellas se hace una descripción fría, técnica, desapasionada y neutra de las modificaciones que se quiere introducir en la normativa europea, sin un atisbo de protesta o llamamiento a evitar esas modificaciones, ni de análisis sincero de sus implicaciones. Pareciera a veces que en vez de cambiar el mundo lo estamos apuntalando y que hay algo de «brazos caídos» frente a la ilusión y compromiso de hace años. Querer llegar al comité de dirección es un objetivo loable, si bien no debiera distraernos de nuestra misión principal, pagando un precio que es difícil de recuperar cuando has llegado.

Europa está en una disyuntiva muy importante para el futuro, su futuro y el de muchas personas, porque se ha constituido en un referente moral en estas materias, a través de la regulación tan criticada últimamente. Europa no debe perder su identidad, porque cuando renunciamos a lo que somos y defendemos, la debilidad se adueña de nosotros y aparentando ser realistas y prácticos, perdemos nuestro lugar en el mundo. La ventaja competitiva también es esto. Es parte del soft power de Europa. Las tan aludidas raíces cristianas de Europa debieran ser más que palabras e implicar compromisos reales.

Quien quiera hacer una lectura política de este artículo se equivoca totalmente. Es simplemente humanismo. Ingenuo, pero humanismo, al fin y al cabo. Quizás todo humanismo es ingenuo, pero con los años de perspectiva creo que vamos avanzando a pesar de los meandros en el camino.