Claudia Montes

El año pasado, según el reporte anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se identificaron a nivel global 133.943 víctimas de trata de personas, pero la cifra es solo un estimado por el subregistro de un delito poco denunciado. Claudia Montes, cofundadora del Movimiento de Valientes Latinoamérica y superviviente de trata de personas en Honduras, comenta las dificultades para denunciar este delito y los fallos en su judicialización y en la atención integral a las víctimas.

---

¿Por qué se habla de la trata de personas como un delito ‘anónimo’?

Todo este tipo de delitos sabemos que pasan pero no son denunciados. Es algo visto por la población en su comunidad, pero nadie se atreve a hablar y esto es justamente parte de un patrón de desligación del Estado de sus responsabilidades, porque si los Estados tuvieran los mecanismos de justicia, denuncia y penalización para estos casos, la población no tendría miedo, las víctimas y sobrevivientes no tendríamos miedo a denunciar si el Estado nos garantizara esos procesos con sensibilidad, empatía, humanidad y justicia; y con salvaguarda no solamente para nosotras como víctimas, sino para la familia y también el restablecimiento comunitario, porque de forma indirecta las comunidades también son afectadas por esta problemática.

Los códigos penales criminalizan estos delitos, pero el problema persiste, ¿hay un problema de leyes o de aplicación de las mismas?

Hay que ver si las condenas que ponen los códigos penales realmente les dan justicia a las supervivientes, si la investigación es hecha por autoridades que tengan capacitación, sensibilización y que sí vayan a trabajarlo de una manera libre de corrupción y cuyo fin y prioridad máxima sea el restablecimiento del derecho de las víctimas. Otro tema es que los Estados no tienen las herramientas o presupuestos para darles seguimiento y cumplir esas leyes. El papel puede con todo, así pasa en Honduras, tenemos un marco normativo enorme, pero lo que se aplica es muy poco. Hay países que firman tratados internacionales pero no acomodan su sistema nacional, si a eso le sumamos la falta de presupuesto, la falta de interés, la falta de personal capacitado, todo queda varado y todo ese sistema internacional y nacional, que muchas veces es muy bonito en papel, no nos funciona y no nos protege.

¿Las sociedades han normalizado este delito?

En parte hay normalización, por ejemplo de la trata con línea de explotación laboral, y también tenemos los prostíbulos clandestinos, estos bares que los llaman table dance, que son lugares donde las mujeres bailan, hay mucho detrás de ellas que la población lo sabe, pero que no denuncia porque quiere estar ahí.

En el caso de las víctimas, ¿por qué no denuncian?

No es lo mismo denunciar un robo que algo tan complejo como la trata, que nunca sabes qué tipo de agresores y qué red es la que está detrás, qué tan poderosa es, cuánto daño te puede hacer, que quizás ellos tienen todo el conocimiento de quiénes son mis padres, si tengo familia, hijos… No se sabe la magnitud que puede tener esa red en el control de la vida de la víctima ni toda la manipulación psicológica que puede ejercer y que pueden llevar a que la víctima lo normalice y se quede ahí. Y desde mi perspectiva como sobreviviente puedo decir que da mucho miedo autoidentificarte como víctima y tomar el valor para denunciar. Aparte está el factor de la estigmatización, de discriminación porque todo mi barrio va a saber que yo fui víctima de esto y por desgracia eso va de la mano con el cierre de oportunidades.

«No es lo mismo denunciar un robo que algo tan complejo como la trata»

¿Por qué es tan difícil autorreconocerse como víctima en estos casos?

El identificarte como víctima trae mucho dolor y mucha carga emocional, por eso es que muchos supervivientes toman la decisión de suicidarse, muchos como yo, que perdí la cuenta de cuántos intentos tuve desde la niñez… Cuesta mucho verse desde el dolor y estar sola en ese dolor, y es por eso que no deberíamos los supervivientes hacerlo en soledad, deberíamos de hacerlo de forma acompañada por el Estado, porque es increíble que una superviviente tenga que trabajar y ahorrar para pagar su terapia psicológica, su medicamento psiquiátrico, su ginecólogo…

¿Qué se requeriría para que no hagan ese proceso a solas?

Que el Estado invierta en salud para víctimas y para la población en general, la salud mental siempre queda al final de todos los procesos, al final de todos los presupuestos. También es necesario capacitar al personal en primeros auxilios psicológicos para no causarle un daño más a la víctima que viene a denunciar. También enseñar salud mental y gestión de emociones desde las escuelas porque así creas herramientas cada vez más nucleares en un problema que puede ser comunitario o nacional.

¿Qué tanto influye la poca efectividad de las autoridades para no denunciar?

La desconfianza que existe hacia las autoridades es enorme y una víctima puede pensar ‘¿cuál es la seguridad de que yo al momento de denunciar mi caso realmente vaya a tener una condena?’. Además, la persona que denuncia se expone porque puede haber una filtración de los datos, se han visto muchos casos en los que la persona no ha terminado ni siquiera de firmar la denuncia y el agresor ya sabe que lo denunciaron y la está esperando en su barrio, en su casa, para agredirla o para amenazarla.

¿Son las denuncias la única forma de que un Estado enfrente este problema?

Las denuncias deben dejar de verse como números para el Estado, son vidas, son personas, son familias que se dañan, son sueños de las víctimas truncados, son planes de vida pausados y con un caso que suceda eso ya es un problema estatal y deben tomarse cartas en el asunto. No es necesario que los Estados asuman las prioridades basados en la cantidad de denuncias que reciben, un solo caso que sucede es un caso que se debe de trabajar desde la prevención hasta la judicialización del delito.

«Es necesario capacitar al personal en primeros auxilios psicológicos para no causarle un daño más a la víctima que viene a denunciar»

¿Cree que los Estados ven este delito como si fuera de ‘segunda categoría’ frente a otros problemas de seguridad más visibles como por ejemplo el narcotráfico?

Creo que generalmente los temas más visibles son los que más les interesan, pero en estas problemáticas que suceden en el anonimato, que suceden basadas en el silencio de las víctimas, como no causa tanta visibilidad social en el exterior, pierden el interés y merman presupuestos o protocolos. Entre más visible el problema, el Estado se enfatiza ahí, pero olvidamos todo lo que sucede a oscuras, todo lo que sucede en el anonimato que muchas veces oculta algo más grande de lo que pueden demostrar las estadísticas.

Habló de la falta de atención integral a víctimas, ¿este es un problema de toda la región?

Creo que en Latinoamérica, en toda la región, sucede un mismo patrón: el Estado se desliga de la obligación de garantizar seguridad, justicia, sanidad y sobre todo prevención, porque estos casos no deberían de pasar. El Estado se desliga de su obligación excusado en la falta de presupuestos, en la falta de personal o porque simplemente no es su prioridad y se pierde el énfasis en un problema que es tan normalizado pero tan invisibilizado.

¿Parte de la atención integral es dar apoyo económico? Por ejemplo, hay casos en los que el agresor es el proveedor económico de la víctima, ¿a qué se exponen las víctimas al denunciar?

En mi caso se trataba de violación incestuosa y de comercio sexual infantil por parte de mi progenitor, que era el único ente económico en la casa y todo sucedió al frente de una estación policial durante 4 años, de mis 6 a mis 10 años de edad. ¿Qué pasa cuando el agresor es el proveedor y se denuncia? En mi caso, mi hermana, mi madre y yo quedamos básicamente en situación de calle hasta que mi madre logró medio conseguir un empleo. El contexto es tan difícil porque los agresores buscan a víctimas que no se puedan autosostener, que no tengan las herramientas para salir adelante, eso es un factor de pobreza.

Cuenta que su caso sucedió frente a una estación de policía, ¿cree que a veces las autoridades tienen la misma ‘ceguera’ que la sociedad?

En mi caso no fue tan solo ceguera, fue también un factor monetario porque mi progenitor era una persona influyente en el municipio. Ellos escuchaban gritos no solamente de dos niñas, sino de la madre, veían moretones, veían las cantidades industriales de alcohol metidas a esa casa… Ignoraron todo eso por el factor económico, eso juega un papel importante en el silencio de las autoridades. Entre más posición social tiene el agresor es más difícil que las autoridades hagan su trabajo y que las supervivientes nos atrevamos a denunciar porque es mi palabra contra la de un referente comunitario.

En este tipo de delitos, ¿cómo se puede reparar a las víctimas?

Creo que lo primero es acompañar para que la víctima pueda reivindicar su historia. Aunque no se borre el dolor, que la víctima pueda reconocerse como una superviviente y pueda decir: ‘Sí, eso me pasó, es una cicatriz que no la voy a olvidar, pero puedo hacer algo más’. En mi caso, decidí dedicarme a defender derechos humanos, tengo compañeras y compañeros en Honduras que lo que han hecho con su sobrevivencia es dedicarse al arte, dedicarse a ser madres conscientes que no van a permitir que sus hijos pasen por violencia sexual. Acompañar esos planes de vida es lo más cercano al restablecimiento. Todo esto hecho con empatía, salud mental, con apertura de oportunidades para poder realizar su vida dignamente y libre de discriminación y estigmatización por haber sido víctimas.

¿Cómo se pueden hacer mejores políticas para enfrentar este problema?

Garantizando la presencia y representatividad diversa de las sobrevivientes, esto puede garantizar que las políticas, presupuestos y protocolos realmente se adecuen a las necesidades. Si las campañas y proyectos van revisados por personas que tuvieron que atravesar esto en carne propia, eso les da una visión realista porque muchas veces en papel se ve todo hermoso, pero la ejecución es muy diferente y no cubre realmente todas las necesidades de las víctimas y supervivientes.

---

Este contenido es parte de un acuerdo de colaboración entre el diario ‘El Tiempo’ y ‘Ethic’. Lea el contenido original aquí.