El ‘vuelva usted mañana’ sanitario
En España, la espera media en atención primaria es de 9 días y para una cita con un especialista, de 96 días. Esto provoca la saturación de urgencias, el agravamiento de las enfermedades y la pérdida de confianza en la sanidad pública.
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Te despiertas con fiebre y dolor de garganta. Entras en la aplicación del servicio de salud de tu comunidad y compruebas que podrían darte cita para dentro de 10 días. Sin embargo, a la mañana siguiente el dolor es insoportable. No quieres contribuir a saturar urgencias por esto, pero sospechas que necesitas antibióticos así que decides ir igualmente. Esperas unas cuantas horas, pero finalmente vuelves para casa con la receta adecuada y una recomendación de que consultes tu médico de familia pasada una semana. Consigues cita, pero el día que la tienes en la aplicación te aparece como anulada. Preguntas en el centro de salud. Tu doctora no está, y no hay nadie que la sustituya. Como te encuentras mejor te olvidas del tema. Unos días después tienes una recaída y vuelves a urgencias. Conviene consultar con un especialista tus infecciones de repetición. Te llaman y confirman cita para 2027. Probablemente te lo tomes con filosofía y pienses que, si fuera cuestión de vida o muerte, te atenderían antes. El problema es que no es un caso aislado, hace parte del «vuelva usted mañana» sanitario. Como consecuencia, los servicios de urgencias colapsan, las enfermedades empeoran, los pacientes crónicos ven menguar su calidad de vida y la mortalidad asciende en los casos más graves.
Según datos del Ministerio de Sanidad, durante el primer trimestre de 2025 el tiempo medio de espera para ver a un especialista era de 96 días (en especialidades como dermatología ascendía a 121 días, mientras que en digestivo era de «solo« 52 días). En cuanto a la demora para una operación quirúrgica, la media se situaba en los 118 días. Estas cifras van variando según las comunidades autónomas: en Andalucía, por ejemplo, el tiempo medio de espera quirúrgica es de 160 días, mientras que en Madrid sería de 49 días. Eso sí, desde la FADSP han denunciado posibles manipulaciones en comunidades autónomas como la de Madrid, donde no se estarían contabilizando a los pacientes que rechazan derivaciones a privados, se estaría computando únicamente desde la consulta con el anestesista o se estarían tratando como usuarios «transitoriamente no programables» a los que no lo son.
En cualquier caso, lo que más llama la atención es la imposibilidad de acudir de forma rápida a los centros de atención primaria. Según el Barómetro Sanitario 2025, solo el 22% de las personas consiguen ser atendidas el mismo día o al día siguiente de solicitar su cita, y un porcentaje similar ha de aguardar más de 11 días. De hecho, la espera media se situó en 9,78 días. Los tiempos de espera se han duplicado en los últimos 15 años, con un empeoramiento drástico tras la pandemia de covid-19.
Los tiempos de espera médica se han duplicado en los últimos 15 años
Y no solo es que haya retrasos, la calidad de la atención también se ve comprometida: los médicos ven entre 40 y 50 pacientes al día, lo que limita el tiempo efectivo de atención a unos 7 minutos por consulta, lejos de los 10-15 minutos recomendados por las sociedades científicas. Además, al haber menos personal, los médicos tienen que realizar acciones que antes derivaban en otros profesionales, con lo que se satura el tiempo clínico. Lo mismo ocurre con el aumento de la burocracia. Por otro lado, la falta de continuidad genera médicos de paso que no conocen al paciente y precisan más tiempo –del que no gozan– para diagnosticar.
Las causas de todo esto son multifactoriales, aunque sin duda la subfinanciación pública es clave. Como no se destinan recursos suficientes para atención primaria, se saturan las derivaciones a especialistas. Y como no se destinan tampoco recursos suficientes a los especialistas, las listas de espera crecen. Además, en España hay una escasez crónica en enfermería, con ratios por debajo de los de la Unión Europea.
A eso hay que sumarle el envejecimiento de la población, las secuelas pospandemia, con retrasos acumulados que no se han conseguido corregir, la descoordinación entre los distintos niveles asistenciales o los protocolos ineficaces (una valoración clínica insuficiente lleva a esperas inadecuadas, las derivaciones a centros privados aumentan los costes…). Todos estos elementos crean un círculo vicioso: las demoras agravan las patologías, saturan urgencias y fomentan el doble aseguramiento público y privado. Organizaciones como la CESM atribuyen este deterioro al hecho de que se han priorizado las privatizaciones sobre la inversión pública.
Mientras tanto, los pacientes son las principales víctimas. Una tardanza excesiva en atención primaria retrasa diagnósticos críticos, donde una detección temprana es la clave para una posible recuperación. En el supuesto de los especialistas, la mitad de los enfermos empeoran mientras están en lista de espera. Y, en el caso de las dolencias más graves, un retraso aumenta el riesgo de muerte (un retraso de 4 semanas en cirugía oncológica elevaría el riesgo de muerte entre un 6 y un 13%). Por no hablar del impacto psicológico en los pacientes y familias: los tiempos de espera largos se correlacionan con mayor ansiedad, depresión o abuso de sustancias.
Además, los retrasos provocan un efecto dominó sobrecargando atención primaria y urgencias. Y tienen una gran repercusión económica, pues se alargan innecesariamente las bajas laborales y se provocan hospitalizaciones que habrían sido evitables. Los pacientes con esperas prolongadas consumen más consultas médicas y más recursos sanitarios a medio plazo, lo que aumenta el gasto total para resolver el mismo problema.
La clave para revertir esta situación, por lo tanto, es clara: inversión pública sostenida. La FADSP propone destinar fondos específicos para atención primaria (un 25% del total de los destinados a sanidad), frenar la privatización, aumentar las camas hospitalarias públicas, ampliar los equipos sanitarios con nuevas profesiones desmedicalizadas y mejorar la coordinación entre Atención Primaria y hospitales. Pero, para ello, lo primero que hace falta es voluntad política, y una apuesta clara por priorizar la inversión en salud frente a otro tipo de gastos.
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