La privacidad del presidente

Artículo

Arantza García

@ArantzaG44

Fotografía original

Ministerio de la Presidencia

Hoy ningún político se presenta a unas elecciones sin antes haber compartido una foto practicando deporte, en el mercado o paseando de la mano de su pareja. Pero cuando los medios o los adversarios tratan de saber más de las partes de su vida que ellos mismos han dejado entrever, aparece la queja porque invaden su intimidad.

El foco de la actualidad está siempre pendiente de cualquier noticia relacionada con presidentes y expresidentes (no siempre para bien en los últimos tiempos). En los medios españoles se ha recordado mucho últimamente el episodio vivido en 2009 por la familia del entonces presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante su visita a la Casa Blanca. La foto de sus hijas, entonces menores, junto a Barack y Michelle Obama terminó circulando por medios de medio mundo pese a que Moncloa había protegido cuidadosamente su anonimato hasta entonces. ¿Debe un presidente asumir que su familia forma parte inevitable del foco mediático?

El rumor sobre una supuesta cardiopatía de Pedro Sánchez volvió a poner el asunto sobre la mesa hace poco. La información, difundida inicialmente por medios digitales, acabó ocupando espacio en el Congreso y en las tertulias televisivas. Sánchez negó públicamente padecer ninguna enfermedad cardiovascular y acusó a los partidos de la oposición de alimentar bulos. Pero ¿no tienen derecho los ciudadanos a conocer el estado de salud de su presidente?

En Estados Unidos existe desde hace décadas una tradición no escrita de que los presidentes publiquen informes médicos periódicos. Ronald Reagan empezó a hacerlo de forma sistemática en los años ochenta, en parte por la preocupación social por su edad. Joe Biden ha vivido bajo un escrutinio constante sobre su capacidad física y cognitiva. Donald Trump, en cambio, convirtió sus chequeos médicos en una pieza más de propaganda política. En Europa, el asunto suele manejarse con mayor opacidad. François Mitterrand ocultó durante años un cáncer mientras gobernaba Francia. Y en España, Adolfo Suárez se fue difuminando de la vida pública sin explicaciones oficiales claras sobre el deterioro de su salud.

La diferencia está en cómo se interpreta el interés público. Una enfermedad que pueda incapacitar a un presidente afecta a la estabilidad institucional y, por tanto, podría justificar más transparencia. Otra cosa es convertir cualquier dato médico, rumor o especulación en munición política. Ahí aparece la frontera de la intimidad.

La legislación española protege especialmente los datos de salud. Jurídicamente, incluso una figura pública mantiene intacto su derecho a la privacidad médica salvo que exista un interés público evidente y proporcionado. El problema es que, en la práctica, la política moderna funciona cada vez menos con criterios jurídicos y más con dinámicas emocionales. El rumor no necesita ser cierto para tener efectos políticos.

Los líderes ya no son solo representantes institucionales: son personajes

La prensa británica lleva décadas llevando esa lógica al extremo. El tabloide The Sun ha construido buena parte de su identidad sobre la vida privada de celebridades, miembros de la familia real y dirigentes políticos. Boris Johnson convivió con filtraciones sobre sus relaciones sentimentales. El laborista John Prescott sufrió una exposición feroz cuando trascendió una aventura extramatrimonial. Incluso Gordon Brown tuvo que soportar titulares sobre la salud de uno de sus hijos. En Reino Unido, la línea entre información y voyeurismo mediático suele ser muy fina.

España, tradicionalmente más contenida, también ha cambiado. La política se ha personalizado. Los líderes ya no son solo representantes institucionales: son personajes. Tienen Instagram, participan en pódcasts, enseñan fragmentos de su vida cotidiana y convierten su intimidad en parte de su relato. Y cuando eso ocurre, el límite se vuelve mucho más difícil de fijar.

Pedro Sánchez ha sido particularmente cuidadoso con la exposición de sus hijas. Durante años, Moncloa blindó casi por completo su presencia pública. Pero el propio presidente también ha utilizado elementos familiares en su comunicación: referencias a conversaciones con sus hijas, imágenes compartidas de forma indirecta o relatos personales incluidos en entrevistas y libros. Ahí aparece una contradicción típica de la política actual. Los dirigentes quieren controlar qué parte de su intimidad se convierte en activo político y cuál permanece protegida. Pero una vez abierta esa puerta, resulta difícil exigir que el resto quede completamente vedado.

Eso mismo ocurrió con Pablo Iglesias e Irene Montero. La compra de su chalet en Galapagar en 2018 desencadenó un fenómeno mediático que desbordó cualquier precedente. Buena parte de aquella cobertura cruzó límites evidentes. Pero también hubo un debate legítimo sobre la contradicción entre el discurso previo de Iglesias contra ciertos privilegios económicos y su nueva situación personal.

Pablo Casado habló en numerosas ocasiones del nacimiento prematuro de su hijo para reforzar sus posiciones sobre el aborto. Albert Rivera utilizó recurrentemente su condición de padre en su discurso público. Incluso dirigentes históricamente más herméticos, como Mariano Rajoy o José María Aznar, acabaron viendo cómo aspectos familiares entraban en la conversación mediática.

Cuando los propios políticos convierten su vida privada en herramienta narrativa, los medios y la opinión pública tienden a considerar que esa dimensión ya forma parte del espacio político. Las campañas modernas explotan constantemente esa cercanía emocional. El candidato aparece cocinando, llevando a sus hijos al colegio, hablando de su pareja o mostrando a su mascota. La intimidad se transforma en autenticidad. Y la autenticidad vende. Pero esa lógica tiene un coste evidente, que es que lo privado deja de ser verdaderamente privado.

La lucha por la atención es la base del ecosistema digital, y en este contexto la privacidad de las figuras públicas se reduce cada vez más

Las redes sociales han radicalizado aún más el fenómeno. Ahora cualquier rumor puede circular millones de veces antes de ser desmentido. El incentivo económico y político favorece la exageración permanente. La lucha por la atención es la base del ecosistema digital, y en este contexto la privacidad de las figuras públicas se reduce cada vez más. Especialmente la de los políticos, porque sobre ellos recae además una exigencia democrática de transparencia.

Pero transparencia no debería equivaler a exposición absoluta. Saber cuánto gana un presidente o qué reuniones mantiene pertenece claramente al interés público. Conocer detalles irrelevantes sobre sus hijos, su matrimonio o su historial médico, no necesariamente. El problema es que esa línea nunca es del todo objetiva. Depende del contexto, de la relevancia política y también del uso que el propio dirigente haga de su intimidad.

Quizá por eso la pregunta que abre este artículo no tiene una respuesta simple. Sí, un presidente tiene derecho a la intimidad. Jurídicamente, el mismo que cualquier ciudadano. Pero también es cierto que ocupa una posición de enorme relevancia pública que convierte determinadas dimensiones personales en asuntos potencialmente relevantes para la ciudadanía. Una democracia sana necesita transparencia institucional, pero no un acceso ilimitado a la vida privada de quienes gobiernan.